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Martes, 25 de Septiembre de 2018

Amnistía Internacional confirma que no hay mecanismos que garanticen la igualdad procesal para los afectados por cláusulas suelo

La entidad supranacional publica un informe que confirma las tesis de ADICAE respecto de la indefensión que sufren los afectados por los abusos hipotecarios, millones de consumidores en toda España. AI reconoce que hay en España una clara "falta de justiciabilidad del derecho a la vivienda".

23-06-2015

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"El gobierno central ha aprobado una serie de medidas en los últimos años en relación con los desalojos hipotecarios. A raíz de dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según las cuales había incompatibilidades con la Directiva 93/13 de la UE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial),26 la Ley 1/2013 permitió que las familias alegaran la existencia de una cláusula abusiva que constituyera el fundamento de la ejecución del contrato, y el Real Decreto-ley 11/2014 ofreció tanto a acreedores como a deudores la oportunidad de recurrir contra la decisión adoptada por el juez sobre este asunto".

Sin embargo, "tanto la Ley 1/2013, de mayo de 2013, como el Real Decreto-ley 11/2014, de septiembre de 2014, ofrecían solamente un periodo de un mes a las personas cuya causa estuviera pendiente ante el tribunal en ese momento. La publicación de estas leyes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se consideró suficiente a efectos de comunicación. No se suspendieron los procesos judiciales en curso ni se exigió a los jueces que informaran a las personas que corrían peligro de perder su casa".

Se inactiva, pues, el principio de "igualdad de armas entre las partes", que se aplica a causas tanto civiles como penales y "es un elemento central del derecho a un juicio justo (artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y debe respetarse siempre que el derecho interno confíe a un órgano una función judicial. Este principio exige la igualdad procesal entre las partes. Es un derecho que incluye la oportunidad adecuada para aducir pruebas, impugnar pruebas hostiles y presentar argumentos sobre los asuntos en cuestión. Requiere asimismo condiciones que no pongan en clara desventaja a alguna de las partes respecto de la otra".

"En España, las ejecuciones hipotecarias no llevan aparejada una evaluación independiente de los desalojos de viviendas habituales. El proceso tampoco respeta el principio de igualdad de armas, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, las medidas adoptadas por el gobierno central en los últimos años no han garantizado la participación activa de las personas afectadas, y el gobierno tampoco ha llevado a cabo evaluaciones de impacto".

En opinión de Amnistía Internacional, "las ineficaces vías de recurso para las víctimas de violaciones de derechos humanos derivadas de los desalojos hipotecarios tienen su origen en la falta de justiciabilidad del derecho a la vivienda en España". "En España no se ha habilitado un mecanismo que vele por la igualdad procesal en las negociaciones entre los bancos y las familias". "Partiendo del principio general de la igualdad de armas, las autoridades públicas deben garantizar la imparcialidad del proceso de negociación para evitar la desigualdad entre las partes". "Las negociaciones con los bancos se celebran sólo entre las partes y a puerta cerrada, sin un mecanismo que vele por la buena fe de ambas partes y la igualdad procesal entre ellas".

 

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