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Lunes, 16 de Julio de 2018

ADICAE propone mejoras al sistema 'de colores' de la CNMV para clasificar los productos financieros complejos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores está en proceso de redacción de una Circular por la que se establecerá un sistema de colores para clasificar los productos financieros en función de su riesgo. Ante la insuficiencia y parcialidad de la propuesta de la CNMV, ADICAE ha realizado alegaciones para mejorar la protección de los consumidores.

01-10-2014

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La CNMV ha abierto un periodo de consulta de cara a la redacción de la Circular que establecerá un sistema de clasificación de instrumentos financieros mediante un código de colores. Lo que parecía iba a ser un sistema de 'semáforos' en función del riesgo de los productos, en la propuesta del supervisor se convierte en una compleja clasificación en cinco clases que deja margen para la ambigüedad en el grado de alarma. Además, parece claro que las medidas pueden servir a la banca como coartada para seguir comercializando productos complejos y que la responsabilidad de su contratación recaiga solo sobre el consumidor.

Según la propuesta de la CNMV, los productos financieros, para su comercialización, quedarían clasificados en cinco clases (de la A, “menos arriesgado”, a la E, “máximo riesgo”) atendiendo a los siguientes criterios de riesgo: no recuperación a vencimiento, solvencia del emisor, plazo, características particulares del producto y el tipo de divisa en que opera. Estas categorías irían acompañadas de una escala de colores, desde el verde para la clase A al rojo para la clase E. Según el organismo supervisor, esto permitirá que el usuario “en un vistazo sea capaz de comprender el nivel de riesgo que va a asumir y la complejidad de los valores”. 

Una propuesta compleja que legitima la colocación de productos de riesgo

Para ADICAE, lo enrevesado del sistema de clasificación es una prueba más que certifica la complejidad  y riesgo de este tipo de productos. Una realidad que hace que un sistema de colores no pueda servir de sustituto a una verdadera comprensión por parte del consumidor de la naturaleza del producto que va a contratar. Mucho más a la vista de la experiencia. Casos como la comercialización de preferentes y otros productos tóxicos han demostrado que la normativa actual (artículo 79 bis de la ley del Mercado de Valores) es del todo insuficiente. 

El principal problema es que, pese a todo, se permite a la entidad comercializar productos complejos, ya que no existe la prohibición expresa que impida su comercialización al pequeño ahorrador. La simple inclusión en el contrato de una expresión del tipo “este producto es un complejo y se considera no conveniente para mí”, por la que si el consumidor asume el riesgo se permite la comercialización. De esta manera, siempre quedará abierta la puerta para que de forma legal y quedando exentas de responsablidad, las entidades puedan colocar productos de riesgo a consumidores “no cualificados”. Nuevas medidas como las advertencias de colores, sin que cambie la esencia de la normativa, solo sirven para legitimar la colocación masiva de estos productos financieros sin garantizar la protección de los consumidores.

Principales propuestas de ADICAE para mejorar la protección al consumidor financiero

- En la propuesta de la CNMV se justifica la necesidad de una nueva normativa debido a la “a la demanda de mayores rentabilidades”. Para ADICAE, debe quedar claro que la responsabilidad recae en quien confecciona y coloca tales productos por su interés y conveniencia, esto es, las entidades de crédito. Así lo demuestra la gran litigiosidad que han generado estos productos en los últimos años.

- La inclusión de un sistema de clasificación de productos no solo debe producirse en la información precontractual, sino que tiene que alcanzar también a las comunicaciones comerciales previas, de manera que el consumidor tenga desde el primer momento consciencia del riesgo que supone cada producto. Además, la denominación comercial del producto no puede llevar a confusión sobre el riesgo y complejidad que conlleva su contratación.

- Debe quedar claro que la supervisión de estas normas de comportamiento concretas corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la propuesta, tan solo se menciona que las entidades tienen la responsabilidad de incluir los indicadores.

- En la propuesta de la CNMV, recae en las entidades la responsabilidad de revisar de forma periódica la clasificación asignada a cada producto financiero. Para ADICAE, esta tarea debe corresponder a la CNMV, previa información de las propias entidades. Así, la CNMV determinará los procedimientos y controles para esto.

- Por su complejidad, determinados productos incluidos en la categoría D en la propuesta de la CNMV deben estar en el máximo nivel de alerta, el E. Esto afectaría a los productos híbridos de deuda corporativa (Preferentes, Bonos Contingentes Convertibles, Deuda Subordinada), los productos híbridos sin plazo de amortización o con vencimiento superior a 5 años a voluntad del emisor, los estructurados sin garantía de capital y las acciones de instituciones de inversión colectiva que no tengan la obligación de entrega al inversor de un documento de información que incluya un indicador sintético del riesgo. 

- La CNMV propone una escala de cinco colores, del verde al rojo, para determinar la clasificación de riesgo de los productos. Para ADICAE, esto propiciaría introducir productos en zonas de colores que invitan a la confusión. La gama de colores debe ser de tres: verde, productos sin riesgo; amarillo, productos complejos que no supongan una pérdida mayor del 10% de lo invertido, pero con dificultades de liquidez; y rojo, productos con riesgo y complejidad que puedan suponer pérdida de hasta el 100% de lo ahorrado.

- La CNMV menciona en su propuesta que sería aconsejable acudir a un “profesional” de asesoramiento para contratar productos especialmente complejos. Esta mención, ya de por sí, pone de manifiesto la poca fe de la CNMV en las medidas propuestas y en el comportamiento de las propias entidades financieras. Además, el acceso a estos profesionales supone en la práctica encarecer el producto. Por ello, la normativa debe contemplar la posibilidad de que los consumidores acudan a asociaciones de consumidores para informarse de sus derechos. 

- ADICAE aboga por incluir un punto en el que, sin perjuicio de la información que, conforme al artículo 66 del Real Decreto 217/2008 debe facilitarse sobre los costes y comisiones, determine la obligación de informar expresamente al consumidor de manera destacada y visible, tanto en la publicidad como en la documentación pre contractual y contractual, de la existencia de comisiones y otros costes repercutibles que merman la rentabilidad. 

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