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La futura ley de crédito al consumo nacerá sin grandes novedades

Tras largos años de debate y presiones del lobby bancario en 2008 se aprobó una nueva norma europea sobre derechos de los consumidores en crédito al consumo. Pero tres años después seguimos a la espera de que se transponga a nuestro ordenamiento jurídico. Con semejante retraso, no se tratan los problemas actuales de los consumidores.

02-02-2011

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Una Directiva que recibió presiones de la banca europea 

Ejemplo de la presión de los operadores financieros  son los borradores y correcciones que han sido necesarios hasta llegar a una propuesta definitiva de Directiva. Desde la primera propuesta de 11 de septiembre de 2002, hasta la actual propuesta base definitiva de 13 de noviembre de 2007, han existido al menos dos borradores, en octubre de 2004 y 2005 respectivamente. Uno de los principales puntos de discusión era el de su carácter de Directiva de Máximos (propuesta de 2002), a la que las Asociaciones de Consumidores, como ADICAE, se oponían. Una “armonización de máximos” consiste en adoptar normas comunes que se aplican a todos los países de la Unión Europea por igual, impidiendo a los Estados miembros mantener y adoptar normas nacionales que mejoren la protección a sus ciudadanos. La Directiva de 1987 era una Directiva de mínimos, que permitió a los Estados miembros introducir mejoras. La propuesta de Directiva finalmente aprobada en 2008 llega a una solución de compromiso: parece una Directiva de mínimos “encubierta”, ya que permite a los Estado legislar en determinados aspectos. Así lo reconoce el artículo 1, donde expresamente se advierte de que se armonizan “determinados aspectos”. No obstante, no deja de ser un riesgo para determinados derechos de los usuarios esta armonizacion.

¿Querrán mejorar derechos los estados?

Un ejemplo de ese margen para que los Estados mejoren derechos lo constituye la posibilidad de establecer una “oferta vinculante” que el prestamista entrega al cliente y debe mantener durante un
plazo de tiempo (y que ya existe en nuestra ley de 1995). Igualmente, se deja libertad para que los Estados miembros regulen la posibilidad de prohibir las exigencias que se imponen al consumidor
para que junto con el contrato de crédito abra una cuenta o contrate un seguro (considerando 21). Esta es una práctica habitual de muchas entidades de financiación especialmente en el ámbito hipotecario.

Crédito hipotecario queda fuera

Los créditos hipotecarios no entran dentro de la aplicación de la futura Directiva (artículo 2.2 a)), lo que constituye una laguna importante, máxime cuando la financiación de vivienda es la mayor carga financiera para los hogares, y además en Europa, salvo la inútil Recomendación de la Comisión Europea de 2001 sobre “información en préstamos hipotecarios”, no existe regulación que proteja al consumidor. Al menos debería haber quedado recogidos en la Directiva de 2008 aquellos créditos destinados a bienes de consumo pero garantizados con hipoteca sobre la
propia vivienda.

Información incompleta

Dentro de los aspectos que regula la propuesta definitiva de 2008, cabe hacer referencia a la información que recibe el consumidor antes de firmar el contrato (artículo 5 y 6: importe, duración, TAE, gastos, etc,) que se formaliza en un documento denominado “Información normalizada europea sobre crédito al consumo”. Se elimina el derecho del consumidor a recibir una “oferta vinculante”, salvo que la normativa de cada Estado decida introducirla o mantenerla como ya sucede en España. Esta posibilidad choca de alguna manera con lo dispuesto  en el artículo 5.4 donde se reconoce el derecho del  consumidor de recibir gratuitamente, además de la “Información
normalizada” una “copia del proyecto del contrato”…  salvo que el prestamista “no esté dispuesto, en el momento de la solicitud, a  celebrar el contrato de crédito con el consumidor”. Con este artículo los derechos del consumidor quedan en manos de la entidad que puede negar sin más la entrega del proyecto de contrato.

Renunciar al crédito
El artículo 14 de la Directiva de 2008 establece una  novedad. La posibilidad de que consumidor desista del crédito en un plazo de 14 días sin indicar el motivo. Para  ello debe comunicarlo y devolver al prestamista el capital  más los intereses generados durante ese plazo de tiempo si lo hubiera recibido. La obligación de notificar el  derecho de retractación de “una manera que pueda ser probados por la normativa  nacional ”, puede suponer un coste añadido para el consumidor. Este derecho se debería poder realizar por el  mismo medio por el que se contrató el crédito y no es necesario que se haga de forma tan exigente como pide la Directiva. Sin embargo, pocas veces un consumidor que ya ha contratado un servicio sigue comparando costes.


Directiva de crédito al consumo, demasiadas cuestiones pendientes

- La propuesta de Directiva de 2007 debería tener en cuenta a la hora de aplicar la publicidad referida a la TAE, las “nuevas formas de publicidad” de las entidades financieras, que dan a conocer un TAE para productos financieros a menor plazo (TAE de un 7% a un mes) que confunden al consumidor.
- Falta una regulación de las comisiones bancarias y financieras.
- Regulación del sobreendeudamiento.
- Una regulación de los tipos usurarios, al menos en sus líneas fundamentales, permitiendo a cada Estado miembro una regulación posterior.
- Regulación de los intermediarios de crédito. No basta con las leves indicaciones del artículo 21.
- El artículo 7 de la propuesta excluye de su ámbito de aplicación a los proveedores de bienes y servicios “que sólo actúan como intermediarios de crédito a título subsidiario”,  cuando la realidad nos demuestra que el 90% de estos créditos son vendidos por proveedores de bienes o servicios.
- Continúa sin aparecer ninguna cláusula de penalización por no respetar el contenido mínimo de información.
- Continúa sin resolverse el problema de la cesión de créditos (se cede el crédito de un proveedor de bienes o servicios a una entidad financiera, que puede reclamar el pago sin que se entregaran los bienes o prestaran los servicios). El artículo 17 del texto de la propuesta de Directiva reconoce el derecho del consumidor a poder ejercer frente al nuevo prestamista las mismas excepciones y defensas que tenía ante el prestamista original, es decir que opera sólo en los casos en que esta cesión se realice entre entidades financieras, pero no cuando lo efectúa una empresa que presta bienes o servicios al consumidor.

 

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