El responsable de Estudios de ADICAE, Paco Sanz, ha comparecido en la mañana de martes en la Comisión de Comparecencia de las Cortes de Aragón para demostrar la difícil situación que viven los ahorradores aragoneses, un colectivo cada vez más castigado por la crisis, que supone un tercio del total de familias, y que está sufriendo "maltrato" por parte de las entidades financieras, por las normativas y por organismos reguladores. "El pequeño ahorrador nunca es inversor, son los que tacita a tacita vamos acumulando pequeñas partes de nuestro salario", ha señalado Paco Sanz.

Y, en este sentido, "más del 60% de los que pueden ahorrar lo logran así", a pequeñas porciones, menos de 200 euros mensuales. De esa premisa surge un perfil del ahorrador que se dirige a ADICAE, según Paco Sanz: "mayores de 50 años, entre 15 y 25.000 euros de ahorro acumulado durante años, perfil conservador con una formación básica o muy escasa", que, además, ha sufrido ese maltrato que, en total, ha originado entre 150 y 200 millones de euros perdidos en preferentes, productos tóxicos o acciones de bancos, "que ahora no valen nada. Son ciudadanos forzados a recapitalizar directamente a la banca", afirma Sanz.

Hay que estirar las competencias autonómicas que tenemos, para establecer las figuras de protección a los consumidores que no quieren establecer desde el Estado central

Recuerda Paco Sanz que en Aragón hay unos 8.000 afectados por preferentes, comercializadas por prácticamente todas las entidades con presencia en la Comunidad. Y que, para defender los intereses de ellos, y de todos los consumidores afectados por cualquier irregularidad de sus entidades financieras, "la ley aragonesa puede articular medidas y leyes de protección de los consumidores en el ámbito de ahorro". "Hay que estirar las competencias autonómicas que tenemos, para establecer las figuras de protección a los consumidores que no quieren establecer desde el Estado central".

En primer lugar, es posible poner en marcha una "regulación específica basada en el derecho de información para la comercialización de productos de ahorro, que refuerce lo que ahora no controla la CNMV. Y el Parlamento aragonés puede hacerlo. Por ejemplo", insiste Paco Sanz, "puede controlar las denominaciones de los productos que se comercializan en Aragón, que sean adecuadas a lo que realmente son "evitando la publicidad poco transparente y, a veces, confusa, que trata de vender productos de ahorro o inversión con compromisos de garantía, o de rentabilidad, que luego no se cumplen.

Continúa el responsable de Estudios de ADICAE: "El Banco de España ya no tiene esa pequeña función de control que tenía, así que habrá que suplir lo que no quieren hacer estos reguladores estatales, y hay normativa aragonesa que puede desarrollar eso". Además, "nuestras leyes en materia de consumo también pueden implementar herramientas e instituciones mediadoras, posibilidades de mediación colectiva" para que aquellos aragoneses sometidos a irregularidades en la comercialización de productos financieros tengan opciones de solventar su caso sin tener que recurrir a los jueces.

El caso Forum/Afinsa

Paco Sanz ha recordado la "importancia de los ahorros en la economía doméstica, también en la economía general. Además, como una cuestión de consumo responsable, bajo la premisa de que si ahorro evito crédito". Es por ello que "hay que defender el ahorro en las familias, un ahorro que vaya al sistema productivo a través de unos instrumentos sanos". Y que proteja al consumidor ante los insanos, entre los que se encontraba la actividad de Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza; el portavoz de ADICAE ha recordado la Proposición no de Ley aprobada por las Cortes aragonesas que instaba a una solución política global y colectiva para estos ahorradores.

En palabras de Eduardo Pastor, coordinador de ADICAE en Aragón, "se trata de extender esta propuesta a todos los parlamentos autonómicos, de modo que se dé una solución a un caso que lleva ya 7 años sin soluciones". Entre 10.000 y 15.000 aragoneses mantienen ahorros atrapados en estas empresas filatélicas cuya actividad un juez ya ha considerado financieras. Estos afectados están inmersos en un larguísimo proceso concursal que les está proporcionando porcentajes mínimos de sus ahorros; el 95% de los afectados tenía allí menos de 50.000 euros.