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Martes, 24 de Enero de 2017

La ONU debate el futuro de la protección global de los consumidores

Las Directrices de Naciones Unidas para la protección del Consumidor constituyen, desde la fecha de su aparición, un elemento fundamental para las políticas de defensa de los consumidores. Es fundamental aportar cambios a tales Directrices desde dos perspectivas: los servicios financieros y la participación en el diseño de las políticas de consumo.

20-01-2016

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Las directrices de la ONU para la protección del Consumidor se encuentran en proceso de revisión para adecuarlas al actual marco global, ya que la última revisión data de 1999. Existe consenso para que en esta actualización entren nuevos puntos dedicados a las problemáticas derivadas de la extensión del comercio electrónico, las relaciones comerciales transfronterizas y los servicios financieros. Además, se plantea la inclusión de mecanismos específicos que permitan la aplicación de estas directrices, de manera que no queden en papel mojado, sobre todo en países en vías de desarrollo.

ADICAE, como organización de consumidores que se dedica a la protección de los usuarios en el ámbito financiero, ha realizado aportaciones que considera de vital importancia para que se incluyan en las Directrices en relación a los ámbitos que a continuación se exponen:

Medidas para reforzar la inclusión y protección de los consumidores financieros

Una protección al consumidor eficaz, con los debidos recursos para ello

Los Estados miembros deben adoptar medidas para reforzar e integrar las políticas de consumo relacionadas con la inclusión financiera, la educación en este ámbito y la protección de los consumidores en el acceso a los servicios financieros. Deben ofrecer a los consumidores remedios que no supongan costos, dilaciones o cargas desproporcionadas con relación al valor económico en cuestión y a la vez que no supongan cargas excesivas para la sociedad, además de instaurar regímenes eficaces y adecuados de protección del consumidor financiero.

Los Estados Miembros tienen que trabajar para establecer marcos regulatorios y de aplicación para la protección del consumidor financiero, así como órganos de supervisión dotados de autoridad y con recursos necesarios para acometer su misión y ejercer controles apropiados para proteger los bienes de los consumidores, incluidos los depósitos.

Los proveedores de servicios financieros deben establecer unas conductas empresariales responsables en donde se incluyan los préstamos responsables y la venta de productos que sean adecuados a las necesidades y conocimientos de los consumidores; deben proporcionarse consejos objetivos y adecuados en todas las etapas de la interacción con los consumidores; y unos mecanismos eficientes de gestión de reclamaciones y compensación, fundamentales para que los consumidores puedan ejercer sus derechos.

Productos financieros claros, justos y transparentes

ADICAE propone que se incluya la referencia al “crédito responsable”. Es decir, un crédito que garantice los siguientes aspectos: en los créditos para adquisición de vivienda, debe haber una garantía de un ahorro previo del consumidor, en torno al 20-30% del valor de tasación del inmueble; que los créditos sean sin condiciones financieras o cláusulas que a la larga estrangulen la economía de los consumidores; transparencia en las formas de comercialización; asunción de responsabilidades por entidades prestamistas en casos de concesión irresponsable; establecimiento de unas pautas para desarrollar una normativa preventiva del sobreendeudamiento de los consumidores; elaboración de unos estándares mínimos de protección a los consumidores frente a los embargos, mediante la introducción de reformas en los procedimientos que permitan renegociar la deuda, evaluar la abusividad de las cláusulas, la responsabilidad de las entidades concedentes, etc.

En cuanto al ámbito del ahorro-inversión, ADICAE propone que las Directrices establezcan criterios básicos para la elaboración de un protocolo de “productos financieros blancos”, sencillos y que excluyan productos “tóxicos”, cláusulas abusivas, comisiones excesivas... Se trataría de productos claros, justos y transparentes, pero de calidad. ADICAE hace hincapié en la necesidad de que las futuras Directrices reflejen de forma expresa y fehaciente una mejora en los derechos de los pequeños ahorradores en la contratación de productos de ahorro jubilación.

En caso de abuso, los consumidores deben tener compensación justa y rápida

Deben crearse mecanismos para la resolución eficaz de conflictos

Los Estados Miembros deben establecer medidas jurídicas o administrativas para permitir que los consumidores o las organizaciones competentes obtengan compensación mediante procedimientos oficiales o extraoficiales que sean rápidos, justos, poco costosos y asequibles. Al establecerse tales procedimientos deben tenerse especialmente en cuenta las necesidades de los consumidores de bajos ingresos.

Deben alentar a todas las empresas a solucionar las controversias con los consumidores de forma justa, rápida y exenta de formalidades, y a crear mecanismos voluntarios, como servicios de asesoramiento y procedimientos extraoficiales para presentar reclamaciones. Se debe facilitar a los consumidores información sobre los procedimientos vigentes y otros procedimientos para obtener compensación y solucionar controversias.

La educación financiera debe llegar a los consumidores más desprotegidos

Los estados deben alentar la educación sobre consumo

Los Estados Miembros deben formular o estimular la formulación de programas generales de educación e información del consumidor, incluida aquella sobre los efectos en el medio ambiente de las decisiones y el comportamiento de los consumidores y de las consecuencias, incluidos costos y beneficios, que pueda tener la modificación de las modalidades de consumo, teniendo en cuenta las tradiciones culturales del pueblo de que se trate.

Al formular dichos programas, debe prestarse especial atención a las necesidades de los consumidores que se encuentran en situación desventajosa, tanto en las zonas rurales como urbanas. Los grupos de consumidores, las empresas y otras organizaciones pertinentes de la sociedad civil deben participar en esa labor de educación.

Educación financiera, sí, pero responsable y crítica

Los criterios de la Educación Financiera deben ser: responsabilidad, crítica y alternativas. Es fundamental que entre las medidas de aplicación de los principios que se proponen sobre educación financiera, se haga expresa referencia a las organizaciones de consumidores en esa labor de información y de desarrollo de documentos y programas de formación.

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