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Viernes, 24 de Noviembre de 2017

La economía colaborativa redefine la forma de entender el consumo

El consumo o economía colaborativa es un sistema económico en el que se comparten y se intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales. Se refiere a la manera tradicional de compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar, redefinida a través de la tecnología moderna y la nuevas maneras de medir la reputación de las personas

13-07-2015

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Texto: Miguel Ferrer, Consultor y asesor sobre modelos de actividad de la economía participativa, y Redacción

El consumo colaborativo no cuenta con una regulación clara, aunque hay avances en determinados sectores como el turismo. 

El turismo colaborativo se topa en España con la dispersión normativa

En España, en materia de turismo, no existe una ley estatal que regule la promoción y la ordenación de la actividad turística a nivel nacional. Sí encontramos, en cambio, diversas leyes autonómicas que regulan el turismo, tantas en número como Comunidades Autónomas tiene el Estado español. 

El aprovechamiento de uso turístico (viviendas vacacionales) es  la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial. La anterior Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permitía este tipo de negocios, aunque tras su última reforma se han transferido una serie de competencias a las autonomías, muchas de las cuales, como Baleares están a favor de prohibir el negocio del alquiler entre particulares, aludiendo a que no cuentan con los requisitos necesarios, como puede ser el servicio de limpieza.

En España han sido la Comunidad Valenciana y Cataluña las pioneras en la regulación de la cuestión, aunque según la industria ambas legislaciones son demasiado laxas: la regulación sólo obliga a los anfitriones a darse de alta en un registro, como parte de un código de buenas prácticas. En Andalucía y la Comunidad de Madrid están trabajando en unos decretos que van a limitar de manera clara este tipo de alojamientos.

Ejemplos de plataformas de turismo colaborativo

Dentro del consumo colaborativo surgen plataformas como  Airbnb, que busca y comparte alojamiento; Homeway ayuda a encontrar una casa en alquiler para  vacaciones; Knok promueve el intercambio de casas con familias. Precisamente, todas esas formas de alojamiento encajan en el concepto de viviendas vacacionales.

Con un modelo algo diferente a los anteriores, están las plataformas Couchsurfing y Hospitality Club. Ambos portales ponen en contacto anfitriones que ofrecen alojamiento gratuito por pocos días con huéspedes-viajeros de todo el mundo que lo soliciten y estén dispuestos aceptar las condiciones que imponen los primeros (no fumar, no traer mascotas, ducharse, etc.)

Los defensores de la industria hotelera alegan que al permitir el funcionamiento de estas plataformas, y por ende promoverse el alojamiento privado para el turismo, podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal, que van en contra de la calidad de los destinos turísticos.

Es necesaria una regulación del alojamiento privado para el turismo dirigida para establecer estándares sanitarios mínimos. Desde Europa la Comisión Europea ha venido rechazando la idea de multar a los usuarios de servicios de estos servicios por considerar que se trata de una “medida extrema” y ha reclamado que las autoridades nacionales dialoguen con las empresas para buscar una solución.                                                                         

El carsharing y el carpooling

Otro ejemplo de consumo colaborativo que ha sufrido constantes críticas es el  carsharing (alquiler y uso compartido de vehículos)y el carpooling (rellenar asientos vacíos de coches con otros pasajeros que vayan en la misma dirección).  Según la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), la inexistencia de retribución económica es lo que diferencia un transporte público de un transporte privado. Esta misma ley establece que “Se consideran transportes privados particulares” aquellos que están “dedicados a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y sus allegados”, y añade: “En ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento para su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas”.

En el carpooling (que es el caso de la conocida Blablacar)  se ofrece el servicio a desconocidos, por lo que no se dan las connotaciones de la norma, y entraría en la categoría de transporte público y como tal se requiere autorización, para transportar viajeros por cuenta ajena. Sin embargo, en la relación que hay entre los consumidores no se trata de obtener ingresos adicionales a los meros gastos del desplazamiento. 

El problema viene en supuestos como Cabify o Uber donde si hay una  contratación de un servicio con retribución económica y no una mera “percepción de dietas o gastos”. La actividad de particulares que se ponen de acuerdo para compartir coches y gastos es perfectamente legal (aunque se pongan de acuerdo para ello a través de plataformas de terceros), pero en el caso de servicios en los que haya retribución, una “contratación real” de un servicio, como en este caso será necesaria la correspondiente licencia de transporte. Pero además de los preceptos que están fijados en la LOTT, hay que atender a otras dos leyes: la de Competencia Desleal y la de Defensa de la Competencia. 

Hay que acomodar la legislación a la nueva realidad

El intercambio de bienes y servicios en plataformas  supone un cambio en el esquema actual de la normativa de consumidores y usuarios  por dos razones; en primer lugar porque la figura del consumidor cambia, ya que esta se refuerza pasando de ser una figura receptora de forma unilateral de bienes y servicios a ser consumidor y productor de bienes y servicios al mismo tiempo, lo que llamamos “peer”.

Asimismo, en segundo lugar, la normativa de consumidores se complementa con la reputación, es decir, los requerimientos y garantías en materia de consumidores son completados por la reputación que el “peer” obtiene en las plataformas donde opera, la que funciona como garante de la calidad del servicio, es decir, si el usuario opera con malas prácticas sale del sistema, lo que representa la mayor sanción posible en un entorno de confianza.  

La economía colaborativa están aflorando en España, y nos encontramos con una serie de  retos jurídicos que deben ser evaluados por parte de las empresas, usuarios y, sin duda, por los poderes públicos

La reputación, la confianza y la calidad de estos servicios, se fundamentan en mostrar y verificar que eres quien dices ser.  Esa necesaria verificación podría potencialmente chocar con la privacidad de los usuarios. 

El crowdfunding

España  no cuenta con una legislación específica aplicable al crowdfunding. Ante esta especie de vacío legal, el crowdfunding básico (de recompensas) tributa como cualquier tipo de venta privada. En cuanto al equity crowdfunding y el crowdlending, se mueven en parámetros muy similares al capital riesgo tradicional. El consejo de ministros s anunció un anteproyecto de ley para regular el crowdfunding. La ley afectará al equity crowdfunding y al crowdlending o préstamos P2P. Se establecería un límite de 3.000 euros de aportación a un proyecto (y 6.000 euros al año), una medida que dejaría totalmente fuera no solo a fondos de inversión medianamente grandes, sino también a pequeños business angels, cuyas aportaciones actuales a las empresas suelen ser de entre 20.000 y 50.000 euros. La limitación de inversión complicaría las cosas a los emprendedores que se sometiesen al crowdfunding, ya que a muchos inversores no les merecería la pena entrar con cantidades tan bajas. 

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