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Miércoles, 16 de Agosto de 2017

Ángel Dolado: "Si hay estrategias para colocar preferentes y productos de alto riesgo sin información clara, estaríamos ante delitos de los que serían responsables los Consejos de Administración"

El presidente de la Asociación Judicial 'Foro Judicial Independiente' y juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, indica en esta entrevista concedida a ADICAE que podría haber “presuntas estafas” en la comercialización de productos de riesgo a pequeños ahorradores. Además hace un amplio repaso por cuestiones tan importantes para los consumidores como la nueva ley de tasas, la reforma de la legislación hipotecaria o los procesos judiciales abiertos contra los gestores de las cajas de ahorros quebradas.

23-01-2013

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En España existen flagrantes abusos hipotecarios por parte de la banca. Uno de ellos son las cláusulas suelo, contra las que ADICAE ya ha ganado varias sentencias en juzgados de diferentes provincias. La ley es clara en este sentido, ya que marca que para que no sean abusivas debe haber reciprocidad entre el suelo y el techo. Sin embargo el Banco de España emitió en 2010 un informe 'justificándolas' (contrainforme de ADICAE). ¿Cree que se extralimitó? ¿Cree que una mejor regulación por parte del Banco de España y del Ministerio de Economía de estas cuestiones limitarían la judicialización de estos casos?
La jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales (no hay sentencia del Tribunal Supremo al respecto) es contradictoria  en el sentido de los fallos y de sus razonamientos en las cláusulas suelo, aunque predominan las que las consideran abusivas por la absoluta desproporción con las cláusulas techo. Por tanto ni la ley es clara ni el informe del Banco de España de 2010 cerró la polémica jurídica. Además, la labor de interpretar las leyes corresponde a juzgados y tribunales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara que una cláusula abusiva que figure en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional “… no vinculará al  consumidor”. Pone de relieve que es una disposición imperativa que, habida cuenta de la inferioridad de una de las partes del contrato, trata de reemplazar el equilibrio formal que éste establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas.

Hablemos ahora de los dramáticos procesos de ejecución hipotecaria, que acaban en el bochornoso desahucio. ¿Es partidario de impulsar una moratoria real, más allá de la exigua aprobada por el Gobierno, a los procesos judiciales de embargo para que se pueda realizar un amplio debate político, jurídico y social en torno a la Ley Hipotecaria?
El actual Real Decreto Ley de noviembre de 2012 es insuficiente para abordar el tema de los desahucios, pero ha supuesto un momentáneo alivio a los problemas de los lanzamientos en ejecuciones hipotecarias ya que los secretarios judiciales y los jueces están dando audiencia a los deudores para analizar su situación concreta. Aunque para modificar la Ley Hipotecaria se están manejando parámetros de macroeconomía por el tema de las cédulas hipotecarias, dejando en un segundo plano el problema de las personas, creo que el amplio debate político, jurídico y social es imprescindible y ha de resolverse en los dos años de moratoria que tenemos con el actual Real Decreto Ley, porque de lo contrario, el problema solamente lo hemos diferido en el tiempo. Entre tanto el plan de viviendas sociales para desahuciados desde 2008, será positivo si las entidades financieras actúan con buena fe y criterios sociales.

En los contratos con entidades financieras y de crédito apostaría por un Arbitraje previo obligatorio antes de acudir a los tribunales

En los últimos años ha habido jueces que han sabido interpretar la legislación para dictar sentencias a favor de los hipotecados. ¿Cuáles han sido estas sentencias y qué consecuencias reales han tenido en la legislación hipotecaria actual?
Las sentencias vanguardistas de los Juzgados de Estella, Torrejón, Elche y Barcelona y las Audiencias Provinciales de Pamplona y Gerona entre las más conocidas, donde los jueces sorteaban en el silencio de sus despachos la dura ley de ejecución hipotecaria con resoluciones innovadoras en las que retrataban situaciones de enriquecimiento injusto, abuso de derecho, prácticas parecidas a la usura e indefensión en el procedimiento de ejecución de los desahuciados frente a los bancos, son las que han puesto a la judicatura al frente de un movimiento de cambio en el tema hipotecario. Pero, sin lugar a dudas, es importante que se resuelva la cuestión prejudicial comunitaria planteada por el juez de lo Mercantil nº 3 de Barcelona José María Fernández Seijó, ante el Tribunal de la Unión Europea, en la que se cuestiona el procedimiento de Ejecución Hipotecaria y los derechos de los consumidores. Seguramente, dicha sentencia será la que provoque  necesariamente una reforma en la ley hipotecaria y en la Ley de Enjuciamiento Civil.

¿Qué reforma de la Ley Hipotecaria sería la ideal para usted? 
Es difícil explicar en pocas palabras, una reforma ideal de la Ley Hipotecaria, pero sí podría apuntar una serie de soluciones técnicas que ahora no tenemos los jueces y que en la reforma deberían ser ley:

-  Incentivar la renegociación de la deuda estableciéndose exenciones fiscales para cualquier tipo de novación, configurando una fase de mediación obligatoria con carácter previo a la iniciación del proceso de ejecución, limitando las comisiones bancarias que se pueden cobrar en la refinanciación.

-  Establecer el derecho del deudor a acogerse a períodos de carencia pagando solo intereses si se trata de la vivienda habitual.

- Incentivar la continuidad del deudor en la posesión de la finca después de la ejecución como arrendatario con una renta social o como comodatario con beneficios fiscales a favor del acreedor o rematante en IBI, Impuesto de Sociedades o Transmisiones Patrimoniales. 

-  Favorecer la dación en pago de mutuo acuerdo estableciendo exenciones fiscales.

-  Forzar al acreedor a la aceptación de la oferta de la dación en pago, subiendo el valor de adjudicación en caso de quedar la subasta desierta.

-  Incrementar el tipo mínimo de adjudicación al acreedor en torno al 80% de la garantía hipotecaria.

-  Limitar legalmente los intereses de demora y las cantidades a reclamar por costas y gastos.

-  Reconocer al deudor ejecutado un derecho a participar en las plusvalías del acreedor en caso de venta posterior por encima del tipo de adjudicación.

-  Reforzar el régimen de publicidad de las subastas con las nuevas tecnologías.

-  Facilitar la financiación de las compras en subasta estableciendo la posibilidad de subrogación del rematante en la deuda pendiente en el momento del impago.

Incentivar el abandono de la posesión por parte del ejecutado y su participación en el proceso de venta estableciendo beneficios al deudor colaborador.

”La ley de tasas judiciales es un atentado parlamentario contra los derechos de los consumidores”

Los procesos de Justicia colectiva para los consumidores están todavía sin desarrollar en España. ADICAE ha presentado demandas colectivas, pero hay muchas dificultades para que estos procesos avancen adecuadamente. ¿Por qué no funciona la Justicia colectiva para los consumidores en España? ¿Qué reformas propondría usted para mejorar esta situación?
La LEC 1/2000 apostó por el ejercicio procesal de las acciones colectivas, con la posibilidad de que otros consumidores se sumaran a procesos que ya se hallasen en tramitación. Sin embargo, aunque la ley sea buena, nos encontramos con la realidad diaria de los juzgados españoles, sobresaturados de trabajo, con insuficiencia de medios personales y materiales; así como una serie de formalismos procesales hipergarantistas que hacen inviable la celebración de estos juicios en tiempos razonables y con sentencias rápidas. Además, en el problema de la comercialización de los 'swaps' tenemos la cuestión jurídica de si se han vendido a inversores o a ahorradores, si se ha informado suficientemente de su contenido, e incluso, si se ha confeccionado o no, una entrevista por las entidades financieras para conocer el perfil del inversor, lo que dificulta la naturaleza misma de la acción (individual y/o colectiva), con lo cual las acciones individuales se están resolviendo mucho antes que las colectivas, la mayoría pendientes de celebración de macrojuicios ordinarios. 

Como propuestas de mejoras, debería establecerse que las sentencias del Tribunal Supremo que declaren la nulidad de estos contratos-tipo o de adhesión de una entidad aseguradora o financiera concreta, conllevará la nulidad de todos los contratos suscritos con sus clientes, salvo convalidación del propio cliente. De esta forma no se jugaría con los consumidores de productos complejos, ya que para mí estamos ante “presuntas estafas” y no ante meros ilícitos civiles.

¿Considera que con las nuevas tasas judiciales los consumidores y la 'gente corriente' vamos a tener más dificultades para acceder a la Justicia? Fue una de las conclusiones de la jornada 'La Justicia y los Consumidores', que ADICAE celebró recientemente...
La actual ley de tasas judiciales es un atentado parlamentario contra los derechos de los consumidores y las clases medias de este país, ya que en un mes de aplicación estamos viendo cómo se está impidiendo el acceso a la tutela judicial efectiva en las distintas instancias judiciales. El número de demandas en las jurisdicciones civil, social y contenciosa está disminuyendo en torno a un 25%, si bien, es pronto para hacer una valoración estadística.

En el tema de los consumidores es especialmente preocupante porque en la ejecución judicial de laudos arbitrales hay que pagar tasa; y en el ejercicio de acciones colectivas, la cuantía variable y desproporcionada del 0,5 % de lo reclamado hará inviable la presentación de estas demandas, por lo que considero que en este aspecto la ley es claramente inconstitucional y espero que el Tribunal Constitucional adopte la medida cautelar de su suspensión cuando resuelva el recurso de inconstitucionalidad anunciado por algún partido político.

¿Cree necesario el desarrollo de un sistema extrajudicial de resolución de conflictos, al estilo del Arbitraje de Consumo, en el que se obligue a participar a las entidades financieras y de crédito?
Los medios alternativos de conflicto como la mediación y el Arbitraje deberían estar más generalizados en España, sobre todo porque los juzgados españoles están colapsados en gran parte del territorio y no dan respuesta en tiempo razonable. Por tanto, en los contratos con entidades financieras y de crédito apostaría por un Arbitraje previo obligatorio antes de acudir a los tribunales y, si al final, se va a la Justicia ordinaria y la entidad financiera pierde, debería además de las tasas y las costas procesales, pagar los gastos que la Administración de Justicia ha puesto para resolver ese conflicto, con lo que evitaríamos la reiteración de cuestiones iguales ya resueltas.

”El poder político no quiere tener ningún control de legalidad”

Uno de los graves problemas de nuestra sociedad actual es el sobreendeudamiento familiar. En muchos países desarrollados existen procesos similares a la Ley Concursal específicos para que las familias en apuros puedan reordenar su economía, incluso con calendarios de pagos tutelados por un equipo judicial. En España, sin embargo, no existe nada de esto. ¿Es partidario de impulsar una Ley de Sobreendeudamiento familiar o bastaría con reformar el proceso concursal para que las familias puedan acogerse a él con más facilidad? ¿Cómo lo haría usted?
Los jueces especialistas de lo mercantil llevan más de 8 años demandando una Ley de Sobreendeudamiento de las personas físicas, como ocurre en Francia. No basta con una reforma de la Ley Concursal actual, es preciso una específica para las personas físicas, en la que el juez del concurso tenga facultades para poner orden en la economía de esa persona, si ha actuado con criterios de prudencia y buena fe. Pero no basta con tener una buena y nueva ley, si luego un juez mercantil, que según el Consejo General del Poder Judicial debe ver 22 concursos de acreedores al año, lleva 150 o más, como sucede en la actualidad, porque entonces la insatisfacción es total. Volvemos a incidir en la necesidad del doble de jueces que tenemos en este momento, y que la clase política nunca ha querido acometer porque así debilita al propio poder judicial por una ineficacia claramente diseñada desde el poder político.

Actualmente existen cinco procesos judiciales abiertos contra los gestores de las cajas de ahorros quebradas y rescatadas por el Estado. Procesos en los que ADICAE forma parte de la acusación. Desde el punto de vista de un juez, ¿cómo se desligan las decisiones políticas de las meramente económicas que se han tomado en estas cajas de ahorros? 
La pregunta es sumamente compleja pero lo que podemos tener claro es que si hay estrategias en entidades financieras para colocar participaciones preferentes, deuda subordinada y productos de alto riesgo inversor sin una clara información a los ahorradores, entiendo que estaríamos ante hechos delictivos de los que presuntamente serían responsables los miembros de los Consejos de Administración de dichas entidades financieras.

Usted preside el Foro Judicial Independiente. Explique cuales son las labores y objetivos de esta agrupación judicial.
Como presidente nacional de la Asociación Judicial 'Foro Judicial Independiente' tengo el honor de representar, con 310 jueces, a la más joven de las asociaciones  implantadas en toda España. No hemos nacido para complacer a ningún partido político ni aspiramos a cargos públicos o judiciales, nuestro objetivo es defender los intereses individuales y colectivos de los jueces, teniendo como principio básico que la independencia judicial sea de verdad la garantía última de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, y que un poder judicial verdaderamente independiente pueda ejercer el control jurisdiccional sobre hechos delictivos que presenciamos en materia de corrupción política, delincuencia económica organizada, recortes injustificados de derechos sociales, etc.

¿Cree que se ha corrompido deliberadamente el principio de responsabilidad de los poderes públicos que marca el artículo 9 de la Constitución Española?
Como ciudadano tengo la impresión que el fenómeno de la corrupción generada por los poderes públicos ha sido tan extensa porque creo que han fallado los sistemas de fiscalización que tenemos en España: intervenciones en Ayuntamientos, en Comunidades Autónomas, en Diputaciones Provinciales; tardía actuación de Tribunales de Cuentas, ineficacia del Banco de España, deliberada insuficiencia de medios materiales y personales  en la Inspección de Hacienda y en la Administración de Justicia… Todo ello conforma una tormenta perfecta para concluir que lo que quiere el poder político es no tener ningún control de legalidad.

 

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