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Jueves, 27 de Abril de 2017

Las acciones judiciales colectivas en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios

La falta de impulso, la disparidad de criterios de los tribunales, y la falta de apoyo de las instituciones judiciales y del Estado para avanzar en eficacia, son los principales problemas de la acción colectiva en España actualmente, son las conclusiones de una ponencia del fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en unas jornadas de ADICAE

31-03-2015

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La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), introdujo (Ley 39/2002, de 28 de octubre) las disposiciones aplicables al proceso colectivo como consecuencia de la transposición de la Directiva 98/27/CE, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores. Esta directiva se ha modificado en diversas ocasiones. En aras de la claridad, fue codificada mediante la Directiva 2009/22/CE.

La Fiscalía Superior ha cuantificado, sólo en el caso de las participaciones preferentes, más de 40.000 demandantes individuales, lo que colapsa el sistema judicial

La técnica usada en la nueva LEC consiste en añadir a los artículos que regulan las materias procesales más afectadas por las acciones colectivas, las disposiciones especificas para estos procesos,que son aclaraciones, precisiones o regulaciones en contra del principio general. La nueva LEC opta por una legislación duplicada y contrapuesta, una para el proceso tradicional centrado en las posiciones jurídicas individuales y en los conflictos intersubjetivos y otra para los nuevos procesos colectivos.

Principales deficiencias de la regulación del proceso colectivo en la Ley de Enjuiciamiento Civil

Frente a lo que ocurría en la legislación procesal anterior en la que el Ministerio Fiscal sólo estaba legitimado para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios,la actual Disposición adicional segunda modifica el apartado 4 del artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y se añade un nuevo apartado 5 al artículo 11: El Ministerio Fiscal podrá acumular a la acción de cesación las de nulidad y las resarcitorias en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Pero no se resuelve todo el problema. El siguiente problema es la habilitación de un cauce procesal adecuado para ventilar los conflictos de masa.

El ejercicio de acciones civiles individuales en materia de preferentes, en una cuantificación superior a los 40.000 afectados (demanda de la Fiscalía Superior) planteó un verdadero reto para el sistema judicial por su evidente peligro de colapso. Si cada órgano judicial debe conocer individualmente de cada una de las demandas, que representan intereses compartidos de personas que están en la misma situación y el que cada lesionado va a procurar la defensa de su derecho, el siguiente problema viene dado por el riesgo de resoluciones judiciales contradictorias; por el abandono a la defensa de su derecho por parte del perjudicado al que no compense el coste del litigio; por la acumulación de procesos; por los agravios comparativos en la medida en que unos afectados consiguen hacer prueba y otros no, unos ganan y otros pierden, etc. Injusticias inaceptables e insuficiencia del sistema judicial para dar salida a estas necesidades que generan un desfase entre el carácter instrumental del proceso y las necesidades de la sociedad. 

Todavía sin un proceso específico para acciones colectivas

Muchos problemas podrían superarse si el legislador español hubiera regulado en la LEC un proceso para ventilar las acciones colectivas, encuadrándolas en una única regulación. Al no hacerlo, el jurista debe realizar una reconstrucción pieza a pieza del articulado en relación con las figuras de la legitimación, la capacidad para ser parte, la intervención del Ministerio Público, los poderes procesales del juez, la acumulación de procesos, la extensión y límites subjetivos de la cosa juzgada, la prueba y las cuestiones que se planteen en la ejecución de sentencia. 

Tanto el juicio verbal como el ordinario, habilitados para canalizar estas acciones, son inadecuados para la tutela jurisdiccional de los intereses de masa. Están pensados para una estructura de proceso según el derecho romano: Ticio versus Caio, centrado en dirimir las posiciones jurídicas individuales y los conflictos intersubjetivos. El “juicio verbal”, por ser un procedimiento abreviado, no es idóneo para estas acciones. El “juicio ordinario” revela el elevadísimo número de personas que puedan intervenir y la muy voluminosa documentación a manejar, por lo que tampoco es adecuado.

Es preciso desterrar el carácter individualista de las normas procesales españolas

A la sociedad de masas le es inservible la concepción individualista con que fueron modelados los institutos procesales de peso, como la legitimación para la acción y la sustitución procesal o el alcance subjetivo de la cosa juzgada, entre otros. La LEC no se escapa a esta concepción tradicional de  consideración del proceso civil como un asunto entre dos partes, lo que se aplica también a los intereses colectivos. 

Las asociaciones y la acción colectiva

El artículo 11.2 de la LEC permite plantear la acción de grupo a las asociaciones y entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de los consumidores y usuarios, y a los grupos de afectados. Esta legitimación para el ejercicio de cualquier acción en defensa de los intereses difusos y colectivos de consumidores y usuarios se extiende ahora al Ministerio Fiscal, y la de de cesación a las entidades habilitadas en el art. 11.4 LEC. 

La generosidad del planteamiento no está correspondida con una adecuada regulación de aspectos esenciales de la acción, como la admisión a trámite. No se exige evaluación por el tribunal de que hay cuestiones comunes que exigen un tratamiento conjunto en un solo proceso. La distinción entre intereses colectivos y difusos (art. 15.2.3 LEC) usa como único criterio la determinación o indeterminación de los afectados o su facilidad o dificultad para identificarles.

La legislación procesal española, en esta materia tan compleja y de actualidad como los procesos colectivos, está integrada por preceptos que no constituyen un sistema normativo sistematizado y que no están reunidos en un mismo pasaje de la nueva LEC, sino desperdigados por la nueva regulación del proceso declarativo y del de ejecución.

La cosa juzgada en la acción colectiva

El carácter erga omnes (contra todos los miembros del grupo) de la cosa juzgada es un aspecto vital de la acción colectiva. Una sentencia limitada a las partes presentes en el tribunal acaba con la esencia de la acción colectiva. Para que ésta pueda existir debe involucrar los intereses de los miembros ausentes del grupo y la sentencia debe tener efectos obligatorios más allá de las partes. Si la acción colectiva es decidida a favor del grupo, todos los miembros ausentes se benefician del fallo; pero si la acción colectiva se decide contra el grupo, sus miembros no están obligados y pueden defender sus derechos individuales ante los tribunales.

El Ministerio Fiscal también puede emprender acciones en defensa de los intereses difusos ycolectivos de los consumidores y usuarios

Sin embargo, no puede ser promovida otra acción colectiva repitiendo la petición. Si el grupo pierde, su derecho muere y no puede repetir la acción colectiva. Pero los derechos individuales no prescriben y los miembros pueden demandar individualmente.

El escollo de la litispendencia

En la acción colectiva hay dos clases de litispendencia: la que hay entre dos acciones colectivas idénticas, y entre una acción individual y una de grupo. La primera ocurre cuando el mismo procedimiento beneficia al mismo grupo y se apoya en la misma causa y es promovida en dos o más acciones colectivas. El tribunal aplica la regla tradicional del Derecho civil; la primera acción que llega a los tribunales tiene primacía y las siguientes se desechan. La segunda clase de litispendencia se da porque hay casos en que la acción colectiva involucra la misma controversia que algunas acciones individuales de los miembros del grupo. Puede ser pensada como una litispendencia parcial si se cree que la individual está dentro de la colectiva. 

La Unión Europea urge a modificar la normativa  

El 11 de junio de 2013 la Comisión Europea publicó una Recomendación a los Estados miembro sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización, así como una Comunicación asociada. A ambos documentos se les sumaba una propuesta de Directiva relativa a varias normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las  disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembro y de la Unión Europea. Sería una buena ocasión para reforzar la seguridad jurídica de los consumidores, introduciendo en nuestro Derecho reglas procesales que delimitaran un proceso civil para ventilar las acciones colectivas por “daños masivos”.

El Ministerio Fiscal tendría una amplia legitimación para actuar haciendo valer los intereses difusos y colectivos en los “conflictos de masa”, erigiéndose en garantía de la actuación de la ley frente a los “abusos masa” que se producen en las relaciones económicas globales.

Ponencia completa

Puede leer la ponencia íntegra del fiscal superior de Galicia, Don Carlos Varela García, en las jornadas de ADICAE "Sin acción colectiva no hay justicia para los consumidores", del 2 de octubre de 2014, pulsando en el siguiente enlace.

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