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Miércoles, 16 de Agosto de 2017

La Directiva 2013/11/UE sobre resolución extrajudicial de conflictos con consumidores y su transposición en España

Comentarios del catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla La Mancha, Manuel Jesús Marín López sobre la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo

12-05-2016

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Con el fin de incorporar la Directiva, el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad presentó un Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo, en adelante, APL; Anteproyecto que sin embargo, podría resultar deficiente. En palabras de Marín, el legislador español ha dejado pasar una oportunidad espléndida para regular de manera uniforme los propios mecanismos de resolución alternativa de conflictos en materia de consumo – arbitraje y mediación básicamente –. “La forma en que el Anteproyecto regula esta materia es inadecuada. No sólo porque no regula los mecanismos extrajudiciales de regulación de conflictos, sino porque parece priorizar la regulación del acceso de los consumidores a las entidades de resolución alternativa de conflictos, olvidando que la razón de ser de esta normativa es la adecuada protección de los consumidores, y que ese acceso es sólo una forma de ello”.

la insuficiente propuesta normativa

La norma pretende optar por un sistema abierto de resolución de conflictos, en el que podrán coexistir muchas entidades acreditadas en base a la propia ley, bien sean públicas o privadas. Sin embargo, Marín pone de manifiesto que la pretendida apertura de sistema no será real en la práctica. Teniendo en cuenta que sólo pueden acreditarse aquellas instituciones o entidades creadas por ley o reglamento para un sector o supuesto específico, una entidad privada no podrá ser acreditada en España  si la solución con que concluye el procedimiento vincula al consumidor – aunque cumpla los criterios del Anteproyecto –. Por ello, las entidades de resolución alternativa de conflictos que decidan no participar en el procedimiento de acreditación, quedarán fuera de la aplicación del Anteproyecto. 

Según manifiesta Marín “esta solución no es razonable, ni protege al consumidor, pues en esos sistemas de resolución extrajudicial de conflictos no podrían exigirse las garantías derivadas de los principios de libertad y legalidad […] La realidad es que el «nuevo» enfoque del Anteproyecto es inadecuado […]; si los mecanismos concluyen con una solución vinculante para los consumidores – como sucede con el arbitraje -, las entidades que gestionan esos mecanismos han tenido que ser acreditadas mediante ley o reglamento. Esto significa que el arbitraje de consumo será casi el único mecanismo acreditado para resolver conflictos extrajudiciales de manera vinculante para el consumidor”. 

Sometimiento del consumidor voluntario  

Tal y como manifiesta el APL, el acceso a los procedimientos de resolución alternativa de conflictos  serán en todo caso voluntarios para el consumidor, independientemente de que sean vinculantes o no para las partes. Marín manifiesta que el propio TC ya reiteró que el fundamento del arbitraje es la autonomía de la voluntad de las partes. Teniendo en cuenta que implica la renuncia a la jurisdicción estatal, un arbitraje forzoso u obligatorio podría suponer una vulneración a la tutela judicial efectiva. 

Y por ello, en base al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en adelante TRLGDCU, la voluntad de celebrar el convenio arbitral – que en definitiva, es un contrato -, debe constar de forma expresa. El sometimiento a arbitraje no puede prestarse de manera tácita, ni puede deducirse por silencio. 

El sometimiento del empresario al sistema de resolución arbitral puede ser obligatorio  

Para ello se establecen dos requisitos: que ley o reglamento así lo establezca, y que ello no impida al empresario el acceso a la vía judicial. Sin embargo, en base a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, el convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer las controversias sometidas a arbitraje. Por ello, Marín concluye que la imposición al empresario de arbitrajes obligatorios no es conforme a la Directiva, y además es contrario a la Constitución.  Sin embargo, no ocurre lo mismo en el régimen de mediación recogido en el Anteproyecto. Se contempla la mediación como obligatoria también para el consumidor, además de que, siendo obligatoria para el empresario, impide a éste acudir a los tribunales durante tres meses. 

Reclamaciones en el ámbito de la actividad financiera

El Anteproyecto dispone que para la resolución de conflictos de consumo referidos al sector financiero, sólo será acreditada y notificada una única entidad que habrá de ser constituida por ley. Marín manifiesta que el hecho de que exista una única entidad acreditada no impide que pueda acudirse al arbitraje de consumo para resolver estas controversias, ya que “el arbitraje de consumo es un mecanismo no vinculado a un sector específico que sirve para resolver conflictos sobre cualquier materia”, pudiendo incluir también por ello cuestiones relacionadas con la actividad financiera. 

De conformidad con lo que venimos manifestando en cuanto al carácter voluntario del arbitraje de consumo, aunque el acceso a la entidad especializada en resolución de conflictos en el ámbito financiero pueda ser obligatorio para el empresario, si ese conflicto pretender resolverse mediante el arbitraje de consumo, se exige la aceptación voluntaria por ambas partes.

El sometimiento a arbitraje de controversias futuras  

Ya en 1984 se prohibió el sometimiento a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, de cuestiones litigiosas futuras cuando una de las partes del convenio arbitral es un consumidor. La  prohibición trata de evitar que las partes, antes de que surja el conflicto, celebren un convenio arbitral que obligue a las mismas a resolver cualquier controversia futura a través de arbitraje, excluyéndose la vía judicial. Lo mismo ocurre para el caso de las cláusulas predispuestas por el empresario que impliquen el sometimiento a arbitrajes distintos de los de consumo: ya eran consideradas abusivas y nulas conforme al TRLGDCU. 

Sin embargo, con las últimas reformas legislativas, también se incluye el arbitraje de consumo. Marín concluye que hasta el momento en que surja el conflicto, el consumidor tiene que tener la opción de elegir que éste se resuelva vía arbitral o vía judicial. “El consumidor no puede hoy someter a arbitraje las controversias futuras. Pues hoy estaría renunciando a la resolución del conflicto por la vía judicial […] Por muy favorable que sea la visión del arbitraje de consumo, el principio de libertad debe también en este ámbito regir con su máxima plenitud”. 

Sin embargo, la reforma del art. 57.4 TRLGDCU no sanciona directamente la nulidad de los convenios que implican el sometimiento al arbitraje de consumo con anterioridad al conflicto, sino que lo considera no vinculante para el consumidor, pero sí para el empresario. 

El carácter vinculante o no de la resolución que pone fin al procedimiento

La Directiva distingue varios supuestos: en los casos en los que la solución es impuesta o propuesta por un tercero, vinculará a las partes; sin embargo, en los casos en los que existe una propuesta de solución por un tercero, no vincula hasta que no haya sido aceptada – aunque es posible que sí vincule al empresario y se requiera la aceptación del consumidor –; y para los casos en los que las partes alcanzan un acuerdo negociado entre ellas, este les vinculará. 

En cuanto a la legislación española, Marín expone que, de los mecanismos habitualmente utilizados en nuestro país, el procedimiento habitual concluye con un laudo que vincula a las partes, mientras que la mediación no necesariamente termina con un acuerdo entre las partes – aunque si ese acuerdo se logra, vincula con la fuerza propia de los contratos. Se puede concluir a modo general, que la solución alcanzada en un procedimiento extrajudicial de conflictos es vinculante para las partes cuando genera una obligación a favor de una de ellas y en contra de otra que puede ser ejercitada ante los tribunales. 

Sin embargo, el Anteproyecto es muy confuso sobre el carácter vinculante o no de la decisión que pone fin al procedimiento. En palabras de Marín “indistintamente alude al carácter vinculante del acuerdo de someter una controversia a un mecanismo extrajudicial de conflictos, al carácter vinculante de los procedimientos, y al resultado vinculante o no para las partes de la decisión con la que finaliza el procedimiento”. 

LEA EL INFORME COMPLETO EN 

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LOS SISTEMAS DE RECLAMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES (Páginas 43 y siguientes )

 

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