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Lunes, 16 de Septiembre de 2019

Elecciones 2011: La burbuja inmobiliaria amenaza con regresar y sigue sin haber una verdadera política fiscal para los pequeños ahorradores

Las programas de vivienda, especialmente los de los partidos mayoritarios, parecen reavivar el fantasma de la burbuja inmobiliaria, que no ha acabado de pincharse aunque lo intenten negar. Además, en materia fiscal, los pequeños ahorradores siguen siendo los grandes olvidados por todas las formaciones políticas.

10-11-2011

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La política de vivienda y la fiscalidad para el ahorro son dos de los focos de interés de ADICAE y la defensa de los consumidores. En este sentido, hemos repasado los programas electorales de las principales formaciones políticas (tras los análisis ya realizados sobre hipotecas y entidades financieras) buscando sus propuestas. Dos son nuestras conclusiones principales: la burbuja inmobiliaria asoma la cabeza en los programas de PSOE y PP y sigue sin proponerse una verdadera política fiscal que beneficie a los pequeños ahorradores.  

¿Quieren volver a la burbuja inmobiliaria?

Ya en el debate electoral, los líderes de PSOE y PP se echaron mutuamente la culpa por los estragos de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, ambos parecen volver a invocarla en sus programas, olvidando que ésta no ha acabado de pincharse nunca y que, aunque no esté en su época de mayor esplendor, nunca llegó a desaparecer del todo. De hecho, las condiciones que hoy en día ofrecen las entidades financieras en sus préstamos hipotecarios siguen siendo muy similares a las que había en pleno auge de la burbuja.

En materia de vivienda, el programa del PSOE habla de rehabilitación y de potenciar el alquiler, aunque aseguran haberlo hecho ya, cosa que no se ha producido. Quieren usar el alquiler para dar salida al stock de vivienda existente y evitar “sentar las bases de otra burbuja inmobiliaria”. Olvidan, como decíamos, que la burbuja inmobiliaria aún no se ha pinchado realmente y, además, no establecen ningún mecanismo que garantice un precio accesible y consiga, de una vez por todas, pinchar la burbuja.

En el caso del PP retoma criterios propios, precisamente, de la burbuja inmobiliaria, al volver a establecer las deducciones en vivienda, dado que parece volver a considerar ésta como un bien de inversión. De hecho, la OCDE ya dijo hace años que una de las causas de la burbuja eran precisamente las deducciones en vivienda. Cosa diferente podría ser que éstas se realizaran solo a quienes más lo necesitan. Así, el PP anuncia en su programa que aplicará el IVA superreducido a la compraventa de viviendas habituales, ratificando así una decisión fiscal tomada por el gobierno de Zapatero y que, sin embargo, Bruselas ya ha criticado y pedido que el IVA de vivienda nueva vuelva a subirse.

Además, siguen apostando por la rehabilitación de viviendas, dándoles protagonismo así a las constructoras para que participen de la recuperación económica, lo que podría dar también un nuevo impulso a la burbuja inmobiliaria.

Finalmente, respecto al alquiler, hablan de planes para “aquellos que tienen mayores dificultades de acceso a la vivienda, teniendo en cuenta criterios objetivos como la renta per cápita del hogar”. De esta forma, se observa una excesiva limitación del fomento del alquiler, por mucho que se hable de “programas de arrendamiento bonificado con opción de compra una vez que se dejen de cumplir los criterios de acceso al alquiler subvencionado” ya que, si las condiciones de acceso son muy restrictivas, serían aún muchos los que tuvieran serias dificultades a este respecto. Si no, estaríamos creando dos tipos de ciudadanos en base a los medios de cada uno.

Las ofertas electorales en vivienda siempre han sido un truco

También Izquierda Unida recoge en su programa un parque público de viviendas en alquiler dentro del epígrafe “Garantizar el derecho constitucional a la vivienda”, a través de la adquisición del stock existente por parte de las Administraciones Públicas, lo que lastraría sin embargo a éstas, llenándolas de activos tóxicos.

En cuanto a UPyD, también quieren orientar las inversiones públicas hacia la vivienda de protección pública en alquiler. No obstante, su propuesta es bastante indefinida, incluso para tratarse de un programa electoral.

Bastante más extensas son las propuestas de Compromís en torno a la vivienda: mantenimiento de la desgravación fiscal del 15% de las cantidades abonadas para disponer de una vivienda (sea de propiedad o de alquiler), establecimiento de un impuesto progresivo sobre las viviendas desocupadas, aplicación del tipo superreducido del 4% de IVA en las adquisiciones de viviendas nuevas y en las obras de rehabilitación y reconstrucción, promoción pública de la vivienda en alquiler, alquiler de pisos tutelados o asistidos, políticas de viviendas adaptadas para colectivos con necesidades específicas, etcétera.

Igualmente extenso es el programa de CiU en esta materia. La formación política se marca tres objetivos a este respecto: mejorar el acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades (jóvenes, tercera edad, dependientes, rentas bajas, familias numerosas y monoparentales) mediante el estímulo del alquiler, facilitar al ajustamiento del mercado de vivienda y transferir a la Generalitat los fondos y las políticas de vivienda de la Administración central. 

Por último, ERC se muestra también defensor del alquiler y EUIA-ICV habla de la vivienda como “un derecho social fundamental”, por lo que considera que hay priorizar fiscalmente el alquiler vía IRPF, favorecer fiscalmente la rehabilitación y penalizar la vivienda permanentemente vacía y mal conservada, además de movilizar los suelos y viviendas en manos de las entidades financieras en beneficio de políticas sociales de suelo y vivienda.

Fiscalidad: los pequeños ahorradores vuelven a ser los grandes olvidados

Para el PSOE, “la fiscalidad es el instrumento principal para la necesaria financiación del Estado del Bienestar y la inversión pública”. Por eso, consideran que el sistema fiscal “debe ordenarse conforme a los principios de eficiencia, progresividad y suficiencia”. Éste es el resumen de la apuesta fiscal que recoge el programa socialista que propone, entre otras medidas: modificar el Impuesto de Sociedades para que todas las empresas, independientemente de su tamaño, “paguen tipos efectivos similares y más cercanos al tipo nominal”. A este respecto, además, el programa habla de “introducir algún tipo de regulación en los sistemas de remuneración a los directivos de grandes empresas”.

Además, el PSOE propone crear un impuesto sobre los beneficios de las instituciones financieras, similar a los existentes en Suecia, Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal o Austria, para que “las empresas que más beneficios han obtenido en el anterior ciclo expansivo para que ahora contribuyan a financiar medidas encaminadas a favorecer la creación de empleo, reactivar la economía y salir de la crisis”. Sobre él, dice que deberá implantarse, cuando las instituciones financieras hayan finalizado el proceso de reestructuración al que están sometidas para reforzar su capital y cumplir con los nuevos requisitos impuestos por los organismos reguladores y supervisores. ¿Cuándo terminarán de reestructurarse? ¿Cómo garantizará el PSOE que este impuesto no repercutirá en los consumidores?

En cuanto al Partido Popular, la propuesta de la fiscalidad para el ahorro es uno de los aspectos que destacan de su programa, en el que se comprometen a una nueva deducción en el IRPF por el “incremento anual en el ahorro”. No detallan nada más, pero la mención al “incremento” sugiere que esta deducción podría ser progresiva en función de lo que haya ahorrado más de un ejercicio respecto del siguiente. ¿Quién podría beneficiarse de una medida así? Desde luego, no los pequeños ahorradores, que ahorran para hacer frente a los imprevistos y no enfocados a la inversión, especialmente en esta época de crisis. De hecho, el “Estudio sobre los hábitos de ahorro del consumidor en España” realizado por ADICAE reveló que un 26% no dispone de ahorros y que el 81% ha ahorrado o ha podido ahorrar en 2011 menos que en 2010; porcentaje que se va reduciendo conforme consideramos solo las rentas más altas, lo que demuestra que una medida como ésta solo beneficiaría al capital.

El PP insiste, además, en la reforma de los Planes de Pensiones, una ruina para los ahorradores cuya evolución es cada vez más negativa y que cuentan con la desgravación fiscal como única ventaja. Ventaja ésta que, precisamente, propone limitar EQUO en su programa. En este sentido, es necesaria una reforma para hacer este producto real y efectivamente atractivo para los ahorradores, sin que suponga una sangría para ellos, y deben ponerse medidas para que deje de ser únicamente un negocio para las entidades financieras y un medio para atrapar durante años a los consumidores.

Acercar la tributación de trabajo y capital no es suficiente: quien menos gane debería pagar menos

Compromís, sin embargo, en política fiscal se decanta por establecer un impuesto para grandes fortunas y para grabar las transacciones financieras especulativas, siguiendo el modelo de la Tasa Tobin, una tasa que es también defendida por el PNV, quien propone además acercar la tributación de las rentas de capital al Impuesto de Sociedades. En la misma línea, acercar la tributación de las rentas del trabajo y el capital es otra consigna que se repite en los programas de Nafarroa Bai, CiU y EUIA-ICV.

Esta última formación habla también de una reforma fiscal “para un sistema más justo y equitativo que nos iguale a la media europea” así como de grabar los niveles más altos de renta y establecer un nuevo impuesto sobre la riqueza.

Finalmente, CiU busca reactivar la economía a través de la fiscalidad, además de con las medidas anteriormente mencionadas, mediante la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y su sustitución por otro impuesto solidario sobre las grandes fortunas.

En definitiva, ninguno de los partidos políticos plantea una verdadera reforma fiscal que premie el esfuerzo y sacrificio de los pequeños ahorradores y que tenga en cuenta las mayores dificultades que los salarios más bajos tienen para ahorrar algo a final de mes. Quien menos gane, también debería tributar menos por su ahorro.

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