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Domingo, 24 de Febrero de 2019

Las propuestas electorales se centran en la problemática hipotecaria y se olvidan del resto de temas de consumo (I)

Los partidos políticos vuelven a olvidarse de las necesidades de los consumidores. A pesar de las medidas concretas en materia de hipotecas, en el consumo general los programas políticos no ofrecen cambios de rumbo o propuestas que supongan un avance y en general no hay diferencias sustanciales entre partidos respecto al tratamiento del consumo

15-05-2015

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Con las elecciones a la vuelta de la esquina, llega la hora de analizar las propuestas electorales que puedan ser de interés para los consumidores. ADICAE, con motivo del Seminario sobre Política de Consumo y Consumo de Política celebrado en todas las sedes de la asociación, ha estudiado los programas de cada uno de los partidos que se disputarán este 24 de mayo los Ayuntamientos y las Comunidades  Autónomas. La mayoría de las propuestas son vagas y ambiguas, sin concretar los puntos esenciales o aportando como proyectos medidas que ya se realizan. 

El consumo vuelve a ser un tema olvidado en sus políticas, a excepción del tema hipotecario, de marcado interés en la mayoría de los programas. Todos prometen resolver el problema de los desahucios cuando son precisamente algunos de estos partidos los que han favorecido que se produzcan, pero ninguno especifica qué medidas va a tomar para lograrlo. Tampoco muestran su apoyo a  las asociaciones de consumidores, principales organismos de defensa y reivindicación de los derechos de los consumidores. 

A continuación, desarrollamos las principales propuestas en consumo de cada uno de los partidos en esta primera parte del análisis realizado, ordenados según intención de voto:

Ampliar imagenPartido Popular (PP): seguirán apoyando al sector financiero

El discurso del PP en su programa electoral municipal es un discurso continuista, en el que dicen que están sacando a España de la crisis y en el que se vanaglorian de que han conseguido superar en los ayuntamientos el déficit pasando al superávit. Pero, ¿qué ocurre con los ciudadanos? ¿Cuáles son sus propuestas de consumo que más les van a afectar?

En la sección que denomina “ciudades inteligentes”, se recogen proyectos de inversión pública (y privada voluntaria u “obligada”) y se presenta un pequeño plan de vivienda como aspecto secundario. Aquí encontramos frases como “Incentivaremos la vivienda en alquiler y el alquiler con opción a compra. Impulsaremos bolsas de alquiler… facilitando su acceso a colectivos desfavorecidos o con necesidades especiales” o “Impulsaremos acuerdos de colaboración público-privada para dar respuesta a las necesidades reales de acceso a la vivienda […] Alquiler de viviendas vacías a precios asequibles”. Unas propuestas que son medidas que ya existen, pero que se aplican de forma muy limitadas, para colectivos muy específicos y minoritarios. Podría ser una buena propuesta si se ampliaran los requisitos de acceso. Un ejemplo es el Fondo Social de Viviendas (FSV) que estableció el Ministerio de Economía en 2013 y que sólo cuenta con 5.891 viviendas; una medida poco eficaz si tenemos en cuenta que sólo entre enero y junio de 2014 se produjeron 19.565 entregas de vivienda habitual, según datos del Banco de España. Precisamente, el FSV se incluye como una propuesta para “paliar los problemas derivados de la crisis económica”, pero, como hemos dicho, sólo plantea esta medida para los casos más graves económicamente. 

Un dato a destacar es que en el programa municipal del Partido Popular no se recoge ninguna mención a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), cuando son precisamente los municipios los que se encargan de este organismo de información. 

El programa autonómico desarrolla más propuestas de consumo. Entre las medidas de apoyo a emprendedores, encontramos una muy llamativa relacionada con el sector financiero: “seguiremos apoyando e impulsando un sector financiero moderno, eficiente y bien capitalizado”. Toda la frase es una falacia en sí misma. Para empezar, la afirmación 'seguiremos apoyando' es obviamente falsa; más bien deberían decir 'seguiremos rescatando'. Tampoco han apoyado a un sector financiero bien capitalizado, sino a bancos que han tapado sus agujeros financieros a costa de fraudes para captar el ahorro de los consumidores a base de vender productos complejos como si fueran seguros o mediante prácticas abusivas como las cláusulas suelo. Por tanto, esta frase debería quedar así: “Seguiremos rescatando un sector financiero mal capitalizado y que perjudica a sus clientes”.

En este mismo apartado, encontramos también frases como: “haremos de la protección y la defensa del consumidor una política transversal todas las áreas de Gobierno e impulsaremos un consumo racional, saludable y solidario” o “Promoveremos un cambio de mentalidad en los ciudadanos potenciando actitudes responsables y aumentando su sentido crítico en el ámbito del consumo”.  El consumidor ya es crítico, no es un problema de actitud sino de tener medios de defensa. No concreta ninguna medida ni dice cómo va a llevarlo a cabo. En cuanto a lo de cambiar la mentalidad de los ciudadanos, ¿cómo cambia un Gobierno esa mentalidad? Lo dice más adelante: “Incentivaremos y la información y la formación especifica de los usuarios de nuevas formas de consumo y en los servicios que generan una mayor competitividad (eléctrico, servicios financieros y telecomunicaciones)”. Una medida aceptable pero habría que ver qué entiende por 'información y formación'. 

El programa también dice que aumentaran el diálogo y la colaboración con las asociaciones de usuarios y consumidores para elaborar políticas y estrategias a implementar. Con esta propuesta se atribuyen como medidas propias la motivación de otros en lugar de definir sus propias actuaciones. También encontramos: “Incrementaremos las inspecciones y reforzaremos el sistema arbitral”. Una medida interesante para los consumidores, pero en la que no especifica cómo lo van a hacer ni en qué sentido. ¿Aumentarán la plantilla de estos departamentos? ¿Obligarán a las empresas a adherirse al arbitraje? 

El Partido Popular promueve el ahorro energético en el programa autonómico; una propuesta razonable dado que la mayor parte de la energía es una importación exterior, aunque parece simplemente un refuerzo de trabajo cotidiano. Respecto al consumidor solo: “Mejoraremos la información hacia el consumidor para que sea simple y clara [...] Permitiendo así también la posibilidad de comparación”. Esta propuesta está orientada a la comprensión de la factura. Es una buena medida si se hace correctamente, ya que muchas campañas comerciales de las compañías eléctricas son engañosas, no ofrecen mejoras sustanciales y acaban sacando al consumidor del mercado regulado al mercado libre sin que se de cuenta y perdiendo así posibilidades de reclamación ante determinadas instituciones.

En el programa autonómico vuelven a abordar el tema de la vivienda en el apartado de la infraestructura en los mismos términos que en el municipal: “Profundizaremos en la reforma de la política de vivienda para garantizar un modelo sostenible basado en el alquiler y la rehabilitación, que permita una recuperación equilibrada del sector”. En realidad se esta refiriendo a una recuperación del sector de la construcción que tendrá que redirigir sus inmuebles construidos al alquiler en lugar de a la venta, y tendrán que trabajar en la rehabilitación de la oferta de viviendas existente ya que no es necesaria vivienda nueva. “Facilitaremos el acceso a la vivienda de las familias con menores ingresos a través de ayudas al alquiler […] Priorizando casos de ejecuciones hipotecarias, personas mayores y situaciones de especial vulnerabilidad”. Como se ha dicho, esto ya existe para rentas muy, muy bajas. “Potenciaremos la construcción de parque públicos de viviendas en alquiler para situaciones de especial necesidad”. Vuelve a promover la construcción; ¿no pueden formar dicho parque con las viviendas existentes? Destaca el hecho de que no se le da un recorrido o importancia a la aplicación de la ley de segunda oportunidad, cuando ha sido el PP el partido que la ha establecido, aunque de manera limitada y sin ser una verdadera ley de segunda oportunidad. 

En cuento a la Justicia, el PP dice que“racionalizaremos las cargas de trabajo de los órganos judiciales mediante criterios flexibles de reparto de asuntos.” Una buena medida pero que no concreta más allá de lo que podemos leer. También defienden el impulso de los medios alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, pero se olvidan de que, a menos que obliguen a las empresas a acudir a estos medios, no está en su mano sino en la de las empresas puesto que son voluntarios. En este campo, además, las medidas que proponen se contraponen con la política que han tomado estos cuatro años: “mejoraremos la calidad y eficiencia de la asistencia jurídica gratuita”. Esta claro que esta asistencia es mala actualmente, por no hablar de las tasas judiciales que implantaron durante su mandato y que impedían el acceso gratuito a la justicia. 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): medidas que no tomaron hace cuatro añosAmpliar imagen

Al contrario que el PP, el programa autonómico del PSOE no trata el tema de consumo ni a los consumidores (solamente hay una referencia en el diseño urbano basado en ciudades compactas, orientadas a controlar el consumo de suelo y en el ahorro energético). No ocurre lo mismo en el programa municipal, que recoge que los municipios sí podrán ejercer competencias delegadas siempre que éstas les sean atribuidas con tal carácter por la Administración titular de las competencias con la correspondiente asignación presupuestaria. Asimismo, si no está delegada, los municipios podrán ejercer la competencia siempre que promuevan previamente el oportuno expediente para justificar que el ejercicio de las competencias no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Local. Las funciones principales que estable es la de informar y orientar al consumidor y la recepción, tramitación y mediación de las reclamaciones que se presentan.

El partido “asume el compromiso de construir consumidores/as activos/as y responsables conscientes de las consecuencias de sus actos y comprometidos con la creación de un entorno social y medioambiental sostenible. ¿Quieren decir con esta frase que los consumidores son responsables de la crisis? El programa también recoge la voluntad del PSOE por mejorar la cooperación con las asociaciones de consumidores, pero sólo hablan de asociaciones locales, no estatales. También hablan de impulsar y potenciar el sistema del arbitraje de consumo, pero, al igual que el PP, no dicen medidas concretas y dejan de lado el arbitraje en servicios financieros. 

Dicen apoyar el consumo responsable, mediante el desarrollo de acciones ejemplarizantes y de comunicación para difundir el concepto de consumo responsable entre la población. Para ello, planean establecer programas de formación para asociaciones de consumidores y talleres de consumo en el ámbito escolar. De esta forma, reducen la educación de los consumidores solamente a los niños, sin contar con otras franjas de edades como jóvenes, adultos y jubilados. ¿Cómo van a impulsar un verdadero consumo responsable si no lo fomentan entre toda la población? 

También encontramos pequeñas referencias relacionadas con la energía en el programa municipal, en donde podemos leer: “Entre todos debemos impulsar la transición hacia un nuevo modelo energético que gire en torno a dos ejes fundamentales: la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables. Trabajaremos para que el modelo energético sea inclusivo, y por tanto radicalmente incompatible con la pobreza energética. Estamos firmemente decididos a evitar la existencia de consumidores vulnerables que no tengan cubiertas sus necesidades energéticas básicas por falta de recursos.”

En el programa del PSOE, relativo al tema de los desahucios, defiende “reaccionar para evitar que todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable de nuestra sociedad”; una idea contradictoria porque fue justamente el PSOE el que favoreció que los consumidores fueran los que pagaran las consecuencias de la crisis. Seguimos leyendo y encontramos “se instará al Gobierno del Estado a sustituir la lamentable legislación hipotecaria actual por una nueva que impida los lanzamientos de primera vivienda sin solución alternativa de disposición de un alquiler social y a regular definitivamente la 'segunda oportunidad'”. ¿Por qué no tomaron estas medidas hace cuatro años cuando estaban en el Gobierno? Recordar que los desahucios se han incrementado desde el comienzo de la crisis en 2008, cuando el PSOE estaba en el poder. 

Es cierto que recogen una propuesta que consiste en crear oficinas en los ayuntamientos destinadas a orientar y asesorar legalmente a quienes tengan problemas para hacer frente al pago de sus cuotas. Estas oficinas pondrán en práctica programas de mediación para facilitar la reestructuración, quita, control de intereses, dación en pago con alquiler social o denuncias sobre el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas. Si esta medida sale adelante y realizan la labor que exponen en el programa, puede ser una ayuda interesante para luchar contra los desahucios. 

El PSOE también hace algunas propuestas sobre viviendas en su programa autonómico. Encontramos que el PSOE “se compromete a que no habrá ejecución hipotecaria sin que la Administración Autonómica haya intermediado para dar una alternativa de alquiler social o procurado una mediación con la entidad financiera para un plan de reestructuración de la deuda. Además, en el ámbito de la política de vivienda social de las Comunidades Autónomas, se prohibirá la enajenación de las viviendas sociales a fondos buitres.” Al igual que la medida que describen en el programa municipal, si realizan esta tarea tal y como la describen, podría suponer una buena medida que paralizaría el alto número de desahucios. 

En cuanto al sistema económico, indican que quieren establecer un modelo de economía justa: “España necesita una política económica alternativa. Una alternativa realista, solvente y transformadora. Necesitamos una Agenda para la Transición y Modernización Económica, que suponga un salto de calado y global, que resuelva la baja competitividad, el elevado paro y precariedad laboral y el endeudamiento privado y público.” Hablan de democratizar la economía, pero en ningún momento concretan este nuevo modelo de economía ni el papel que le van a establecer al sistema financiero en ella. 

Ampliar imagenPodemos: medidas concretas en vivienda pero no en el resto de temas de consumo

El plan de Podemos se estructura en la realización de una estrategia de rescate ciudadano. Pretenden paralizar todos los desahucios de los deudores de buena fe que no han podido hacer frente a los pagos. También garantiza un mínimo de subsistencia de los suministros de luz y gas, con sanciones a las compañías que pongan cláusulas abusivas en sus contratos. 

Implantarán un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas basado en una fase de conciliación y, si no hay acuerdo, decide el juez si se realiza un plan de pagos, quita, etc. La simplificación del procedimiento puede ser beneficioso para los consumidores con problemas hipotecarios, puesto que pueden llegar a un acuerdo con la entidad o conseguir una solución a su situación de una manera rápida y eficaz; aunque no entendemos que haga esta propuesta en estas elecciones cuando las competencias para legislar el tema procesal no es de las comunidades autónomas y menos de los municipios. Un dato importante de su programa es que limitarán la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado. Podemos incluye la dación en pago y explica que incluso puede haber carácter retroactivo, pero la introducen como última solución puesto que, al igual que ADICAE, defienden que no es la solución a la problemática hipotecaria.  

Podemos elabora un plan para un nuevo modelo productivo, donde incluye el desarrollo de las energías renovables mediante incentivos al sector privado que lo promueva y el desarrollo de un plan energético en las comunidades autónomas. El nuevo modelo también incluye el desarrollo de una banca pública, el apoyo a una economía social y solidaria y la propuesta de aliviar la deuda autonómica mediante la negociación con el Estado. Esta última medida es ambigua y poco clara; no establecen los procedimientos que van a seguir ni los parámetros que quieren establecer para negociar esta deuda. La idea de la banca pública tampoco la desarrollan bien; no saben cómo lo establecerán y qué labores cumplirá. 

Podemos tiene más desarrollado su apartado del programa dedicado a la vivienda y suministros. Es un firme defensor del derecho a la vivienda, por lo que la mayoría de sus medidas van encaminadas a promocionar este derecho con la creación de una agencia pública, por ejemplo. En este caso, Podemos debería tener en cuenta la labor que han desarrollado los organismos sociales o asociaciones de consumidores en este sentido. Establece que el Gobierno autonómico deberá limitar sus relaciones con entidades financieras a únicamente aquellas que de manera fehaciente cumplan con los estandartes internacionales de derechos humanos en materia de desalojos forzosos. Defienden un procedimiento administrativo sancionador para hacer frente al acaparamiento de viviendas vacías, de modo que pueda actuarse contra las entidades o personas que posean más de diez viviendas. Planean ampliar y mejorar el parque público de viviendas para alquiler social mediante acuerdos con las entidades intervenidas y apostarán por la rehabilitación de viviendas en lugar de la construcción de nuevas. El partido se centra mucho en la problemática de los desahucios, pero se olvida de los fraudes al ahorro, que no nombra en su programa político. 

En cuanto a suministros, Podemos quiere estudiar la creación, por parte de cada comunidad autónoma, de una empresa comercializadora de electricidad de titularidad pública para asegurar, entre otras políticas, el rescate energético de las personas aquejadas de pobreza energética.

Ciudadanos (C's): sin posición clara ante los fraudes al ahorro e hipotecariosAmpliar imagen

Ciudadanos es uno de los nuevos partidos que ha emergido actualmente con fuerza y que ha entrado pisando fuerte estas elecciones. Este partido aspira a liberalizar las rigideces del sistema y acabar con la precariedad y la temporalidad, pero su programa económico todavía está por concretar en algunos puntos.

En cuanto a la vivienda, Ciudadanos propone una nueva legislación, que en el caso de los préstamos hipotecarios, pueda obligar al banco acreedor a aceptar en pago el inmueble hipotecado a un precio igual al 100% del valor de mercado que tenga en ese momento, previa tasación por una profesional independiente. Por otro lado, la deuda remanente, y sin garantía hipotecaria, podrá ser objeto de renegociación, e incluso extinción. Las deudas sin garantía se podrán reestructurar mediante un acuerdo extrajudicial con todos los acreedores, mediante un convenio con propuestas y contrapropuestas de acreedores y deudores. No es la dación en pago como algunos han dicho y tampoco evitará las ejecuciones hipotecarias. Sustituye la subasta de la vivienda por una tasación (manipulable siempre y una de las causas de la burbuja).

Este partido también propone destinar las viviendas desahuciadas que estén vacías a una bolsa a la que puedan optar las personas en riesgo de exclusión. Para incentivar su ocupación, se propone a los dueños de las mismas una bonificación del IBI de hasta el 95%. Habrá que ver qué requisitos para acceder a esta bolsa establecen, porque si son tan restrictivos como los del PP, poco van a hacer. Además, resulta un tanto contradictorio, si desahucian a una familia, esa familia ya se encuentra en riesgo de exclusión social, ¿no sería más eficaz establecer un alquiler social antes del desahucio? 

Defienden un sistema público de pensiones contributivo y de reparto con solidaridad entre generaciones. Proponen equiparar las pensiones más bajas al salario mínimo interprofesional y las prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez al 75% del salario mínimo interprofesional y quieren incentivar el retraso voluntario de la edad de jubilación más allá de los 65 años mediante exenciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas y mejoras en las propias pensiones. 

Ciudadanos aboga por una justicia independiente y despolitizada. Entre sus propuestas encontramos la de cambiar la forma de elección del Fiscal del Estado, dotándolo de más autonomía; la elección democrática de todos los órganos de gobierno interno del Poder Judicial por los propios jueces; y la independencia de los Organismo Reguladores y Supervisores. La politización de instituciones, cajas de ahorros y Justicia sigue siendo una de las lacras de nuestro sistema. Sin independencia, se seguirán sucediendo conflictos de interés y abusos que siempre dejarán desprotegido al de siempre, el consumidor. 

Ciudadanos no tiene una posición clara ante los fraudes al ahorro e hipotecarios, lo que no da mucha confianza sobre las políticas que seguirá en un futuro. En el caso de las preferentes, Manuel Conthe, uno de los encargados de elaborar el programa económico del partido y expresidente de la CNMV (2004-2007), responsabilizaba a los 'inversores' en preferentes por su mala suerte. En cambio, en mayo de 2013, suscribieron una moción de CiU en favor de los afectados. Por tanto, dan la sensación de que juegan al despiste con los ciudadanos en este sentido. 

En el siguiente artículo, se analizarán los programas de Izquierda Unida, UPyD, las coaliciones políticas y los partidos nacionalistas; además de las principales conclusiones de todos ellos. 

Comentarios: 1

1 - 16-05-2015 - 16:35:13 h
Pero ningún partido lleva en su programa la protección de inquilinos y habitantes de pisos Sociales del IVIMA!!!

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