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Domingo, 27 de Mayo de 2018

ADICAE lleva al Parlamento un proyecto de ley completa sobre Defensa Colectiva de los consumidores; urge ignorar ya las trabas de la banca

Ya está en el Congreso de los Diputados el pliego de alegaciones elaboradas por ADICAE para la Ley de Defensa de los Consumidores ahora en trámite parlamentario como transposición de una directiva europea sobre comercio electrónico. El objetivo, aprovechar esta puerta que se abre para reforzar el endeble sistema de protección de los consumidores a nivel colectivo, un entramado normativo incompleto y no bien aplicado en el que pesa demasiado el interés económico de las grandes corporaciones financieras.

22-11-2013

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El propio presidente de la asociación, Manuel Pardos realizaba en el Foro de Defensa Colectiva recientemente celebrado en Madrid un llamamiento a todos los parlamentarios, en especial a los representantes del PP, ahora con mayoría absoluta: “Hemos presentado prácticamente un proyecto de ley, y si nos cogéis lo relacionado con la acción colectiva, ya iríamos bien”. Las alegaciones de ADICAE son, pues, un armazón jurídico completo, un cimiento que recoge todas las patas necesarias para fomentar la defensa colectiva de los consumidores como herramienta clave para garantizar su tutela judicial efectiva.

En la propia exposición de motivos que aduce ADICAE se deja bien claro: “La práctica judicial y jurídica tras los más de 10 años transcurridos desde la introducción de la acción colectiva en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no ha dado los resultados exigidos”. La banca y algunos sectores de la abogacía y judicatura se están empeñando en anular estos avances de justicia colectiva de la LEC, propugnando una justicia individual y no colectiva. Algo que no cabe; buena parte de los más graves problemas de los consumidores son siempre generales, ya que tienen su origen en abusos realizados en contratos de adhesión, y por tanto, la tutela judicial efectiva se garantiza únicamente con la acción colectiva. Hipotecas abusivas, productos de ahorro problemáticos, comisiones y gastos, prácticas irregulares... Todo responde a un esquema similar de proceder bancario que necesita combate a través de la acción colectiva.

Y en este sentido la asociación es meridianamente clara: “Sólo las demandas colectivas están consiguiendo resultados y sentencias que favorezcan a aquellos que han sufrido y sufren abusos por parte de las entidades financieras; tanto es así, que el lobby bancario se emplea a fondo para anular estos avances en justicia colectiva planteando todo tipo de recursos y alargando el tiempo de resolución”. Sea como sea, al margen de los problemas procesales, la complejidad y exceso de duración en el tiempo de los procedimientos civiles, concursales y penales colectivos existentes, la principal traba que ofrece en la actualidad la acción colectiva es que es una actuación judicial con efectos a futuro.

Interrumpir abusos, y resarcir

En efecto, las actuales acciones de índole colectivo están sirviendo para evitar que se vuelvan a comercializar determinados productos o clausulados (normalmente cuando ya han creado un grave daño) pero no tiene una labor resarcitoria, es decir, no compensa el daño ya infligido. Es un hecho que la acción judicial colectiva no está funcionando correctamente ni en el fondo ni en la forma, por lo que se hace necesario acometer una reforma profunda de la misma.

Muchos consumidores ven mermado su derecho a una tutela judicial efectiva, principio que viene recogido en el artículo 24 de la Constitución, lo que les expulsa de un procedimiento eficaz en defensa de sus legítimos intereses económicos

Ello viene demostrado en casos como las agencias de valores AVA o Gescartera, Forum-Afinsa-Arte y Naturaleza, las cláusulas suelo o ahora el problema de las preferentes y otros productos tóxicos de ahorro... “Todos ellos revelan la insoportable lentitud y complejidad procesal a que se ven abocados los consumidores en estos casos para defender sus derechos merced a una normativa que se ha manifestado ineficaz y que sin duda viene a contribuir a sobrecargar el sistema judicial actual”, señala la asociación en su pliego.

La consecuencia de ello es que, como prueban los hechos actuales, muchos consumidores ven mermado su derecho a una tutela judicial efectiva, principio que viene recogido en el artículo 24 de la Constitución, lo que les expulsa de un procedimiento eficaz en defensa de sus legítimos intereses económicos (Artículo 51 de la Constitución). Por ello ADICAE, como organización de consumidores que en sus más de 25 años de vida mayor número de acciones colectivas ha interpuesto en defensa de cientos de miles de consumidores, presenta a todos los grupos Parlamentarios propuestas fruto de toda esta experiencia acumulada y que afectan de manera general a las siguientes cuestiones:   

a) Diligencias preliminares (en particular el problema de la protección de datos). b) Acumulación de acciones (tanto de afectados como de peticiones) c) El problema de la litispendencia (etimológicamente, espera de pronunciamiento judicial) de acciones individuales instadas después una acción de cesación colectiva. d) Extensión de efectos de las sentecias colectivas. e) Creación de un fondo de dotación para acciones colectivas. f) Excepciones a la imposición de costas a las asociaciones de consumidores g) Establecimiento de medidas y unidades de apoyo para acciones colectivas. h) Modificación de la normativa sustantiva que prevén las acciones colectivas

Acciones previas; legitimidad de las asociaciones y llamamiento a afectados

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ADICAE propone que la futura ley ahora en trámite deje bien clara la legitimidad de las asociaciones de consumidores a la hora de liderar acciones judiciales colectivas. Y no sólo en positivo, sino también en negativo. Así: “El órgano judicial competente suspenderá los procedimientos iniciados por asociaciones de consumidores y grupos de afectados cuando el Juez constate que mantienen convenios y acuerdos de colaboración y contratos con la parte demandada o quien sea competidor en el mercado del demandado, todo ello para garantizar la ausencia de conflicto de interés en el procedimiento interpuesto”. No se considerará financiación indebida los acuerdos regulados bajo la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que permite llegar a ellos siempre que sean en defensa del consumidor.

La asociación quiere también que se dé la importancia debida a las diligencias previas, en particular llamar eficazmente a los afectados: “El juzgado competente adoptará todas aquellas medidas necesarias para un llamamiento eficaz al resto de afectados. En particular, en aquellos supuestos en los que los afectados hayan suscrito un contrato o cualquier otro documento escrito o acuerdo del que se deriven consecuencias económicas o de otra naturaleza para los afectados, se requerirá que el demandado aporte a la mayor brevedad al juzgado los listados íntegros con los datos identificativos completos para que el juzgado pueda hacer el llamamiento oportuno”.

Derivada de ella viene otra de las propuestas que alega ADICAE. Muchos juzgados no permiten la acumulación de acciones alegando que no existe “identidad de la causa de pedir”. La asociación quiere dejar legislado que sí puede haber identidades similares en pleitos diferentes pero con características parecidas.  “En particular, concurrirá esta identidad o conexión en el título o causa de pedir cuando los hechos sean similares y den lugar a idénticas cuestiones jurídicas que justifiquen el tratamiento unitario y su resolución conjunta por razones de economía procesal”.

Sobre la cesación... Y posibles compensaciones

Se pretende que las acciones colectivas no sólo consigan que se abandonen las prácticas abusivas, sino también que haya indemnizaciones por daños y perjuicios y devoluciones de todo lo que se hubiera cobrado irregularmente

Literal, de las propuestas de ADICAE: “A cualquier acción de cesación podrá acumularse siempre que se solicite la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de la conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas. De dicha acción acumulada accesoria conocerá el mismo juzgado encargado de la acción principal, la de cesación, por la vía prevista en la ley procesal”.

Más medios para la acción colectiva

ADICAE establece también una propuesta que vaya en la dirección de crear un fondo de titularidad pública que sirva para fortalecer estas acciones colectivas y continuar con las iniciativas necesarias. “Si en el plazo máximo de 1 año desde que se dictara sentencia no se hubiera procedido a ejecutarse la misma por falta de identificación de los consumidores y usuarios afectados, con la cantidad que restase en ese fecha se dotará un fondo gestionado por el Instituto Nacional del Consumo destinado a las asociaciones de consumidores referidas en el artículo 11 que, en su caso, hayan interpuesto o vayan a interponer acciones colectivas. El objetivo de este fondo será el de sufragar todos aquellos gastos que se deriven del desarrollo de acciones de información, formación y promoción de los consumidores para la efectividad de estas actuaciones, excluyendo expresamente los gastos judiciales que correrán a cargo de las organizaciones promotoras”

Por fin, se propone una Disposición Adicional Única en el sentido de reforzar los medios judiciales dedicados a justicia colectiva: “El Instituto Nacional del Consumo, en colaboración con el Ministerio de Justicia y en su caso, los organismos de Consumo que así lo prevean, habilitará Unidades de Apoyo a la Acción Colectiva, cuyo objetivo será el de desarrollar todas aquellas tareas de gestión y administración necesarias dentro de un proceso de acción colectiva en los juzgados que en su caso lo precisen en atención a la complejidad y número de consumidores personados. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, se desarrollarán reglamentariamente los objetivos, competencias, dotación de personal y medios suficientes, criterios de funcionamiento y puesta en marcha, así como de colaboración con las administraciones territoriales responsables en materia de consumo.”

Comentarios: 1

1 - 23-11-2013 - 06:01:02 h
No hay libertad política o colectiva verdadera. Estamos la sociedad civil desarmados ante esta oligarquía monarquica ,la única libertad política la tienen los patidos políticos subvencionados por el Estado,uno sirve a quien le paga,hay que deslegitimarlos con un gran movimiento abscensitario.Escucha diariorc.com

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