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Lunes, 26 de Junio de 2017

El ahorro de los consumidores sigue a merced de la banca y sus prácticas fraudulentas

La reforma en 2007 de la Ley del Mercado de Valores que introdujo las medidas de la Directiva Europea MiFID ha sido completamente ineficaz para atajar los engaños a los pequeños ahorradores. Las nuevas modificaciones tampoco suponen un avance sustancial.

26-03-2015

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Es más difícil ahorrar y cada vez los productos son más complejos. Estos hechos constituyen razón suficiente para mejorar la protección a los consumidores, especialmente tras la demostrada ineficacia de la normativa hasta ahora en vigor, cuyo origen fue la Directiva MIFID (Directiva 2004/39/CE) y que se ha visto reformada por la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 y otras medidas.

El fracaso del test para conocer al cliente

La actual ley del mercado de Valores exige que para poder recomendar a un cliente un producto de ahorro, las entidades deben conocer la aptitud del cliente para contratarlo. Y para ello es necesario que el cliente realice unos “test”. La realidad ha demostrado el fracaso absoluto de este sistema, ya que las entidades o no lo han realizado o lo han completado unilateralmente. En varias sentencias ganadas por  ADICAE ha quedado demostrado que Bankia, por ejemplo, los test de conveniencia fueron realizados por directores de las oficinas sin proceder a realizar las preguntas contenidas en el mismo a los clientes.

Esta práctica supone la nulidad del contrato por la existencia de una falta de información previa a la celebración del contrato al haberse producido un supuesto de incumplimiento total y relevante de la obligación que exige la ley. 

El mito de la “información al consumidor"

Además de estos test, un aspecto  complementario es la teórica exigencia de dar información a los consumidores a la hora de ofrecer productos de ahorro inversión.

Hay que continuar mejorando la protección del ahorro para evitar los fraudes diarios a los usuarios y los grandes casos colectivos

Esta información debería ser adecuada al consumidor dada la naturaleza y complejidad del producto. Este deber teórico de diligencia y transparencia en la información exige un deber de “información reduplicado” cuando se trata de consumidores, como ha reconocido alguna sentencia. Pero la información que ofrecen es en demasiadas ocasiones deliberadamente sesgada e incompleta, cuando no falsa. 

Las trampas legales de las entidades financieras

Muchas entidades para exculparse de la falta de información a sus clientes proporcionan un “folleto informativo” que, sin embargo, no implica cumplir con el deber de información. La entidad debe informar personalmente y le debe quedar fehacientemente comprobado que el consumidor entiende todas las  características y riesgos del producto que contrata.

La reciente reforma de la Ley 9/2012 lejos de solucionar este problema, le ha dado “legalidad”. Según la Disposición Tercera de esta ley, en caso de que se coloquen productos financieros complejos, el documento contractual debe incluir junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita en la que el pequeño ahorrador manifieste que ha sido advertido de que el producto no le resulta conveniente o de que no ha sido posible evaluarle en los términos de este artículo. 

La información que se ofrece es en muchas ocasiones deliberadamente sesgada e incompleta, cuando no falsa

Esto supone sin más una mera exoneración de responsabilidad para el banco, pero no acreditar que se dio al consumidor información precisa como pide la ley y que éste entendió inequivocamente los riesgos. 

¿Mejorará esta situación la MiFID2?

La Directiva 2014/65/UE (conocida como MiFID 2) sigue manteniendo el principio de que la información ha de ser imparcial, clara y no engañosa pero no se atisba un método determinante para lograr que se cumpla. En cuanto a la evaluación y adecuación de información a los clientes no va a experimentar grandes cambios. No se ha aprendido nada de la lamentable experiencia de las “preferentes” en España. Teóricamente se seguirá obteniendo información sobre los conocimientos y experiencia del inversor.

La existencia de términos jurídicos indeterminados pone en riesgo la protección de los consumidores. Los pequeños ahorradores deben conocer de forma absoluta los riesgos

La indefinición está presente en MiFID 2. Así, habla de que la información ha de permitir “en lo posible comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión que se ofrece”. Estas indefiniciones permitirán todavía más a las entidades eludir sus obligaciones con los clientes.

Conflicto de intereses, un tímido avance

MiFID 2 pretende resolver el conflicto de intereses entre el consumidor y quien le quiere vender el producto financiero. La Directiva quiere que los clientes conozcan en todo momento los incentivos a percibir por los comerciales. Además, la elaboración y comercialización de un nuevo producto de inversión obligará a la entidad a la realización de un “procedimiento interno” que apruebe el nuevo producto. Con ello se pretende analizar si el nuevo producto se adecua a las “necesidades” de los clientes, estableciendo para qué tipo de cliente va dirigido, así como cuál es su forma de distribución en el mercado. No soluciona el problema si se deja en manos de la entidad este tipo de control.

Mucha documentación no significa informar rigurosamente  

La MiFID 2 pretende dar una ingente cantidad de información a los consumidores, tochos de documentos sobre los estados financieros, balances,... Documentos que nunca van a ser capaces de interpretar, ni por los propios comerciales. En esta reforma tampoco se ve claramente cuál es la responsabilidad de la no aplicación de forma correcta del articulado de la misma, una responsabilidad que convendría delimitar de forma estricta.

Regular las reclamaciones

La MiFID 2 quiere mejorar el servicio de reclamaciones de las entidades. Sin embargo, no se garantiza esta independencia, ni se articulan verdaderas medidas de solución extrajudicial de conflictos. Es un  despropósito que las reclamaciones de los consumidores queden en gran medida manos de las propias entidades responsables de la comercialización, o en manos de organismos reguladores sin capacidad ni voluntad por hacer cumplir la ley, como sucede en España. Algo novedoso es la regulación de la responsabilidad civil de las entidades financieras para facilitar de esa manera las reclamaciones de daño. Pero la solución judicial, debería quedar como última posibilidad y sería necesario reforzar la reclamación colectiva en esta materia.

La propuesta de "semáforos" de la CNMV puede convertirse en una nueva "MIDIF fracasada"

La iniciativa de la CNMV para identificar mediante colores los diferentes tipos de productos de ahorro-inversión que se ofertan por las entidades financieras puede acabar convirtiéndose en una nueva salvaguarda para la banca en la comercialización masiva productos tóxicos. Como hemos visto, el “test de idoneidad” que impuso la normativa europea MIFID fue empleado por las entidades como justificación manipulada de que el cliente contrataba a sabiendas de los riesgos que comportaban productos como las participaciones preferentes. 

Por sí sólo “el semáforo” que propone la CNMV no va a cumplir el objetivo de proteger a los consumidores y tampoco habría evitado el fraude de las preferentes de haberse aplicado antes. El texto presentado por la CNMV contiene numerosas incoherencias, como los criterios utilizados para realizar la clasificación de dichos riesgo, mediante los cuales los Bonos Estructurados se consideran menos peligrosos que las acciones para los ahorradores conservadores.

Son necesarias medidas que supongan verdaderas garantías para los consumidores, como la prohibición inequívoca de contratar determinados productos complejos a los pequeños ahorradores. La formación financiera de los consumidores cumple una función importante. ADICAE dispone de un “Aula Online de Educación Financiera” de la que miles de consumidores se sirven para mejorar su posición a la hora de acudir a las entidades bancarias.

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea coincide con ADICAE en que hay que cambiar el modelo de banca-cliente para acabar con las malas prácticas

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), Andrea Enria, visitó recientemente España para reunirse con representantes del sector bancario y de los consumidores -representados por ADICAE-, en una jornada de debate sobre la Nueva Regulación dentro del nuevo contexto del Mecanismo Único de Supervisión Europea.

Enria comentó que es preciso alcanzar una serie de reglas armonizadas para toda la banca europea, apuntando que ya se han aprobado más de 90 normas y la previsión es que se aprueben otras 50 en 2015. Para el presidente de la EBA el deterioro social del sector bancario tras escándalos como la manipulación de tipos de interés, el blanqueo de capitales o la venta masiva de productos inapropiados, no solo tiene un grave impacto reputacional, sino que implica un riesgo importante para la estabilidad financiera.

Enria cree necesario mejorar la protección de los depositantes con productos menos complejos y  consumidores mejor informados. Apuntó que los Consejos de Administración de las entidades deberían fijar objetivos de conducta, dejando atrás los esquemas de incentivos, que han llevado a la venta masiva y engañosa de productos complejos. Cree fundamental la existencia de un sistema justo y efectivo de sanciones, debido a la alta litigiosidad de la banca por abusar de sus clientes.

En el turno de preguntas tomó la palabra el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, quien apuntó que es necesario atajar con firmeza las malas prácticas bancarias como la colocación indiscriminada de productos complejos y de riesgo ante pequeños ahorradores, o de cláusulas abusivas en hipotecas. Pardos incidió en que la banca española ha superado a la de otros países en este sentido, y por tanto la Unión Europea debe centrar sus esfuerzos en cambiar radicalmente el modelo bancario en cuanto a su relación con los clientes.

El presidente de la AEB no pudo sino estar de acuerdo con su homólogo de ADICAE, señalando que es preciso exigir mayores provisiones a la banca para garantizar que los depositantes no respondan de las pérdidasde su banco, y que hay que cambiar el modelo de banca – cliente basado en la maximización de beneficios incontrolada y evitar así las reiteradas malas prácticas.

Puede acceder al contenido completo de este artículo a través del número 81 de nuestra revista Usuarios

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