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DE BANCOS, CAJAS Y SEGUROS
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Las propuestas electorales se centran en la problemática hipotecaria y se olvidan del resto de temas de consumo (II)

Como vimos en la primera parte de este artículo, los partidos políticos vuelven a olvidarse de las necesidades de los consumidores. Sí que tienen medidas concretas en materia de hipotecas, pero en el consumo general los programas políticos no ofrecen propuestas que supongan un avance. El resto de partidos siguen la misma tendencia.

18-05-2015

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Continuamos con el análisis de las propuestas electorales que puedan ser de interés para los consumidores. Tras realizar un análisis de sus programas electorales, vemos que el consumo vuelve a ser un tema olvidado en sus políticas, a excepción del tema hipotecario, de marcado interés en la mayoría de los programas. En la primera parte de este artículo, analizamos los programas del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. En esta segunda parte, veremos que el resto de partidos siguen la misma línea. 

A continuación, desarrollamos las principales propuestas en consumo de cada uno de los partidos, ordenados según intención de voto:

Izquierda Unida (IU): medidas enfocadas a los casos de máxima emergencia socialAmpliar imagen

Las primeras propuestas de Izquierda Unida las encontramos en el sector de la economía, donde piden un auditoria ciudadana de la deuda y una banca pública. En la auditoria explican que “en el caso municipal, es preciso desvelar las deudas municipales por prestación de servicios, que no son de su competencia, pero que tienen una financiación de otras Administraciones insuficiente y tardía”. En este caso, dicen que los municipios han estado llevando a cabo tareas que son de ámbito autonómico, pero como la comunidad autónoma no está llevando a cabo esos trabajos, los están desarrollando los municipios. Para IU, esta deuda municipal es ilegitima. “Esa auditoria se concentraría en las emisiones de deuda pública de las CC.AA. y algunos Ayuntamientos y en el contenido, procedimientos de licitación y pago de los grandes contratos públicos que han generado deudas municipales o autonómicas”. Dicen que se prestará una especial atención a los sobreprecios sobre el inicialmente pactado y sobre la actividad de las empresas públicas dependientes de Ayuntamientos, Diputaciones, Consorcios Locales y CC.AA. Una medida que queda bastante coja y falta de concreción. 

En cuanto a su propuesta de crear una banca pública, la justifican aludiendo a la necesidad de una banca al servicio del interés general y no de intereses privados de la élite financiera. Proponen crear una Banca Pública, a través del mantenimiento de la nacionalización de las entidades intervenidas, la utilización de los derechos de voto y gestión en función del capital y otras ayudas públicas aportadas a cada institución y la creación de nuevos bancos públicos. ¿Para qué crear esta banca pública? Su objetivo será facilitar el crédito a empresas y familias para desarrollar una economía real y sostenible. Al igual que la propuesta anterior, es una medida un poco superficial a la que le falta concretar algunos detalles: ¿sólo daría crédito? ¿En qué proyectos invertiría? ¿Vendería productos financieros? ¿Qué comisiones tendría?, etc. 

El programa del partido también hace mención a las 3 millones y medio de viviendas deshabitadas que hay en nuestro país y sus medidas van enfocadas a los casos de máxima emergencia social exclusivamente. IU se compromete a garantizar la función social de la vivienda, asegurando el acceso en alquiler de estas viviendas vacías desde el control público. Por tanto, establecerá una sanción a las viviendas deshabitadas en manos de entidades financieras, sociedades de gestión de activos y personas jurídicas, no a las viviendas de familias. El partido también propone regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las entidades financieras que desahucien a familias en riesgo de exclusión social. 

Establecen que las viviendas públicas (construidas con financiación pública) o las protegidas (construidas con financiación privada y pública) no podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, fondos de titulización o fondos “buitre”, como ha ocurrido en algunos municipios. Para ellos, “el parque de viviendas públicas debe tener consideración de Servicio Público, tan importante como la educación o la sanidad y por lo tanto contará con protección suficiente”. Estará dirigido a las personas que han sido, según las denomina el programa del partido, “expulsadas del mercado inmobiliario” y que no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada. ¿Quiénes son las personas expulsadas del mercado inmobiliario? El programa no aclara si son las familias con menores rentas, los desahuciados, las que estén en riesgo de exclusión social... “Ninguna familia que no pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento, podrá ser expulsada de las viviendas públicas”. Una medida que, por lo que podemos leer, está dirigida a personas en riesgo de exclusión social, algo que ya se realiza actualmente. Así que, habrá que ver qué requisitos de acceso ponen. Si son tan restrictivos como lo son actualmente, difícilmente va a solventar este problema.

IU termina defendiendo el fomento de la rehabilitación de viviendas y el fortalecimiento del alquiler en contraposición a la propiedad, de forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeudamiento para el acceso de crédito hipotecario. Exceptuando esta última propuesta, todas las demás medidas referentes a vivienda que se han expuesto están muy centradas sólo en el colectivo en peligro de exclusión social. Nada se dice de otros consumidores que también se encuentran en una situación de vulnerabilidad pero no cumplen los requisitos de especial indefensión. 

En el ámbito de la justicia también tienen varias propuestas que señalar. Para empezar, plantean que los ayuntamientos y las comunidades autónomas sean los que abonen las tasas judiciales (exceptuando aquellas empresas que obtienen beneficios). Dicen que lo recuperarían por gravámenes en los servicios disfrutados por las sedes judiciales y también gravámenes sobre las tasas; aunque con la eliminación de las tasas judiciales para las personas físicas, esta medida no tiene mucho sentido actualmente.

Defienden también la transformación del Turno de Oficio en servicio público prestado por la Administración en un sistema de “Defensores Públicos” integrado por abogados y abogadas dedicados exclusivamente a esta tarea. Es un sistema que deberá ser gestionado por las comunidades autónomas y ayuntamientos de forma concertada, a través de profesionales contratados a tal fin, con exclusividad, y pagados decentemente por las administraciones publicas prestadoras del servicio.

IU aboga por una justicia “restaurativa” que pondrán en marcha los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Este tipo de justicia es aquella que procura restaurar el daño causado mediante una imposición de sanción al infractor que repercute directa y positivamente bien en la víctima o bien en la sociedad en su conjunto a través de colectivos de víctimas. Si se desarrolla de manera adecuada, puede servir para frenar los abusos y resarcir a los consumidores afectados. 

Ampliar imagenUnión, progreso y democracia (UPYD): propuestas centradas en el sistema financiero y poco en los consumidores

Este partido coincide en varios puntos con las propuestas de Ciudadanos, aunque no se 'casan' con ellos, pese a las proposiciones de Albert Rivera a Rosa Díez.

UPYD tiene unas políticas muy concretas con respecto al sistema financiero. Propone la urgente despolitización de las cajas y del sector financiero: depurar responsabilidades y saneamiento bajo control público. También defienden que las ayudas públicas a la banca deberían ser devueltas al Estado y limitar o eliminar las indemnizaciones y privilegios de este sector. El partido busca mejorar los organismos de protección de los usuarios de servicios financieros mediante la ampliación de sus atribuciones y medios, como un sistema vinculante de resolución y mecanismo sancionador efectivo (una reivindicación que ADICAE lleva pidiendo muchos años y que pocos partidos políticos comparten). 

En esta línea, UPYD aboga por reforzar la independencia y autoridad sancionadora de los organismos reguladores (Banco de España y la CNMV), acabando con su dependencia de los partidos políticos y del Gobierno. Para ellos los nombramientos "de personas de confianza de los partidos" no son "la mejor forma de garantizar la credibilidad y la independencia" de los órganos de control del Estado, por lo que es necesario hacer cambios que aseguren una mayor independencia. Un ejemplo de esta realidad lo encontramos en la actual presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, que fue diputada del PP.

UPYD incluye en su programa una propuesta por una justicia independiente y eficaz. Los jueces deben elegir libremente a sus órganos de gobierno, no los partidos políticos, y el Parlamento debe elegir al Fiscal General del Estado para aumentar la independencia de la Justicia; por la misma razón, el gobierno no debe nombrar miembros del Tribunal Constitucional. Defienden que conseguir una verdadera igualdad y seguridad jurídica es una asignatura pendiente en España: las leyes deben ser pocas, claras e igual de obligatorias para todos. Pero la separación de poderes en España es una utopía. El centro neurálgico de la corrupción política está ubicado en la politización y la falta de independencia de la Justicia. Los altos tribunales de Justicia de nuestro país están controlados totalmente por el poder político. Para que un juez haga “justicia” no debe aceptar presiones ni sobornos de ningún tipo. Sólo así funcionará la Justicia de manera ágil e independiente. Por lo que ha está propuesta le falta concreción y una manera eficaz para desarrollarla y que garantice esa independencia. 

¿Cuál es la posición de UPYD ante los fraudes al ahorro? El partido presentó en noviembre de 2014 en el Congreso una propuesta de solución instando al Gobierno a su aprobación (con las reivindicaciones propias de ADICAE). Además, presentaron una querella contra Bankia por el caso de las preferentes, a favor de los afectados. En cuanto a las cláusulas suelo, no tienen una posición declarada pero realizó una pregunta por escrito al Gobierno en 2014 exigiendo que se eliminaran estas cláusulas de las nuevas hipotecas y pidiendo que se cumpliera la sentencia del Tribunal Supremo. Es uno de los partidos que más se ha posicionado, pero, ¿tiene que ser ese su papel o sólo buscan votos con estas maniobras?

Coaliciones políticas: medidas concretas en vivienda y energía

A lo largo del país, han surgido diferentes candidaturas fruto de uniones entre partidos políticos. Así, existen cientos de candidaturas que usan los nombres 'Ganemos', 'En Común', 'Marea', etc. La mayor parte de ellas están formadas por decenas de partidos políticos, entre los que suelen encontrarse Podemos, Izquierda Unida, Equo, Partido X y otras formaciones progresistas. En el ámbito del consumo, el nexo común de este tipo de candidaturas es el de democratizar la economía, mejorar el acceso a la vivienda de la población, especialmente de aquellos sectores más desfavorecidos, y potenciar la eficiencia energética. Para este artículo, hemos analizados los más representativos: Barcelona en Comú, Zaragoza en Común y Ahora Madrid, pero la mayoría de estas coaliciones tienen propuestas similares a estos dos.

Muchas de las medidas de Barcelona en Comú están orientadas a detener los desahucios y a asegurar un techo a todos los ciudadanos. Por lo que proponen aumentar los recursos de las oficinas de vivienda para que puedan prevenir los desahucios y realizar el acompañamiento de las familias afectadas. Este servicio impulsará un procedimiento de negociación con los propietarios de la vivienda con el objetivo de conseguir un alquiler social que impida el desahucio. También quieren establecer una mesa de negociación con entidades financieras, fondos buitres y grandes propietarios para conseguir que las familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler puedan quedarse en su casa en régimen de alquiler social. En caso de no poder detener el desahucio, Barcelona en Comú garantiza un realojo adecuado. Trabajarán para ampliar el parque de vivienda social mediante medidas como las multas a los pisos vacíos en poder de los bancos, la construcción de viviendas de alquiler social, etc. Se vuelve a plantear la construcción de viviendas con todas las que hay actualmente vacías, aunque se destinen para alquiler. ¿No se podría hacer este parque de viviendas con las que hay actualmente? 

Por su parte, Zaragoza en Común siguen unas políticas similares a las de Barcelona en Comú. La coalición dice garantizar que ninguna persona sea desahuciada por motivos económicos. Para conseguirlo, proponen aumentar “el parque público de vivienda existente en Zaragoza hasta alcanzar las 5.000 viviendas en la próxima legislatura, a través de la subrogación de hipotecas de viviendas de familias deudoras de buena fe, cesión de uso de particulares, la compra o expropiación de uso de viviendas vacías en manos de la SAREB y las entidades financieras, y el apoyo municipal para los bloques recuperados por la Obra Social de las plataformas de afectados”. 

La coalición apuesta por las energías renovables y la lucha contra el cambio climático, por lo que incorporarán el criterio de energía renovable en los pliegos de contratación de la energía eléctrica municipal y avanzarán en función del marco legislativo imperante hacia la creación de una Empresa Eléctrica Municipal que gestione con criterios de sostenibilidad y renovabilidad la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica para los ciudadanos. También quieren priorizar por parte de la administración la utilización de la banca ética y promover alternativas locales de financiación, haciendo posible que el ahorro de la ciudadanía sirva para impulsar proyectos locales sin necesidad de recurrir a la banca, como un ente municipal de concesión de microcréditos con control y participación ciudadana. Al hablar de este ente, parece que está hablando de un principio de banca pública, pero sólo se detiene en cuestiones relacionadas con el crédito, no habla de otras cuestiones como el ahorro o gastos que tendría. 

Ahora Madrid pretende potenciar y apoyar a las entidades de economía social y solidaria que desarrollen servicios públicos de cercanía o iniciativas de producción y distribución de proximidad (bancos de tiempo, comercio justo, redes vecinales, grupos de consumo...). En el tema de vivienda, al igual que los anteriores, garantizan el acceso a una vivienda digna mediante medidas como la paralización de los desahucios forzosos de primera vivienda, fomentar la vivienda pública y  potenciar el sistema de alquiler de larga duración. 

Partidos nacionalistas: más medidas en consumo pero la vivienda sigue predominando

Los partidos nacionalistas también presentan propuestas de consumo para estas elecciones. Convergència i Unió (CiU) apuesta por continuar mejorando el servicio de la OMIC, concretamente la atención presencial; se quieren ampliar las tareas de formación y divulgación en materia de consumo en todos los colectivos, incluido el sector comercial, en la que contarán con la colaboración de asociaciones de consumidores. En el campo de la vivienda, dicen: “dedicaremos un 5% de los presupuestos municipales a la construcción, compra y rehabilitación de vivienda social de alquiler”. El partido no da una respuesta eficaz al problema de los desahucios, sólo encontramos entre sus propuestas que seguirán potenciando la medicación con las entidades financieras e incrementar los recursos económicos para evitar que las familias vulnerables pierdan la vivienda. 

Esquerra Republicana de Catalunya quiere potenciar la adhesión al arbitraje de consumo tanto en las las empresas públicas como en las privadas y que se tenga en cuenta este distintivo a la hora de conceder subvenciones a empresas. Puede ser una buena medida que favorezca la adhesión al arbitraje de las empresas. También encontramos en su programa que buscan la cooperación “con las entidades de banca ética y cooperativas de crédito a la hora de desarrollar las actividades financieras de las instituciones públicas”. La vivienda ocupa un lugar destacado dentro del programa de Esquerra, el partido defiende ampliar los parques de alquiler asequibles buscando mecanismos tanto para garantizar la nueva construcción como para movilizar viviendas desocupadas; potenciar los mecanismos para evitar perdidas de vivienda y dar máxima respuesta en caso que se produzcan; además de impulsar la rehabilitación. 

El programa del Partido Nacionalista Vasco (EAJ- PNV) tiene como ejes prioritarios la rehabilitación y el alquiler social en el campo de la vivienda. Así, leemos: “impulsaremos programas de alquiler social, movilizando tanto viviendas de promoción pública como viviendas privada deshabitadas”. En el campo de la energía, el partido apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética, para encaminar a los consumidores hacia un consumo energético responsable. Exceptuando estos dos campos, el partido se olvida del resto de los temas del consumo, donde no encontramos propuestas. 

Otro de los partidos vascos, Euskal Herria Bildu, quieren establecer formas de colaboración y participación con las asociaciones de consumidores para planificar de forma conjunta las acciones a desarrollar y favorecer las medidas de prevención. Esta medida se repite en bastante de sus puntos dedicados al consumo, donde leemos frases como: “facilitar a las asociaciones de personas consumidoras la representación suficiente en aquellos foros donde se decidan cuestiones que les puedan afectar”. El partido también promueve programas de formación destinados a la capacitación de las personas consumidoras, pero no especifica en qué sentido. Al contrario que el resto de partidos, no tiene medidas concretas en el tema de vivienda y, en especial, de los desahucios. 

En Galicia encontramos el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que apoya la creación de un Plan de emergencia social para paliar la grave situación por la que atraviesan algunas familias gallegas. Entre estas medidas, incluyen la paralización de los desahucios. Al igual que otros partidos, quieren crear un parque de viviendas destinadas a colectivos sociales en especial desprotección y colaborar con entidades de banca ética y nuevas cooperativas de energía y no con entidades financieras que ejecuten desalojos; pero sus medidas son poco concretas y muy generales. 

¿Qué propuestas importantes se dejan los partidos políticos?

Pocos son los partidos que tienen un compromiso claro para resolver los fraudes vinculados al crédito, las hipotecas y el ahorro. Al contrario, algunos partidos hablan de apoyar a un sistema financiero que ha ocasionado el fraude de las preferentes, el abuso de las cláusulas suelo y se ha recapitalizado a costa de sus clientes. La solución, tal y como defiende ADICAE, pasa por establecer  unos órganos reguladores independientes de los poderes políticos, que cumplan su función reguladora y sancionadora de manera eficaz para prevenir los fraudes antes de que sucedan. 

Casi todos ellos incluyen propuestas destinadas a afrontar el problema de las ejecuciones hipotecarias, pero, ¿no sería más eficaz abordarlo en la raíz del problema como es evitar el sobreendeudamiento de las familias? Esta claro que medidas como el Fondo Social de Vivienda no están resultando ser eficaces, sobre todo cuando se establecen unos requisitos tan concretos que apenas puede beneficiar a los consumidores con problemas, puesto que muchas de estas medidas están enfocadas a colectivos muy específicos. 

No dan un impulso verdadero a la participación y representación de las asociaciones de consumidores, principales organismos legitimados para defender y reivindicar sus derechos. Algunos partidos hacen unas tímidas propuestas encaminadas en este sentido, como el PP y el PSOE, pero lo nombran de una manera superficial, sin concretar cómo va a ser esa colaboración con las asociaciones y a qué nivel (local, nacional, autonómico...). En cambio, otros partidos, como Podemos o las coaliciones, sí dicen de buscar la colaboración y el apoyo de diferentes organismos sociales, pero todavía falta por definir cuál sera su papel en esa labor. 

En conclusión, las propuestas dejan mucho que desear en consumo, un ámbito de actuación que actualmente engloba casi todos los aspectos de la vida diaria de los ciudadanos. ADICAE seguirá presionando y exigiendo un verdadero compromiso por parte de todos los partidos hacia los consumidores, con propuestas que verdaderamente resuelvan los problemas de los hipotecados, los fraudes al ahorro y los abusos de las grandes compañías. 

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