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Miércoles, 21 de Noviembre de 2018

La bajada de tasas interbancarias en las tarjetas que propone la Comisión favorecerá al gran comercio y a la banca, no a los consumidores ni a los pequeños comerciantes

Para no repetir en toda Europa lo ocurrido en España del 2006 al 2010 deberían bajar los precios al consumo y todas las comisiones bancarias. ADICAE da la bienvenida a la prohibición de recargos por pagar con tarjeta y a la reducción del límite de responsabilidad de los usuarios por el fraude en tarjetas, aunque llama la atención que no se elija para ello también la fórmula del Reglamento (de aplicación directa) y se opte por la Directiva.

24-07-2013

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La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE) valora las propuestas de reforma de las directivas de medios de pago y de reducción de las tasas interbancarias aprobadas por la Comisión Europea como medidas que favorecerán al gran comercio y a la propia banca, no a los consumidores ni a los pequeños comerciantes, por lo que se opondrá a las mismas ante las diversas instituciones europeas que han de informar, debatir y convertir en normas dichas iniciativas (Consejo Europeo, Parlamento, CESE, etc.), reclamando medidas y regulaciones que garanticen los supuestos efectos positivos sobre los usuarios que la Comisión destaca y que ADICAE viene reivindicando desde hace años, especialmente en relación a una regulación de los costes que los consumidores pagan en materia de comisiones bancarias.  

ADICAE entiende que la nueva directiva y el reglamento propuestos, que responden exclusivamente al 'lobby' del gran comercio, no introducen garantías para que el comercio traslade a los consumidores y repercuta en menores precios los ahorros que logrará de tasas, estimados por la Comisión en más de 4.000 millones de euros al año. Tampoco ofrecen la más mínima seguridad para que los bancos no suban sus comisiones y tipos de interés a los consumidores para compensar de este modo la reducción de las tasas que cobran al comercio.

Al contrario, la reducción de tasas interbancarias, al 0,2% para las tarjetas de débito y al 0,3% para las de crédito será obligatoria nada más aprobarse por el Consejo y el Parlamento europeos en las operaciones transfronterizas, y a los dos años en todas las operaciones nacionales, porque la Comisión la fijará mediante un Reglamento. Sin embargo para los cambios en la regulación de medios de pago electrónicos, por Internet y móviles, el ejecutivo europeo propone Directivas, que no son de aplicación directa e inmediata y requieren un proceso de transposición y aplicación por los estados miembros, y no aborda las comisiones que soportan los consumidores. 

La Comisión expresa en su texto supuestos beneficios para los consumidores pero elude abordar los perjuicios que de una medida equivalente se derivaron en España para los consumidores. La propia Comisión reconoce en la página 7 de su reglamentación que el mayor beneficio será para los grandes comercios, mientras en página 8 admite que el comercio puede no trasladar todo el ahorro y solo confía en una potencialidad, la de que pueda hacerlo gracias a una supuesta mayor competencia, cuando los estudios de ADICAE indican con datos y estadísticas de la OCDE que el comercio está en toda Europa tan poco abierto a la competencia como la banca , especialmente en España, donde se va a repetir la experiencia sufrida por los consumidores hasta el año 2010. 

Por ello, ADICAE advierte de que en la actual redacción, y sin medidas de protección específicas para los usuarios,  los consumidores de toda Europa se ven expuestos al riesgo de que se repita lo sucedido en España tras el acuerdo de bajada de tasas forzado por el Gobierno el año 2005 hasta el 2010. En este periodo los comerciantes españoles se ahorraron más de 3.000 millones de euros en sus pagos a los bancos, sin trasladar esa ventaja en menores precios a los consumidores. Pero además los bancos se resarcieron de esa merma de ingresos en cantidades muy superiores con subidas de comisiones diversas y tipos de interés de las tarjetas, por lo que los consumidores terminaron pagando varias veces dicha rebaja de tasas, según reveló un reciente estudio de ADICAE.

Frente a estas propuestas, y para no repetir en toda Europa lo ocurrido en España del 2006 al 2010, ADICAE considera necesario que se garantice que de la regulación de la UE se deriva una bajada en los precios al consumo y en todas las comisiones bancarias. Por eso solicitó el pasado mes de junio a diversas instituciones europeas, y reclama ahora, que la Comisión renuncie a imponer nuevas bajadas de las tasas de intercambio y descuento en las tarjetas de débito y crédito si la medida no va unida a una regulación y control de los costes y tipos de interés que los consumidores soportan en el uso de tarjetas y en general el conjunto de medios de pago electrónicos.

Los objetivos de la regulación europea son similares a los de la reducción española impulsada por el Gobierno en 2005: bajar los precios, aumentar la convergencia y la competencia y favorecer la eficiencia y la innovación de los pagos electrónicos, etc. Pero la experiencia española mostrada por el estudio de ADICAE fue justo en sentido contrario en todas y cada una de esas direcciones.

Además ADICAE señala que  los  documentos ahora aprobados por la Comisión carecen de consistencia con otras políticas y objetivos de la Unión Europea, pues aunque en el Reglamento se hace la salvedad de los artículos de los Tratados que sitúan el beneficio de los consumidores incluso por encima de la competencia, lo cierto es que las medidas previstas lograrán nuevamente dañar a los consumidores en beneficio de otros intereses y con perjuicio de los intereses generales de la actividad económica, el empleo o la lucha contra la economía sumergida para que los contribuyentes no sufran mayores cargas fiscales. 

Por ello la Asociación, después de que la Comisión haya echo caso omiso a las advertencias sobre los efectos que pueden sufrir los consumidores, se dirigirá al Parlamento y al Consejo de la UE requiriendo la incorporación de medidas de garantía para los usuarios.

Los perjuicios atribuidos por el estudio de ADICAE al acuerdo de reducción de tasas impulsado por el Gobierno en el 2005 para reducir las tasas de intercambio y descuento en los casi 70 millones de tarjetas de crédito y débito se centran principalmente en:

•     Mayores subidas de precios al consumo: aquella bajada de tasas equivalió al 1,22% de las ventas del comercio español, cuyos precios subieron en cambio un 25% más que en la Eurozona.

•     Precios también más alcistas de los servicios financieros pagados por los consumidores, que subieron en España un 27%, casi cinco veces más que en toda la Eurozona, donde apenas se encarecieron un 8% desde el 2005.

•     Inferior consumo privado, crecimiento económico y empleo derivados de un menor desarrollo de los pagos con tarjeta respecto al efectivo, con daños colaterales al sector de pagos electrónicos y, paradójicamente, a los bancos e incluso, al final, a los propios comerciantes que reclaman la reducción de tasas. Desde 2008, año en que empezó la crisis, hasta 2012 esas tres aportaciones macroeconómicas de las tarjetas fueron en España una cuarta menores que la media mundial.

•     Mayores impuestos y menores prestaciones sociales, como consecuencia de que el consiguiente avance de los pagos en efectivo favorece el crecimiento de la economía sumergida. La pérdida de impuestos que esta supone lleva al Estado a elevar la presión fiscal de los consumidores como contribuyentes, así como a recortarles prestaciones y servicios sociales.

•     Retroceso en las convergencias España-Eurozona de márgenes comerciales, donde se ha abierto una brecha equivalente al 5% de las ventas en el comercio minorista y 6% en restaurantes y gasolineras, aunque superó al 30% en joyerías, 17% en transporte de viajeros y 13% en telecomunicaciones, con sólo el 1,3% en los súper.

•     Mejora de la rentabilidad para atenuar la crisis del comercio: mientras la industria y la energía españolas mermaron su rentabilidad media un tercio (de 3,7 a 2,9 a puntos respecto a sus niveles respectivos del 9,8% y 8,9% en el 2005), el gran comercio y la hostelería solo la ha visto reducida en cuarta parte (2,6 puntos sobre su 10,3% de rentabilidad exhibida el año 2010) pese a la fuerte caída de las ventas totales.

•     Menor competencia del comercio e infracciones contra ella. La bajada de tasas del 2010 fue un acuerdo de concertación de precios y ha frenado la competencia del comercio, el sector menos abierto a ella, según reflejan los índices comparativos internacionales. Así lo reafirma el que, además de elevar los precios tras el compromiso de bajarlos, no contribuyó a mejorar la producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios, ni a promover el progreso técnico o económico, afectado en España más que en otros países de la Eurozona donde no se impusieron tales reducciones de tasas. 

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