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Miércoles, 28 de Junio de 2017

El control judicial de clásulas abusivas en contratos de crédito al consumo

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea clarifica el papel del juez a la hora de examinar los requisitos y la abusividad en contratos de crédito destinado a los consumidores.

23-05-2016

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Poco a poco la jurisprudencia europea va clarificando los derechos de los consumidores recogidos en diversas Directivas y Reglamentos. Con sus decisiones está poniendo en evidencia el papel del legislador nacional en los diferentes estados. En España conocemos bien la repercusión de las sentencias del TJUE en el ámbito de los préstamos hipotecarios y el control de sus cláusulas abusivas. Las numerosas sentencias dictadas en este ámbito desde hace unos años han obligado al legislador español a promulgar una ley específica (Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios) que tuvo que ser al poco tiempo modificada por indicaciones posteriores de la jurisprudencia europea. Hace poco se dio a conocer una interesante sentencia del TJUE referida a la contratación de créditos al consumo que aborda numerosas cuestiones de interés, y en particular, cuando los consumidores están en un proceso concursal específico para personas físicas.

Las causas del litigio  

El 29 de agosto de 2011, los esposos Radlinger celebraron un contrato de crédito al consumo con Smart Hypo por el que se les concedió un préstamo de 43.000 euros.

Como contraprestación, los esposos Radlinger asumieron numerosos y duros compromisos. Así, se comprometieron a devolver al acreedor 109.500 euros en 120 mensualidades. Este importe comprende el principal del crédito, los intereses sobre el principal a un tipo del 10% anual durante toda la duración del crédito, la remuneración del acreedor por 21.600 euros, y otros gastos por importe de 1.200 euros. La TAE del crédito al consumo ascendía nada menos que al 28,9 %.

Además, los esposos Radlinger se comprometieron también a abonar al acreedor, además de los intereses de demora fijados por la ley, una penalización del 0,2 % del principal inicialmente prestado por cada día o fracción de día de retraso, una sanción de 4.300 euros en el caso de que la demora fuese superior a un mes, y una cantidad de 1.850 euros en concepto de indemnización por “gastos de cobro”.

Por último, el acreedor se reservaba el derecho a reclamar de inmediato la devolución íntegra de los importes adeudados en caso de impago o demora de cualquier mensualidad o en caso de que se revelara que hubiera habido ocultación dolosa de información por parte de los esposos Radlinger.

Ninguna cantidad fue abonada efectivamente a los esposos Radlinger, ya que el crédito se utilizó para liquidar deudas anteriores, así como para pagar al prestamista los gastos del referido crédito, la primera mensualidad y una parte de las mensualidades siguientes.

  Los consumidores entran en un procedimiento por sobreendeudamiento  

Apenas un mes después, el 27 de septiembre de 2011, Finway, a quien Smart Hypo había cedido los créditos que ostentaba frente a los esposos Radlinger, informó a éstos de la exigibilidad inmediata de la totalidad de la deuda, que por aquel entonces ascendía a unos 106.300 euros, basándose en que al celebrar el contrato en su día se había ocultado información esencial. Según Finway, los consumidores habían ocultado el hecho de que se había decretado un embargo de sus bienes por importe de 160 euros.

El 19 de noviembre de 2012, mediante requerimiento Finway instó nuevamente a los esposos Radlinger a abonar la deuda, cuyo importe en esos momento era de 140.500 euros, precisando que esa deuda había pasado a ser inmediatamente exigible porque los interesados no habían procedido debidamente y dentro de plazo al reembolso del crédito.

El 5 de febrero de 2013, los esposos Radlinger solicitaron ante el Tribunal regional que se les declarase en concurso de acreedores puesto que no podían cumplir sus obligaciones. Finalmente, el 26 de abril de 2013 se declaró en concurso de acreedores a los esposos Radlinger, y se designó un administrador concursal e instó a los acreedores a comunicar sus créditos en un plazo de 30 días.

Demanda por abuso en el crédito  

El 23 de mayo de 2013, en el marco del procedimiento concursal, Finway comunicó dos créditos ejecutivos, el primero, por importe de 112.700 euros, garantizado mediante hipoteca, y el segundo, por importe de 50.300 euros, sin garantía y correspondiente a la penalización igual al 0,2% del principal prestado por cada día de retraso, para el período entre el 23 de septiembre de 2011 y el 25 de abril de 2013.

Los esposos Radlinger impugnaron su importe, alegando que las cláusulas del contrato eran contrarios a la norma. De esta forma, interpusieron una demanda en la que solicitaban que se declarase la ilegalidad parcial o total de los créditos comunicados por Finway. El juez  afirma que, en virtud de la Ley concursal checa, el deudor únicamente puede impugnar los créditos no garantizados, y basarse exclusivamente en la prescripción o en la extinción de la deuda.

Las cuestiones que resuelve el TJUE  

Con base a la Directiva 2008/48, sobre créditos al consumo y la Directiva 93/13, sobre cláusulas abusivas, el tribunal checo plantea una serie de cuestiones al tribunal europeo. Así, pregunta si esa limitación que establece la normativa procesal checa respecto a los créditos que puede impugnar el consumidor en un proceso concursal, se opone a la Directiva 2008/48. De ser así, y en segundo lugar, plantea si está obligado el juez a examinar de oficio el incumplimiento de la obligación de información por parte de la entidad que concesión el crédito y a aplicar las correspondientes consecuencias en orden a la posible nulidad de determinadas cláusulas contractuales (las de “devolución inmediata de la totalidad del crédito” y “el pago de sanciones por retraso”). Finalmente, el juez checo plantea qué se entiende por importe total del crédito y qué cantidades deben considerarse incluidas en la TAE, habida cuenta de que los gastos correspondientes a dicho crédito y las dos primeras mensualidades habían sido inmediatamente deducidos del importe del crédito.

El juez nacional debe poder examinar de oficio la abusividad de las cláusulas  

La sentencia confirma que la normativa checa se opone a la Directiva 93/13. Aunque cada Estado miembro establece su regulación procesal, en este caso concreto en materia de sobreendeudamiento de consumidores, esto no debe impedir ni hacer difícil la aplicación del derecho comunitario en defensa de los derechos de los consumidores. Así, la disposición nacional checa que impide que el juez nacional aprecie de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual y que por tanto permite la impugnación por parte del deudor sólo de créditos no garantizados y en base a un número limitado de motivos, se opone a la normativa comunitaria. 

El juez debe poder comprobar el cumplimiento de obligaciones de información e imponer sanciones    

En esta sentencia, el TJUE establece  que la información contractual constituye para el consumidor un derecho de vital importancia. Los consumidores se encuentran en una situación de inferioridad en relación al profesional o empresario y, por tanto, existe el riesgo de que los consumidores, por ignorancia, no apelen a la norma destinada a protegerles. Por ello, debe ser el juez quien se pronuncie de oficio sobre el cumplimiento de las exigencias de la Directiva 2008/48 en materia de información a los consumidores. Una vez comprobado el incumplimiento, impondrá la sanción determinada por el Derecho nacional que además de disuasoria, debe ser efectiva y proporcionada. 

El importe total del crédito no incluye sus gastos  

Respecto a lo que se debe entender por “importe total del crédito”, esta sentencia recuerda que la Directiva sobre crédito al consumo lo define como el importe máximo o la suma de todas las cantidades puestas a disposición del consumidor. Por otra parte, el concepto de  “coste total del crédito” hace referencia a todos los gastos que el consumidor deba asumir en relación con el crédito. Ambas definiciones son diferentes y excluyentes. La consecuencia es que no cabe incluir en dicho “importe” aquellas cantidades destinadas a pagar los compromisos asumidos para la obtención del crédito, tales como gastos de gestión, intereses, comisiones o cualquier otro tipo de gastos. Además, añade esta sentencia, la inclusión en el “importe del crédito” de cantidades que pertenecen en realidad al “coste” del mismo conlleva una infravaloración de la TAE y por tanto, incumplimiento de la obligación de la información veraz al consumidor. 

Indemnización al acreedor desproporcionadamente alta  

Respecto a la indemnizacion impuestas a los prestatarios que incumplen sus obligaciones, el Tribunal establece que para apreciar la desproporción hay que evaluar el efecto acumulativo de todas las cláususulas que figuren en el contrato. Y ello, con independencia de que el empresario exija efectivamente su pleno cumplimiento.  Si el juez aprecia abusividad, en tal caso el órgano judicial debe dejarlas sin aplicación, a fin de que no produzca efectos vinculantes para el consumidor. 

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