usuarios
IMPOSITORES
DE BANCOS, CAJAS Y SEGUROS
EDICIÓN ON-LINE

Las Class Action en Estados Unidos, un acercamiento a la Justicia colectiva real

La Justicia estadounidense ha condenado a Red Bull a pagar 13 millones de dólares a miles de consumidores por publicidad engañosa. La acción por la que se consiguió fue una 'class action', impulsada por un colectivo de consumidores. Una acción colectiva muy popular en el ordenamiento jurídico estadounidense que ADICAE busca potenciar en España.

28-10-2014

Ampliar imagen

La problemática socio-jurídica actual conlleva la aparición de conflictos no sólo para las personas consideradas individualmente sino que también conflictos que afectan a grupos numerosos de individuos que pueden constituir amplios sectores de la población actual. 

No informar de los riesgos de un producto financiero a miles de ahorradores, productos alimenticios que perjudican la salud de los consumidores, medicamentos defectuosos que afectan a los pacientes, discriminación étnica o social que margina a grandes capas de la sociedad.

La debilidad o indefensión del individuo entendido como particular, frente a los grandes poderes fácticos como son las grandes corporaciones o las entidades públicas, ha creado una serie de modificaciones de gran calado en los procesos jurisdiccionales, con la finalidad de ofrecer una protección judicial a “clases” o grupos de personas contra la opresión de los grupos financieros o la inactividad, debilidad o corrupción de la administración pública.

Siempre ha existido la posibilidad de reclamaciones individuales; pero, el problema en esta opción supone grandes dificultades cuando nos referimos a un grupo numeroso de afectados. ¿Cómo actuar frente a los abusos en masa cuando no es posible identificar a muchos de los potencialmente interesados? ¿Cómo legitimar a alguien para que en nombre del grupo interponga una acción judicial? ¿Cómo notificar a los interesados? ¿Cómo demostrar el interés para actuar?

Estas cuestiones se han intentado solventar mediante la creación de instituciones públicas especializadas para la tutela de intereses colectivos, en España denominados órganos supervisores como pueden ser el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores; por la extensión de la legitimación para obrar conferida a sujetos y por las modificaciones realizadas legalmente. Una de las novedades de mayor calado que contiene la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil es la institución de un régimen de acciones colectivas, y en particular el reconocimiento de que las asociaciones de consumidores y usuarios ejerciten acciones colectivas.

La acción de clase debe permitir que la sentencia que se dicte no sólo reconozca el derecho o proteja el interés del representante del grupo, sino el de todos sus miembros, aunque no estén individualizados en el procedimiento declarativoEn este aspecto tendríamos que diferenciar lo realizado en cuanto a la protección por parte de instituciones públicas, y el caso más claro a este respecto sería el de EE.UU, no solo las funciones y subdivisión del Attorney General, en sectores especializados sino que además surgieron oficinas especializadas tales como la Federal Trade Commission, la Food and Drug Administration, la Securities and Exchange Commission, Consumer Portection Agency y un etcétera largo de oficinas. Igualmente destacar otra creación del ordenamiento estadounidense como puede ser la citizen action con la finalidad de combatir la contaminación atmosférica. Aunque sin duda el gran invento o institución creada en EE.UU para estos fines ha sido la denominada class action que en el ordenamiento español tendría su reflejo en la acción colectiva.

La Class Action

Origen, significado y funciones

Tiene su origen más remoto en el derecho medieval anglosajón  pero podría determinarse su consolidación mediante la denominada jurisdicción de Equity en el año 1400. Esto es, en caso de que las normas existentes no pudiesen dar solución a un perjuicio ocasionado a alguien, se pedía al rey que dirimiese la cuestión.

En la actualidad la class action presupone la existencia de un número elevado de afectados; suficiente para pensar en una clase o grupo, un número tal que imposibilite la comparecencia de todos los miembros del grupo. Con class action se alude a una clase de cosas. La expresión “clase” presupone que el procedimiento no se refiere a personas individualmente consideradas sino a un grupo de interesados. Presupone cierta clase de casos o litigios susceptibles de ser sustanciados en un solo juicio, y tener un tratamiento común.

En términos generales se puede decir que son varias las funciones y propósitos que realizan las acciones de clase, por ejemplo, en los siguientes casos:

a- Cuando un proceso con independencia de su inicio individual afecta a terceros que no son parte, los cuales, en razón de los intereses que se ventilan, pueden formar un grupo o clase de afectados.

b- Cuando la sentencia que ha de pronunciarse es posible que genere una potencial responsabilidad de alguien o de algunos con respecto de varios individuos que, en razón de esa circunstancia, forman un grupo o clase.

c- Cuando se conoce de una multiplicidad  de procesos similares, en este caso la acción de clase funciona como un eficiente instrumento para la acumulación procesal, en este sentido se podría decir que más que clase de contrapartes, existe una clase de procesos cuyo petitum y causa pretendi son similares.

d- Cuando se acumula un número significativo de demandas similares que participan de cuestiones comunes, permitiendo la división del costo del juicio entre muchos litigantes, haciendo posible un proceso, ahí donde, de otra forma, no se hubiera podido entablar. Este es el caso de los procedimientos de clase relacionados  con  consumidores.

Legitimación procesal

La ley procesal estadounidense reconoce la legitimación a reclamantes individuales para que ejerciten acciones en defensa no sólo de sus propios derechos e intereses patrimoniales, sino también en defensa de los análogos derechos e intereses patrimoniales de un número indeterminado de consumidores o usuarios no identificados. La acción de clase en Estados Unidos constituye, a efectos conceptuales de la ley procesal española, un supuesto de desplazamiento de legitimación: la legitimación para defender todos y cada uno de los derechos e intereses individuales de los que cada uno de los miembros del grupo es titular, se desplaza en favor de uno o varios representantes del grupo de afectados, por el mero hecho de que estos últimos inicien una reclamación judicial con vocación de representatividad. 

La acción de clase debe permitir que la sentencia que se dicte no sólo reconozca el derecho o proteja el interés del representante del grupo, sino el de todos sus miembros, aunque no estén individualizados en el procedimiento declarativo. Es decir, la sentencia causa efecto de cosa juzgada respecto de todos los derechos o intereses individuales de cada uno de los miembros del grupo.

La finalidad de la acción de clase en Estados Unidos es la de evitar que, por la ineficiencia que pueda suponer cada reclamación individual, se dejen de interponer multitud de reclamaciones, tal y como está ocurriendo en España, algo acentuado por las elevadas tasas judiciales.

Requisitos

Los requisitos necesarios para que pueda instrumentarse una acción de clase en Estados Unidos vienen recogidos desde 1938 en la Federal Rule no.23 of Civil Procedure:

1- Numerosity: Se tienen en cuenta factores como que la cantidad de reclamantes individuales sea tal que no permita reclamación conjunta y estando personado individualmente cada reclamante; cuestiones como la mayor o menor dispersión geográfica de los miembros o, incluso, los recursos económicos que, en principio, cabe atribuir al miembro típico de clase.

2- Commonality o indentidad fáctica: Cuestiones fácticas o jurídicas comunes a los miembros del grupo que tengan más relevancia que las particulares de cada uno individualmente considerado. No se estimará este requisito si las circunstancias individuales, aun siendo menos relevantes que los elementos comunes, sí son suficientes para que la acción de clase pierda la eficacia deseada. 

3- Tipicality: La reclamación iniciada por el representante del grupo debe ser representativa de la que habría iniciado cada uno de los miembros de la clase.

4- Adequacy of representation: se trata de asegurar que quien inicia una acción atribuyéndose la representación de los miembros de la clase les representará adecuadamente.

Como cuestiones complementarias de la presentación de acciones de clase, hay que destacar que la Federal Rule dispone que, previamente a la resolución sobre la procedencia o no de la reclamación, deba determinarse por parte del juzgado o tribunal si existen los elementos suficientes para que la reclamación inicial sea considerada acción de clase. Esta determinación se realiza mediante un procedimiento  previo, certification of the class action.

Entre los requisitos citados, cabe destacar como quizá más importante al de la commonality, en aquellos procesos de reclamaciones masivas de daños y perjuicios en supuestos de responsabilidad extracontratual. En tales supuestos, las circunstancias jurídicas de cada miembro del grupo resultan a veces más relevantes que las comunes a todos ellos. Así la relación de causalidad, la concurrencia o no de las circunstancias requeridas por el específico título de responsabilidad o la concurrencia de eventuales defensas por parte del demandado, que inevitablemente deben proyectarse sobre cada uno de los perjudicados, son cuestiones que frecuentemente sólo pueden ser analizadas de forma individualizada, lo que impide su enjuiciamiento conjunto mediante el mecanismo procesal de las acciones de clase.

La regulación estadounidense de las acciones de clase prevé:

a) Un sistema opt-in: posibilidad de que consumidores y usuarios individuales que forman parte de la clase representada se personen en el procedimiento para acumular su acción individual a la iniciada por los representantes, con el objeto de tener su propia asistencia letrada y su propia estrategia procesal.

b) Sistema opt-out: posibilidad de que los referidos consumidores o usuarios individuales manifiesten ante el tribunal, mediante mecanismos ágiles de personación, su voluntad de quedar excluidos de la acción iniciada, para no verse afectados por la sentencia que se dicte.

Conclusiones: ¿hacia un sistema colectivo?

En España la acción colectiva aún está en una fase de inicio y aceptación por parte de los órdenes jurisdiccionales correspondientes, pero por el contrario es el momento perfecto para su expansión e implantación. Asociaciones como ADICAE, o mejor dicho, con ADICAE a la vanguardia, pretenden que estos procesos colectivos no se queden en una mera ilusión teórica y el patrón de las Class Action, con relación a su formulación, son sin duda una necesidad objetiva en los planteamientos y “batallas” procesales en este momento.

El mensaje es contundente, los aparatos de gobierno de la judicatura y de la justicia en España deben saber que la vía colectiva, tal y como se están desarrollando los problemas de “clase” en nuestro país, están a la orden del día y la negación o entorpecimiento de los mismos solo conlleva el decaimiento y el desuso del artículo 24 de la constitución, es decir, la tutela judicial efectiva que tanto nos costó conseguir y que ahora parece sometido a las veleidades económicas o políticas de turno.

FORO PARA COMENTAR LA NOTICIA. SI DESEA REALIZAR UNA CONSULTA SOBRE SU CASO O RECIBIR INFORMACIÓN, ENVÍE SU CONSULTA ON-LINE

Tu opinión nos interesa




Deseo mostrar mis datos

Acepto la cláusula de Privacidad

Normas de uso:
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Una vez aceptado el comentario, se enviará un correo electrónico confirmando su publicación.
  • Reservado el derecho a publicar estos comentarios en su edición digital. Igualmente queda reservado el derecho a extractarlo.
  • Todos los mensajes publicados en estas secciones expresan las opiniones de sus autores y no la de los moderadores o la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, por lo cual no se les considerará responsables de los mismos.
Adecuación a la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE)
ADICAE. c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España), email: [email protected], N.I.F. G50464932. Inscrita con el Nº 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España.

Lo más visto
  • Visto
  • Comentado
  • Reciente
Impositores USUARIOS es la revista de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE. Edita: ADICAE Miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de España, del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Junta Consultiva de Seguros, de Euroshareholders y de Consumers International.

Impositores USUARIOS excluye completamente la publicidad comercial como garantía de independencia para sus lectores. Se prohibe la reproducción de artículos salvo autorización de ADICAE y citando su procedencia. Asimismo se prohibe expresamente su reproducción con fines de publicidad comercial.