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Domingo, 09 de Diciembre de 2018

Más información y daños y perjuicios, reivindicaciones necesarias en la acción judicial contra las preferentes

Tras el análisis de diversas sentencias favorables en la lucha jurídica de los consumidores contra las preferentes, se vislumbran una serie de reivindicaciones pendientes que van a guiar la lucha jurídica posterior de ADICAE: por un lado, la falta de información que obtenían los usuarios contratantes. Por otro lado, la baja cultura de daños y perjuicios que existe en nuestro sistema judicial.

08-10-2013

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ADICAE ha conseguido ya sentencias favorables en su defensa colectiva contra la comercialización de participaciones preferentes. En esas sentencias se pone de manifiesto que estos productos no son ilegales, pero que se han colocado de manera irregular, lo que ha implicado su nulidad; el perfil del inversor, una vez entrada la época de crisis económica, ha sido de manera general personas de elevada edad las cuales tenían una amplia confianza en el director o trabajadores de la sucursal en donde tenían sus cuentas e incluso, algún deposito a plazo fijo, por lo tanto, no tenían ningún perfil inversionista ni deseo de serlo, unicamente eran ahorradores.

Pues bien, partiendo de este perfil, cabe destacar, refiriéndonos a las devoluciones del capital invertido en las sentencias favorables,  la baja cultura de “indemnizaciones por daños y perjuicios” que tiene nuestro sistema jurisdiccional en comparación con otros como el estadounidense, puesto que, como consecuencia tanto de la resolución como de la nulidad de los contratos, se condena a la devolución de las cantidades invertidas más sus intereses legales, sin añadir  una cuantía en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la actuación de las entidades en ninguna de las sentencias analizadas posteriormente. Es más, en una de las sentencias analizadas donde se condena por daños y perjuicios, no se devuelve la cuantía integra de la inversión.

El origen de la nulidad, fundamentos de derecho

Existe unanimidad en todas las sentencias favorables respecto a falta de información recibida por los clientes contratantes de las participaciones preferentes. Los fundamentos de derecho bajo los que se fundamentan las sentencias respecto de este punto valoran la información recibida por los usuarios contratantes como: “errónea”, “deficiente”, “no suficiente”, “no fue informado de luna forma directa y comprensible de las verdaderas características del producto contratado”, “no proporciono información”, “la escasa información distorsionada la realidad”...

Por otro lado, en muchas de las sentencias analizadas además de calificar la información dada o la falta de información aportada por la entidad, hacen referencia a cómo debería ser la información aportada por las entidades, precisando que las entidades “deben proporcionar al inversor la información adecuada del producto,advirtiéndole de los riesgos”, “deber de diligencia y transparencia en la información (según establece la CNMV)”, “deber de información reduplicado cuando se trata de consumidores”.

algunas entidades en aras de exculparse de la falta de información proporcionada  a sus clientes alegaban que se les había proporcionado un folleto informativo, pero las sentencias no consideran adecuada dicha practica informativa

Respecto de la información, cabe destacar, que algunas entidades en aras de exculparse de la falta de información proporcionada  a sus clientes alegaban que se les había proporcionado un folleto informativo, pero las sentencias no consideran adecuada dicha practica informativa. Por lo que los jueces y tribunales, en su amplia mayoría, han entendido que promocionar un folleto informativo de las preferentes no implica cumplir con el deber de información, sino que esta obligación va más allá, es decir, la entidad debe informar personalmente y le debe quedar fehacientemente comprobado que el consumidor entiende todas las características y riesgos del producto que contrata.

El vicio del consentimiento

La falta de información bajo la que se suscriben los contratos de preferentes puede derivar en dos consecuencias jurídicas, o bien, la nulidad del contrato por vicio en el consentimiento, o la rescisión del mismo. Respecto a la nulidad del contrato por vicio en el consentimiento, las sentencias analizadas valoran dos posibles vicios: error y dolo. Consideran que ha incurrido dolo por parte de la entidad cuando “se incardina la maquinación fraudulenta o la emisión de expresiones insidiosas sin las que el cliente no hubiera suscrito el contrato”. En cambio, el error, es un vicio invalidante del consentimiento dado por el contratante por la consecuencia única de la falta de información y además excusable para el cliente.

Por su parte, alguna sentencia fundamenta la resolución contractual por “una mala praxis bancaria”, es decir recomendación de productos inadecuados al perfil de los inversores, no informar de las características ni de los riesgos, y no informar de manera progresiva del deterioro del riesgo de insolvencia. Y propone el concepto “conductas desleales”; estamos ante conductas desleales cuando la entidad ofrece y recomienda productos no convenientes ni idóneos para el cliente minorista pero que le proporcionaban a la entidad importantes comisiones, más elevadas que las de productos tradicionales; “falta de diligencia y lealtad”, ”falta de información”,  “negligente”,  ”incumplimiento culposo”.

Devoluciones, sin daños y perjuicios

En las sentencias estimatorias, por regla general, se condenan a la entidad a devolver el dinero de los usuarios perjudicados más los intereses legales. Pero no resarcen de ninguna manera los perjuicios o daños que la mala praxis bancaria haya podido ocasionar a los afectados

Ya sea por vicio en el consentimiento o por resolución por incumplimiento contractual , en las sentencias estimatorias, por regla general, se condenan a la entidad a devolver el dinero de los usuarios perjudicados más los intereses legales. Pero no resarcen de ninguna manera los perjuicios o daños que la mala praxis bancaria haya podido ocasionar a los afectados, como puedan ser: la no disposición del dinero, verse dentro de un proceso judicial largo y costo, no poder hacer frente a pagos... Por lo tanto, la condena a la entidad, no supone, mas que la devolución de unos importes que había “colocado” de manera fraudulenta y que le reportaban un beneficio, pero no así, una condena paralela por sus malas y negligentes actuaciones.

Eso sí, cabe centrar nuestra atención en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca 82/2012,  de 16 Febrero, donde, en contra de la practica habitual de devolución integra del capital, se establece una cuantía indemnizatoria derivada del incumplimiento contractual, dicha sentencia establece que  “La fijación de la cuantía de la indemnización resulta problemática, resultaría imposible recuperar el 100% de la inversión efectuada, con lo cual es improcedente una indemnización por el importe de ésta. Además es muy difícil saber qué habría decidido el cliente tras ser informado adecuadamente conforme a la normativa antes indicada. En tal tesitura, estima la Sala que la cuantía indemnizatoria correspondiente al incumplimiento contractual apreciado en el presente caso debería consistir, a los efectos de reparar el daño producido por la falta de información que hubiera permitido a la actora adoptar una conducta en consonancia en la salvaguarda de sus intereses económicos, en una cantidad no inferior al 50% de su inversión”.

Es un caso aislado. Lo normal es que, simplemente, se obvie esta responsabilidad o únicamente se mencione. En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia 105/2011, de 1 de abril, establece que “No cabe duda tampoco de que la falta de información por parte del Banco sobre los riesgos de la  inversión ha de generar la correspondiente responsabilidad civil para éste[...]” pero aún con todo no condena a la entidad, más bien, es una mención que actualmente se encuentra en el aire dentro de la posible reforma de la normativa MiFID, es decir, cabe la posibilidad de que con MiFID 2 se regule una responsabilidad civil de las entidades, algo que a la par de novedoso, ampliaría la protección de los consumidores y usuarios.

Muchas de las sentencias, incluida la del Tribunal Supremo, relaciona la contratación de estos productos con la confianza depositada por parte de los clientes en las entidades, y que los estándares de diligencia, buena fe y confianza  no fueron cumplidos por las entidades

La cuestión del abuso de confianza

Por ultimo, y de manera más individual, cabe destacar que muchas de las sentencias, incluida la del Tribunal Supremo, relaciona la contratación de estos productos con la confianza depositada por parte de los clientes en las entidades, y que los estándares de diligencia, buena fe y confianza  no fueron cumplidos por las entidades. También, se ve anulado por las sentencias estimatorias el canje de las preferentes o deuda subordinada por acciones. Alguna resolución califica a estos contratos como “de adhesión” por lo que particularmente, suponen un abuso frente a la posición débil que tiene el consumidor.

Destacar, que en otros casos extremos, como los que enjuicia la Sentencia Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Mataró, de 5 de Febrero de 2013 , caso de un contratante con Alzheimer, el juez estima que ”La conducta pasa de ser de no honesta ni transparente o sincera, a poder incurrir, presuntamente, en responsabilidad de tipo cuasi delictual, ya que ante un producto complejo, un cliente con Alzheimer y el otro con un perfil no inversor que al practicar el test de conveniencia se evidencia que no es apto para este tipo de productos”.

Comentarios: 1

1 - 08-10-2013 - 23:05:04 h
HOLA, Mi oficina de Caixa Catalunya dice que me han enviado la carta de desestimación a la reclamación de mis ahorros en preferentes, y la Central dice que no se ha recibido la reclamación a través de mi oficina. Tengo copia. Qué puedo hacer, por favor? Muchas gracias.

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