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Los notarios también sangran a los consumidores hipotecados

No sólo los bancos y cajas se aprovechan de los consumidores con hipotecas y les sangran con gastos y comisiones infladas y abusivas. A ellos se unen exclusivistas como los notarios y los registradores de la propiedad. La sangría se produce principal, aunque no únicamente, en los gastos que cobran de más al final de la vida de la hipoteca, cuando se ha pagado por completo. Además, lo hacen a sabiendas de que no deben hacerlo ya que, desde 2007 existe una normativa que fija el máximo de comisiones a percibir y, sin embargo, han continuado haciéndolo.

29-11-2011

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Según el Ministerio de Justicia, los aranceles máximos que los notarios pueden cobrar cuando se finaliza la hipoteca no superan los 55 euros y, en el caso de los registradores, ese
importe alcanza los 24 euros. Estas dos cantidades se encuentran muy alejadas del promedio de gastos que en conjunto cobraban a los consumidores y que se acercan a los 200 euros. Además, según el Ministerio, sólo pueden cobrar por ese motivo y no por otros conceptos adicionales que incluían en sus minutas.

Desde 2007 la Dirección General de Registros y del Notariado, integrada en el Ministerio de Justicia, tenía publicadas estas tarifas, pese a lo cual, tanto los notarios como los registradores cobraban otros precios que, en ocasiones, superaban en más de tres veces el importe global. Incluso cobraban por conceptos como el envío de un fax al registro (30 euros), algo que, además de no estar autorizado, tiene un precio en cualquier establecimiento que no supera los tres euros.

Decreto Ley para obligarles a no cobrar de más

Pese a tratarse de cantidades relativamente pequeñas, el cobro sistemático de las mismas ha llevado a que el Ministerio de Justicia aclarase a los notarios y registradores a través de un Real Decreto del pasado 17 de noviembre, el máximo que pueden percibir y cuáles son los gastos que pueden repercutir a los consumidores y cuáles no.

Entre los que quedan fuera destacan los que cobran por diligencias de catastro, certificaciones bancarias, certificaciones de cargas, búsqueda de antecedentes, información registral, o el mencionado envío de faxes, todos ellos conceptos que no están respaldados por la legislación y que podían oscilar entre los 18 euros, en el caso de los gastos de catastro y los 60 euros, por una certificación bancaria.

El cobro de más que han venido aplicando los notarios y los registradores desde 2007 se ha realizado pese a las advertencias del Ministerio de Justicia y a la existencia de resoluciones judiciales en su contra.

En el caso de los registradores de la propiedad, esos gastos inflados de más eran de menor cuantía que en el caso de los notarios, pero no por eso menos indebidos. Así cobraban, por ejemplo, 6 euros por las certificaciones telepáticas y 24 euros por la certificación gráfica y catastral.

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