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¿Están protegidos nuestros derechos en el ahorro inversión?

Bancos y cajas están ofreciendo masivamente productos de ahorro con el objetivo de obtener liquidez para sus balances, pero sin preocuparse por su complejidad: participaciones preferentes, bonos convertibles, etc. Las reformas que introdujo la MiFID (test para evaluar la capacidad para comprender y asumir un producto de ahorro) y los cambios en la normativa de transparencia posteriores no han supuesto un reforzamiento de los derechos de los pequeños ahorradores. Con unas tasas de ahorro crecientes, es necesario dar un paso adelante y reforzar derechos

02-02-2011

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El eje fundamental sobre el que se pretende sustentar la ‘protección’ del ahorro es la información del producto y sus gastos: una información ‘correcta’, determina una elección ‘adecuada’. Esto es la teoría, y las reformas legales se suceden bajo este principio, pero los problemas permanecen. Como veremos a continuación, la aplicación práctica de estas normas a la realidad revela su ineficacia.

La ley exige información de beneficios y riesgos
La información a los clientes es el eje principal del Real Decreto 217/2008 que regula las “normas de conducta” de las entidades financieras que comercializan productos de ahorro inversión. El artículo 60 indica que “la información  debe ser exacta y no destacará los beneficios potenciales (...) sin indicar también los riesgos”. Sólo conociendo realmente los riesgos de los productos, cada consumidor podrá ser racional en su decisión de invertir... al menos sobre el papel. Pero la realidad nos muestra lo contrario.

Colocan productos a los consumidores que ni la propia banca compraría

El clima de desconfianza en el sector financiero ha hecho que los inversores institucionales -fondos de inversión o de pensiones- desconfíen de los productos creados por la Banca, a la que no le queda más remedio que utilizar su red comercial para colocarlos entre los pequeños ahorradores, con menos información y capacidad de análisis. Analicemos algunos casos recientes.

No advirtieron los riesgos de las “preferentes”

 Las preferentes son un activo adquirido a perpetuidad. Son ‘acciones’ en el sentido de que otorgan derechos económicos, pero no políticos (derecho de voto en la junta de accionistas). No tienen fecha de vencimiento... salvo cuando el banco quiera. Si el cliente desea vender las preferentes antes del plazo fijado en contrato debe acudir al Mercado de Renta Fija AIAF por lo que nada garantiza que la venta se haga, siquiera, por el valor nominal de adquisición. La rentabilidad está condicionada a los resultados de cada entidad y a su situación económica, lo cual implica que hay una posibilidad de que los ahorradores se queden sin rendimientos.

Hay que replantearse la eficacia de las leyes

El artículo 64 dice que “deben explicarse la naturaleza y riesgos del producto financiero”. De cumplirse esta norma muchos consumidores no hubieran ‘suscrito’ este producto. Ello exige del legislador y del organismo regulador  un cambio de perspectiva ante el incumplimiento masivo de la ley. En la situación actual con la práctica totalidad del sistema financiero acuciada por unos balances desastrosos, va a suponer la ‘caza’ del cliente a cualquier precio.

 Los bonos convertibles: venta ‘a destajo’

Lo mismo sucede con los ‘bonos convertibles’, ofrecidos de manera indiscriminada por las entidades de crédito. Estos productos otorgan un interés fijo mientras dura el  bono y al final del periodo el bono se canjea por acciones de la entidad pasando el pequeño ahorrador a ser accionista del banco. Los bonos convertibles suponen, a la postre, meter el dinero en mercados de renta variable, con el consiguiente riesgo de  pérdida del ahorro. Además, la rentabilidad prometida no está garantizada. Por si fuera poco, las entidades imponen una prima en el momento del canje de las acciones. Esto significa que en el momento de convertir el bono en acciones se reciben menos acciones de las que corresponderían. Para un bono de 1.000 euros y una prima del 10% si el precio de la acción es de 10 euros en lugar de recibir 100 acciones se recibirían sólo 91 porque la entidad valora, en el momento de comercializar el bono, en 11€ cada acción en virtud de la prima.

No basta con dar sólo ‘información’

Es evidente que no cabe esperar ‘información’ del comercial bancario que vende el producto, más interesado en colocarlo y obtener comisiones.  Un sistema eficaz de garantías exigiría modelos de contrato, publicidad e información más  claros que fueran pre establecidos en colaboración con las organizaciones de consumidores para evitar cláusulas y  prácticas oscuras. Haría falta diseñar formas de contratación estandarizadas conforme a criterios  legales estrictos y previamente aprobadas y controladas por organismos reguladores con verdadera voluntad
de proteger al consumidor.

Comisiones en el ahorro: el abuso que no cesa

  El artículo 66 del Real Decreto 217/2008 establece que “debe proporcionarse al cliente la información sobre el precio total de los instrumentos financieros incluyendo todos los honorarios, comisiones y gastos asociados. Según el artículo 71 las comisiones pueden ser libremente establecidas y han de publicarse en un folleto con toda la información y que ésta sea accesible y comprensible para el consumidor. Esta “libertad” se ha traducido en abuso en la creación y aplicación de comisiones: comisiones donde antes no las había, cambios sin previo aviso y tarifas que el cliente difícilmente comprende dejan patente que las exigencias informativas sobre las comisiones tampoco se cumplen como deberían.

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