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Lunes, 18 de Diciembre de 2017

ADICAE logra una sentencia histórica contra las cláusulas suelo

Los suelos hipotecarios han sido declarados nulos para todos los consumidores clientes de los bancos condenados. ADICAE logra así el principio del fin del mayor fraude de la banca contra la ciudadanía.

11-04-2016

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El pasado día 7 de abril el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid  hizo pública la sentencia que condenaba a más de cuarenta bancos por las cláusulas suelo, a eliminarlas y devolver las cantidades. Asimismo, declaraba nulas todas las cláusulas suelo de las entidades demandadas idénticas a las transcritas en las sentencia. Extractamos los aspectos más relevantes de esta sentencia, especialmente lo refereido a los fundamentos de derecho. La sentencia puede consultarla íntegramente aquí

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- POSICIÓN DE LA DEMANDANTE 
1 Demanda y acciones ejercitadas 
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (en adelante, ADICAE) y otros adherentes, presentan una demanda frente a las entidades bancarias relacionadas en los antecedentes de hecho (páginas 6 y 7 de la sentencia)
Se ejercitan las siguientes acciones:
a) una acción de cesación de la condición general de contratación consistente en la limitación de del tipo de interés variable (cláusulas suelo) que las entidades bancarias demandadas utilizan en sus contratos de préstamo a interés variable; 
b) una acción colectiva de restitución dirigida a obtener una sentencia que condene a la devolución de lo pagado en virtud de dicha cláusula y; 
c) una acción declarativa.
1. 2. Suplico.
La parte demandante (ADICAE) solicita que se declare:
a) que las entidades bancarias demandadas incorporan cláusulas suelo a sus contratos de préstamo hipotecario;
b) que las citadas cláusulas no respetan el equilibrio de las obligaciones y derechos del contrato, modifican y desvirtúan la naturaleza de los contratos de préstamo y/o crédito hipotecario, no han sido negociadas individualmente y son cláusulas abusivas. Asimismo, solicita que se acuerde su cesación en los contratos de préstamo hipotecario.
c) que se declare la nulidad de las cláusulas suelo;
d) que declare la indemnización de los consumidores perjudicados en concepto de cantidades indebidamente pagadas por los consumidores y usuarios e indebidamente cobradas por las entidades financieras, y se condene a la demandadas a abonar las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia;
e) que condene a las entidades bancarias a eliminar las cláusulas declaradas nulas y se abstenga de utilizarlas en los sucesivo;
f) que dicte mandamiento al titular del Registro de Condiciones generales de la Contratación;
g) que publique el fallo de la sentencia en el BORME o en un periódico de los de mayor circulación en la provincia en la que se ha dictado la sentencia y;
h) que imponga una multa a las entidades bancarias demandadas conforme a lo dispuesto en el art. 711.2 LEC.

1. 3. Cláusulas impugnadas.
La parte demandante, ADICAE, impugna en el escrito de demanda la validez de las cláusulas de limitación a la variabilidad de los tipos de interés empleadas por las entidades bancarias demandadas en abstracto -es decir, no referida única y exclusivamente a las cláusulas transcritas en el escrito de demanda y sus sucesivas ampliaciones. Resulta innecesario tanto su transcripción en la presente resolución como el examen pormenorizado de cada una de ellas; examen individual por otro lado incompatible con la naturaleza de las acciones colectivas ejercitadas en el presente procedimiento.
4. Fundamento de las pretensiones de la parte demandante
Las entidades bancarias incurrieron en un engaño en la comercialización de ese tipo de cláusulas, puesto que, a finales de 2007 y a lo largo del año 2008, manejaban previsiones de bajada del Euribor. Con la implantación de las cláusulas suelo, los Bancos y Cajas de Ahorro han pretendido subvertir el objeto y las condiciones esenciales de los contratos de préstamo y crédito hipotecario, minimizando el impacto que en las cifras de negocio y tesorería tiene la bajada de los tipos de interés. La inclusión de la cláusula techo se ha realizado con el único fin de simular que no existe un desequilibrio real para el usuario y/o cliente.
Las cláusulas de suelo son cláusulas abusivas por cuanto:
1. Son condiciones generales de la contratación, al tratarse de cláusulas predispuestas por la demandada, incorporadas al contrato por imposición de la misma y redactadas con el fin de ser incorporadas a todos los contratos de adhesión suscritos.
2. No son elementos esenciales del contrato, porque son un elemento accesorio del precio.
3. Son abusivas porque ocasionan un desequilibrio entre las partes contratantes. Desde la perspectiva de la reciprocidad de partes, debe considerarse lícito todo pacto de limitación de los riesgos de variabilidad que cubra recíprocamente a ambas partes por igual o en análoga medida o alcance. Por el contrario, ha de reputarse ilícito todo pacto que:
a) solo cubra el interés del prestamista (cláusula suelo, únicamente) por falta de reciprocidad en perjuicio del
consumidor;
b) cubra o pretenda cubrir tanto los intereses del prestamista como del prestatario, siempre que no guarde la prudencial o razonable relación de equivalencia o semejanza, legalmente exigible, entre la limitación al alza y a la baja, de la variación de los tipos de interés.
4. La inclusión de la cláusula suelo supone la introducción de un evidente elemento de ambigüedad y oscuridad, por cuanto la limitación al índice se ha introducido de forma oculta para el usuario. La oferta que han realizado “en masa” las entidades financieras ha sido la de la celebración de un contrato de préstamo hipotecario referenciado a un interés variable, cuando la realidad de lo que se ha presentado a la firma del usuario es un contrato de préstamo hipotecario referenciado a un interés variable siempre y cuando el interés no baje por debajo de un determinado nivel señalado por el banco para asegurarse la viabilidad de costes del producto, en cuyo caso, el interés en vez de ser variable se convierte en fijo. 
SEGUNDO.- POSICIÓN DE LAS ENTIDADES BANCARIAS DEMANDADAS
TERCERO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA DE ADICAE
ADICAE ejercita en su escrito de demanda dos acciones colectivas del art. 12 LCGC (la acción colectiva inhibitoria, la indemnizatoria accesoria a la misma y la acción declarativa) en defensa de los consumidores afectados por la inclusión de las cláusulas de limitación a ala variabilidad de los tipos de interés en sus contratos de préstamo hipotecario.
En el presente procedimiento concurre el interés supraindividual característico de las acciones colectivas, puesto que ADICAE no fundamenta sus pretensiones en los derechos subjetivos de determinados adherentes, sino en un interés colectivo o difuso en la supresión de las cláusulas suelo. En otras palabras, ADICAE (…) actúa en defensa de intereses cuya titularidad no se puede asignar a personas concretas y determinadas y, por este motivo, supraindividuales.
Es por ello que ADICAE se encuentra plenamente legitimada para el ejercicio de las acciones
objeto del presente procedimiento.
CUARTO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LOS ADHERENTES
(Referido a personas físicas que suscribieron la demanda junto con ADICAE y las sucesivas ampliaciones de la misma) El Banco Sabadell les niega legitimación activa y no pueden interponer la demanda en sí, habida cuenta que sólo el Ministerio Fiscal y las asociaciones de consumidores y usuarios están legitimados para el ejercicio de las acciones colectivas.
En este punto y puesto que el presente procedimiento tiene por objeto el ejercicio de una acción de cesación, ha de realizarse una precisión. Hasta la promulgación de la Ley 39/2002 (de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios), el llamamiento a los adherentes afectados debía realizarse en el supuesto de que se ejercitara una acción de cesación. Con la finalidad de dotar de rapidez a este tipo de procesos, la Ley 39/2002 modificó el art. 15 LEC, añadiendo un apartado cuarto con el siguiente tenor literal: quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los procesos iniciados mediante el ejercicio de una acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.
Esta excepción del llamamiento prevista en el artículo 15.4 LEC no supone, sin embargo, la imposibilidad de que los consumidores y usuarios afectados puedan intervenir en este tipo de procedimientos. Los adherentes afectados pueden intervenir en los procesos en los que se ejercite una acción de cesación, puesto que así lo autoriza el art. 13 LEC, precepto que regula la intervención de los consumidores en los procesos iniciados por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de los mismos a pesar la mencionada exclusión del llamamiento, sin excluir de forma expresa la intervención de los adherentes en los procesos en los que se ejercite una acción de cesación.
En el presente procedimiento, los adherentes que suscribieron la demanda –y las ampliaciones- han de ser considerados parte en el procedimiento y se encuentran legitimados para defender las pretensiones formuladas por su litisconsorte, ADICAE.
SEXTO.- CONSIDERACIÓN DE LAS CLÁUSULAS LITIGIOSAS COMO CONDICIONES
GENERALES DE LA CONTRATACIÓN  
6.2. Concepto y requisitos de las condiciones generales
De conformidad con el art. 1 de la LCGC se entiende por condiciones generales de contratación (…) las cláusulas predispuestas redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos, cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias.
Del precepto se desprende que la condición general de la contratación se caracteriza por las siguientes notas fundamentales: 
a) la predisposición o prerredacción de la cláusula con anterioridad a la fase de negociación y celebración del contrato con la finalidad de incorporarse a una pluralidad de contratos y; 
b) imposición, pues la incorporación de las condiciones generales al contrato se produce por iniciativa exclusiva del predisponente frente a la que el adherente sólo puede optar por tomarlas o dejarlas, es decir, por contratar sometiéndose a las condiciones generales preestablecidas o renunciar al contrato.
6.3. Predisposición de las cláusulas suelo objeto del presente procedimiento
Ls cláusulas limitativas de los tipos de interés empleadas por las entidades demandadas eran cláusulas prerredactadas, pues de los contratos de préstamo hipotecario aportados con la demanda se desprende que cada una de las entidades bancarias empleaba una misma redacción para plasmar la cláusula de limitación de los tipos de interés, redacción que reiteraba en una pluralidad de contratos de préstamo hipotecario. El hecho de que las cláusulas litigiosas reflejaran tipos variables distintos y también suelos y, en su caso, techos diferentes, en nada afecta a la prerredacción, pues lo relevante a estos efectos, es la forma lingüística externa empleada para plasmar la limitación de los tipos de interés, forma lingüística que reproducían todas las entidades para todos sus clientes con independencia del suelo o el techo.
6.4. Imposición de las cláusulas objeto del presente procedimiento
En contra de lo que sostiene la parte demandada, el hecho de que el adherente pudiera elegir entre un préstamo a tipo fijo variable puro y variable no implica negociación, pues la facultad de optar entre varias opciones predispuestas no implica la existencia de acuerdo de voluntades. Por el mismo motivo, tampoco cabe deducir la negociación de la utilización de diferentes suelos y techos por parte de las entidades bancarias.
Es por ello que, en contra de lo que sostienen algunas de las entidades bancarias demandadas, no se considera acreditado que las cláusulas suelo fueran objeto de negociación individual, lo que, en definitiva, nos lleva a concluir que son cláusulas impuestas.
Puesto que se ha constatado que las cláusulas litigiosas son condiciones generales, se ha de examinar si, como sostiene la parte demandante, las mismas no satisfacen los requisitos de incorporación (arts. 5 y 7 LCGC) o si son nulas (art. 8 LCGC), sometiéndolas al doble control de inclusión y de contenido previsto en la Directiva 93/13 y en la LCGC.
SÉPTIMO.- APLICACIÓN DEL DERECHO DE LAS CONDICIONES GENERALES A LAS CLAUSULAS QUE REGULAN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO
Las cláusulas suelo constituyen un elemento esencial del contrato de préstamo hipotecario.
Si bien la Directiva no define qué ha de entenderse por cláusulas que definan el objeto principal del contrato, la sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014 (asunto C-26/13, Kásler y Káslerné Rábai) ha precisado que forman parte del mismo las cláusulas que regulan prestaciones esenciales de ese contrato y que como tales lo caracterizan, en contraposición a las cláusulas accesorias que no definen la esencia misma de la relación contractual. Se plantea la duda de si este tipo de cláusulas son susceptibles de ser sometidas a control de contenido, o de abusividad.
A estos efectos, se ha de partir del art. 4.2 de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores, precepto que proclama que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que han de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. Del tenor literal del art. 4.2 se desprende que este tipo de cláusulas se excluyen del control de abusividad, si bien no con carácter absoluto, pues la exclusión se encuentra condicionada a una obligación de transparencia; en concreto, a su redacción clara y comprensible.
El mencionado precepto de la Directiva no se incorporó a la entonces Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ello no obstante, la doctrina se han opuesto a la posibilidad de efectuar un control del contenido de los elementos esenciales del contrato sobre la base de una interpretación de la normativa española conforme a la Directiva.
Hay tres razones básicas que inspiran el art. 4.2 de la Directiva y justifican que el juez no deba controlar el
equilibrio entre el precio y la contraprestación: 
a) el control del equilibrio del precio supone una violación del principio de autonomía de la voluntad, pilar básico de la economía de mercado;
b) la ausencia de un parámetro normativo conforme al cual valorar si el precio es justo, ya que la equivalencia entre el precio y la contraprestación viene determinada por el mercado y no por el derecho y;
c) la innecesariedad de un control de precios, puesto que la competencia es garantía del equilibrio económico.
Ahora bien, el hecho de que el juez no deba controlar el equilibrio de las contraprestaciones
no veda el control de contenido de forma absoluta. Doctrina (Alfaro Águila-Real, Pertíñez Vílchez, entre otros) y jurisprudencia (sentencias de 9 de mayo de 2013, 24 y 25 de marzo de 2015 y 22 de diciembre de 2015) admiten que las condiciones generales reguladoras de los elementos esenciales del contrato pueden ser declaradas abusivas si incurren en un defecto de transparencia.
Es por ello que, a pesar de que las cláusulas de limitación a la variabilidad del tipo de interés son un elemento esencial del contrato, son susceptibles de ser sometidas a un control de transparencia, control que tal y como se ha configurado en la jurisprudencia del TS (sentencias de 9 de mayo de 2013, 24 y 25 de marzo de 2015, 22 de diciembre de 2015) supone la superación de un doble filtro:
a) un primer control de incorporación dirigido a garantizar que el adherente ha conocido -o al menos ha podido conocer- que el contrato contiene una cláusula de limitación a la variabilidad de los tipos de interés; control que atiende a la transparencia documental y gramatical de la cláusula. 
b) un segundo control de transparencia reforzado, dirigido a garantizar que, al tiempo de celebrarse el contrato, el cliente conocía las consecuencias económicas que conlleva la inclusión de dicha cláusula en el contrato y que el mismo se encontraba en condiciones de comparar y elegir entre distintas alternativas de préstamo hipotecario que incluyeran -o no- la cláusula en cuestión.
OCTAVO.- PRIMER CONTROL DE TRANSPARENCIA: EL CONTROL DE INCORPORACIÓN
Se considera acreditado que las entidades bancarias demandadas advirtieron expresamente a los adherentes de la inclusión de la cláusula suelo en sus contratos de préstamo hipotecario y, en consecuencia, que la totalidad de los consumidores de este producto bancario estaban en condiciones de conocer que su contrato de préstamo hipotecario a interés variable contenía una limitación a dicha variabilidad de los tipos de interés.
En lo que respecta a la comprensibilidad de las cláusulas, de la relación tipo de cláusulas suelo
transcrita en el punto 1.3. del primer fundamento jurídico (al que nos remitimos) se desprende que las entidades bancarias respetaron los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Si bien es cierto que, desde un punto vista gramatical, algunas entidades bancarias emplearon cláusulas más claras que otras, en todos los casos basta una mera lectura de la cláusula de limitación de los tipos de interés para comprender fácilmente su significado y las consecuencias de la aplicación de la cláusula, sin duda, ni ambigüedad alguna.
NOVENO.- LA ABUSIVIDAD DE LAS CLÁUSULAS SUELO. EL CONTROL DE TRANSPARENCIA REFORZADO
9.1. Justificación y licitud de las cláusulas suelo
La licitud de este tipo de cláusulas es admitida por la doctrina y la jurisprudencia. Es más, el legislador español ha admitido la legalidad intrínseca de las cláusulas de limitación de los tipos de interés variable. En efecto, la posibilidad de incluir acotaciones a la variación de los tipos de interés se recoge expresamente en la OM de 12 de diciembre de 1989 (derogada por la OM de 29 de octubre de 2011)
9.2. Abusividad de las cláusulas suelo
No se puede considerar que las cláusulas suelo ocasionen un desequilibrio económico. No es pues, el órgano judicial quien ha de velar por el equilibrio económico de las cláusulas de limitación a la variabilidad de los tipos de interés, sino el mercado. Ello no obstante, para que el mercado pueda realizar dicho control, es necesario que el consumidor tenga una plena capacidad de elegir entre las distintas ofertas existentes (a tipo variable con o sin cláusula de limitación o a tipo fijo). Para ello, a su vez, es preciso que el consumidor tenga un conocimiento cabal y completo del precio y el objeto del contrato de préstamo hipotecario antes de prestar su consentimiento. Es por ello que hay que garantizar el carácter transparente de la cláusulas suelo para el adherente, en el sentido de que el mismo pueda hacerse una idea cabal de las consecuencias económicas y jurídicas que le supondrá la inclusión de la misma en su contrato. En otras palabras, se ha de evitar que las cláusulas de limitación a la variabilidad de los tipos de interés se oculten en las condiciones generales, con la finalidad de que el cliente pueda conocer con seguridad y rapidez el precio y su relación con la prestación, al ser éstos los más importantes parámetros de la competencia en la economía de mercado.
La falta de transparencia de las cláusulas de fijación de los precios y, en concreto, de las cláusulas de
limitación a la variabilidad de los tipo de interés, ocasiona un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor porque priva al mismo de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado y de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener la prestación objeto del contrato según contrate con una u otra entidad financiera, o una u otra modalidad de préstamo de entre los varios ofertados por la entidad bancaria.
9.3. Valoración de la transparencia de las cláusulas suelo en la jurisprudencia del TS
Las cláusulas de limitación a la variabilidad de los tipos de interés contradicen las legítimas expectativas del
consumidor, puesto que se insertan en contratos que se ofertan como préstamos a interés variable y, sin embargo, de forma sorprendente para el consumidor, los convierten en préstamos a interés fijo mínimo, impidiendo al adherente beneficiarse de todas las reducciones que sufra el tipo de referencia. La jurisprudencia del TS identifica la falta de transparencia con la sorpresa que supone para el adherente la inclusión de una cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés en un préstamo a interés variable, sin que se le haya informado de ello en la fase de negociación contractual y habiéndose dado a la misma un carácter secundario, a pesar de que, al tratarse de una cláusula que afecta de forma directa al precio, podría haber sido determinante a la hora de contratar.
La eliminación de ese efecto sorpresa no se logra incluyendo la cláusula suelo de forma clara y comprensible en el contrato de préstamo hipotecario. Tampoco con la entrega de la oferta vinculante y el cumplimiento de los demás requisitos previstos en la normativa administrativa sobre transparencia bancaria, puesto que la OM de 5 de mayo de 1994 establece unos deberes informativos extremadamente básicos que, en la práctica, se solventan con la entrega de la oferta vinculante y en la advertencia de la inclusión de la cláusula por parte del Notario en el momento de la firma del contrato de préstamo hipotecario, momento inidóneo para que el adherente se replantee su decisión de contratar. 
En la totalidad de los casos sometidos a su consideración las entidades bancarias incumplieron ese deber reforzado de transparencia.

9.4. Valoración de la transparencia de las cláusulas suelo objeto del presente
procedimiento
Al introducir estas cláusulas de fijación del precio en el contrato a través de cláusulas prerredactadas, las entidades bancarias redujeron la visibilidad de su contenido para los adherentes pues, como señala Alfaro:
a) los consumidores no leen las condiciones generales y no las tienen en cuenta a la hora de contratar y;
b) los mismos contratan sobre la base de que todo el contenido predispuesto está integrado por cláusulas accesorias a lo pactado verbalmente o de acuerdo con la publicidad y demás documentación que se ha entregado al tiempo de la celebración del contrato y que en ningún caso esperan que contradigan la oferta contractual. Además se ha de tener en cuenta que al introducir este tipo de cláusulas entre las condiciones generales, las entidades bancarias ocultaron su desventaja competitiva con respecto a aquellas entidades bancarias que ofertan un interés variable sin establecer una limitación a la variabilidad de los tipos de interés.
Es por ello que las entidades bancarias tenían la obligación de asegurarse que los adherentes conocían la inclusión de la cláusula suelo en sus contratos de préstamo hipotecario, llamando expresamente la atención sobre la misma y explicando tanto su contenido como la probable evolución del tipo de referencia a corto plazo, así como la influencia de dichas cláusulas en el coste real del crédito.
En contra de lo que sostienen algunas de las entidades bancarias demandadas en el presente procedimiento, a estos efectos no es suficiente con que el cliente haya tenido la posibilidad de leer la cláusula por haberse incluido en el clausulado general, ni que el notario haya leído la cláusula en voz alta en el momento de la firma del contrato de préstamo hipotecario. Al ser cláusulas susceptibles de producir un efecto sorpresa es exigible una especial llamada de atención sobre la cláusula y su contenido.
En todos los casos examinados la cláusula ocupa un lugar secundario del clausulado contractual, sin realizarse una llamada de atención sobre la misma a pesar de que, al tratarse de una cláusula que afectaba directamente al precio (tal y como se lo había representado el cliente con base en la oferta realizada por la entidad bancaria) debería haber sido objeto de un tratamiento especial. Asimismo, en todos los casos, se inserta entre otros datos que la enmascaran, diluyendo la atención del consumidor sobre la misma.
(Por su amplitud, la descripción de la forma en que se incluyo en el contrato por cada entidad la cláusula suelo aparece en las páginas 60 a 72 de la sentencia, a la cual nos remitimos)
9.5. Examen de la transparencia de las cláusulas suelo al amparo de la acción colectiva de
cesación
Habida cuenta que en el presente procedimiento se ejercita una acción colectiva de cesación el control de abusividad de las cláusulas suelo se ha de realizar con carácter general o abstracto (no vinculado a un caso concreto). En consecuencia, el órgano judicial no puede examinar los acuerdos individuales de las partes, sus características personales ni, en definitiva, circunstancias del caso concreto.
El control abstracto de validez de las condiciones generales de la contratación opera tomando en
consideración lo que puede entenderse como un consumidor medio y las características de las pautas estandarizadas de la contratación en masa. Negar la posibilidad de un control abstracto y obligar a cada consumidor a litigar para que se declare la nulidad de la condición general abusiva supondría un obstáculo difícilmente salvable para la protección de sus legítimos intereses económicos mediante procedimientos eficaces, como les garantiza la normativa comunitaria y la interna, incluida la Constitución (art. 51.1).
9.6. Consecuencias de la falta de transparencia
En el concreto caso de las cláusulas suelo, la falta de transparencia ocasiona al consumidor un perjuicio evidente consistente en la alteración de la carga económica del contrato sobre la que el consumidor creyó haber prestado su consentimiento. La falta de transparencia frustra las expectativas del consumidor que cree estar contratando un préstamo a interés variable cuando, en realidad, contrata un préstamo a tipo fijo mínimo. Esta circunstancia, adicionalmente, impide al consumidor la comparación de los préstamos en el mercado e incluso puede llevarle a error acerca del precio del contrato.
La jurisprudencia del TS recaída con posterioridad ha matizado que la infracción del deber reforzado de transparencia conlleva la abusividad de las cláusulas suelo, puesto que la falta de transparencia produce un desequilibrio en perjuicio del consumidor al privar o dificultar al consumidor la comparación del coste de los créditos ofertados en el mercado por las distintas entidades bancarias, así como de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener la prestación objeto del contrato y porque pueden inducir a error al consumidor en cuanto al precio del contrato.
DÉCIMO.- DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ABONADAS EN APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES LITIGIOSAS
Si bien es cierto que, como regla general, la  nulidad radical o absoluta lleva aparejada la obligación de restitución de las prestaciones recibidas en virtud de la obligación anulada (art. 1303 CC); tal regla general debe ser interpretada en coherencia con los principios generales del derecho y, en particular, el de seguridad jurídica, principios que excepcionalmente pueden justificar la limitación de los efectos de la sentencia declarativa de la nulidad.
La sentencia del TS de 25 marzo 2015 corrobora el criterio de la irretroactividad, y señala que los argumentos tenidos en cuenta por la sentencia de 9 de mayo de 2013, se compadecen con una concepción psicológica de la buena fe, por ignorarse que la información que se suministraba no cubría en su integridad la que fue exigida y fijada posteriormente por la sentencia de 9 mayo 2013; ignorancia que a partir de esta sentencia hace perder a la buena fe aquella naturaleza, pues una mínima diligencia permitía conocer las exigencias jurisprudenciales en materias propias del objeto social.
Es por ello que concluye que, a partir de la fecha de publicación de la de 9 mayo 2013 no es posible ya la alegación de buena fe por los círculos interesados, pues esta sentencia abre los ojos y las mentes de las partes contratantes, pudiendo éstas indagar y esclarecer si las cláusulas suelo insertas en contratos de préstamo con tipo de interés variable, en principio lícitas, carecen de transparencia, no por oscuridad interna, sino por insuficiencia de información, en los términos indicados en dicha sentencia.
10.3. Valoración jurídica
Aplicando la mencionada doctrina jurisprudencial al caso que nos ocupa y partiendo de que concurren idénticas circunstancias de buena fe y riesgo de grave trastorno del orden público económico (riesgo todavía más evidente en el presente caso, habida cuenta el número de entidades
bancarias afectadas); la condena a la restitución de las cantidades abonadas en aplicación de las cláusulas de limitación a la variabilidad de los tipos de interés, se ha de limitar a las cantidades indebidamente percibidas por las entidades bancarias demandadas desde la fecha de publicación de la sentencia del TS de 9 de mayo de 2013.

(NOTA, HAY QUE ADVERTIR QUE ESTA MÁS QUE DUDOSA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO POR EL TRIBUNAL SUPREMO, Y APLICADA EN ESTA SENTENCIA, ESTÁ EN DISCUSIÓN POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. EL ABOGADO DE LA COMISIÓN EUROPEA YA SE PRONUNCIÓ AL RESPECTO Y ADVERTIÓ DE LA ANULACIÓN COMPLETA DE LA CLÁUSULA DESDE AL FECHA DE LA FIRMA DEL PRÉSTAMO)
UNDÉCIMO.- ACCIÓN DECLARATIVA
A los efectos de estimar la acción de cesación y como presupuesto necesario de la misma, se ha procedido a la declaración de las cláusulas suelo como condiciones generales de la contratación en el fundamento jurídico cuarto de la presente resolución.
DUODÉCIMO.- EFECTOS DE LA SENTENCIA ESTIMATORIA
De conformidad con el 221.1.1º LEC se ha de precisar que se verán beneficiados por los pronunciamientos de condena de la presente resolución (y en consecuencia, podrán exigir la supresión de la cláusula suelo y la restitución de las cantidades indebidamente abonadas en aplicación de la misma) todos aquellos consumidores que hayan suscrito un contrato de préstamo hipotecario con las entidades bancarias demandadas y en cuyas condiciones generales de la contratación se haya incluido una cláusula de limitación a la variabilidad de los tipos de interés idéntica a las transcritas en la presente resolución y no transparente.
En este punto se ha de precisar que por cláusulas idénticas ha de entenderse aquellas que, a pesar no de emplear el mismo texto ni las mismas palabras, sean sustancialmente iguales en cuanto a su contenido por producir el mismo efecto en cuanto a la limitación de la variabilidad de los tipos de interés.
FALLO
a) Se declara la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos de préstamo hipotecario suscritos con consumidores idénticas a las transcritas en el punto 1.3 del primer fundamento jurídico de la presente resolución, por falta de transparencia.
b) Se condena a las entidades bancarias demandadas a eliminar las citadas cláusulas de los contratos en que se insertan y a cesar en su utilización de forma no transparente. 
c) Se declara la subsistencia de los contratos de préstamo hipotecario en vigor suscritos por las entidades bancarias demandadas en los que se haya incluido las cláusulas cuya utilización se ordena cesar.
d) Se condena a las entidades bancarias demandadas a devolver a los consumidores perjudicados las cantidades indebidamente abonadas en aplicación de las cláusulas declaradas nulas a partir de la fecha de publicación de la sentencia del TS de 9 de mayo de 2013, con los intereses que legalmente correspondan.
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