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Martes, 25 de Julio de 2017

Los problemas de competencia y la protección al consumidor

La doctora en derecho, Mª Victoria Torre Sustaeta, analiza en este estudio la interactuación de las dos vías de aplicación del Derecho de la Competencia:el cauce administrativo y el judicial, desde la normativa española y las exigencias europeas

14-07-2015

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Texto: Mª Victoria Torre Sustaeta, Doctora en Derecho, especialista en Derecho de la competencia y Derecho procesal, y Redacción

La necesidad de distinguir las dos sedes de actuación del Derecho de la competencia deviene de la diversidad de intereses que tutelan cada una de ellas: la aplicación pública, aludiendo a la vía de tutela administrativa (Comisión Europea y Autoridades Nacionales de la Competencia), satisface el interés general al correcto funcionamiento del mercado, distorsionado por las conductas infractoras objeto de prohibición y sanción; pero la aplicación “privada”, referida a la tutela ejercida por la vía jurisdiccional, satisface otro interés, el individual y concreto de los perjudicados directa o indirectamente que han experimentado una lesión patrimonial como consecuencia de la infracción.

Problemas en torno al Tribunal de defensa de la competencia con la anterior regulación

A sabiendas de la delgada línea que separa las competencias de los órganos administrativos de la de los jurisdiccionales, nos ceñiremos a analizar la hasta ahora facultad potestativa del Juzgador para suspender el proceso en caso de que se tenga conocimiento de que el órgano administrativo competente ha iniciado un procedimiento por la misma causa, si se trata propiamente de prejudicialidad administrativa y las implicaciones que esta potestad del juez puede tener para el proceso, sobre todo en tanto en cuanto tenga carácter devolutivo o no devolutivo.

Bajo la anterior regulación la postura asentada por nuestro Tribunal había sido considerar que “la única autoridad competente para aplicar tanto el Derecho de la Competencia comunitario como el nacional era únicamente el llamado Tribunal de Defensa de la Competencia pues éstos, (entiéndase, los órganos jurisdiccionales) solo serían competentes para determinar la indemnización por los daños y perjuicios sufridos una vez recaída resolución firme en vía administrativa”. La doctrina, por otro lado, había interpretado mayoritariamente que “las partes y los terceros que pretendían la declaración de los efectos civiles derivados del incumplimiento de las normas de libre competencia, estaban sometidos a un doble procedimiento, uno de orden administrativo y otro de carácter judicial, y a soportar en caso de que se hubiese controvertido la decisión adoptada por la autoridad administrativa de competencia, nacional o autonómica, la espera de una resolución definitiva del asunto, pues la decisión administrativa debía ser firme para que fuese procedente la reclamación judicial”.

¿Control judicial o administrativo de la competencia?

Con la entrada en vigor de la LDC de 15/2007 de 3 de julio, se otorgó la debida competencia a los Juzgados de lo Mercantil para conocer directamente tanto de las cuestiones derivadas de los artículos 101 y 102 del TFUE como de los preceptos 1 y 2, que no del 3, de la LDC, 15/2007.

La actual CNMC ostenta, por un lado, facultades declarativas en tanto en cuanto podrá declarar la existencia de conductas prohibidas por la presente Ley o por los artículos 101 y 102 del TFUE y la existencia de conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia; no resultar acreditada la existencia de prácticas prohibidas; por otro, –y siguiendo el régimen que se contemplaba para la CNC–, las resoluciones de la CNMC también podrán ser ejecutivas.

La actual CNMC ostenta, por un lado, facultades declarativas y ejecutivas

Sin perjuicio de lo anterior, aunque el reconocimiento expreso por parte del legislador español sobre la capacidad de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de los asuntos relacionados con las normas de defensa de la competencia europea y española supuso un claro avance en su aplicación privada, los problemas siguen existiendo a falta de una regulación procesal específica.

Con todo, la actual LDC 15/2007 otorga a la CNMC la competencia para “aplicar en España los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea , ahora 101 y 102 del TFUE y de su Derecho derivado, sin perjuicio de las competencias que correspondan en el ámbito de la jurisdicción civil”.

Siguiendo las pautas de la Unión: La “prevalencia” de la vía administrativa sobre la judicial

El TJUE ha intentado poner de manifiesto que “la iniciativa judicial privada y pública coexisten de forma independiente. En principio tienen unas finalidades distintas, si bien pueden ser complementarias”. Interesa constatar la incidencia o influencia que la decisión que se adopte en alguna de las dos sedes puede llegar a provocar en la otra, e incluso, la posibilidad de negar la continuidad de una de las dos actuaciones a la expectativa de la resolución que se alcance en la otra.

No nos encontramos ante una vinculación bidireccional sino unidireccional que condiciona la resulución judicial a la administrativa

No nos encontramos ante una vinculación bidireccional sino unidireccional que condiciona la resolución judicial a la administrativa y no al revés. Este carácter subsidiario, que en muchas ocasiones supedita la vía judicial a la administrativa, puede implicar ciertos inconvenientes o, si se prefiere, impedimentos tanto desde la perspectiva del propio justiciable, en el ejercicio de la tutela de los derechos privados afectados, como desde la óptica de la propia vía judicial como un remedio disuasorio viable y consolidado.

Cuándo la resolución administrativa podría influir en la judicial

Desde el panorama ofrecido por la lógica jurídica, las únicas posibilidades viables en las que una resolución administrativa podría extender sus efectos sobre un proceso civil posterior –en términos de cosa juzgada material– son, en principio, dos: Planteando en el ámbito del proceso civil una cuestión prejudicial contencioso-administrativa o considerar extensible la resolución judicial recaída en el ámbito de un proceso contencioso- administrativo (por ser un recurso sobre un acto administrativo previo) iniciado de modo independiente al proceso civil que pueda desarrollarse ulteriormente. No obstante, parece que el artículo 434. 3 de la LEC, en conjunción con el artículo 16.1 del Reglamento 1/2003 –sobre la “aplicación uniforme de la normativa comunitaria de defensa de la competencia”–,  prevé una tercera posibilidad distinta a las referidas: “suspender el plazo para dictar sentencia en los procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando el tribunal tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento administrativo y, por lo tanto, no un proceso contencioso-administrativo, y resulte necesario conocer el pronunciamiento del órgano administrativo".

La vinculación de facto de los dictámenes de competencia

A la vista de la cuestión suscitada en torno a la potestad de los tribunales para decidir si se suspende el proceso o no en caso de adoptar decisiones susceptibles de entrar en conflicto con una decisión prevista por la Comisión, lo que a priori parece contemplarse como una posibilidad y cuya decisión descansa sobre los órganos jurisdiccionales, acaba convirtiéndose en una obligación. Si este imperativo, al parecer categórico, se hace extensible a los órganos públicos encargados de su aplicación en el ámbito nacional, esto es, las ANC, puede afirmarse que dicha resolución administrativa, siempre y cuando sea firme, gozaría de efectos vinculantes e, indirectamente, siguiendo los postulados de la no contradicción con la resolución administrativa, condicionaría la decisión jurisdiccional en cuanto al objeto del asunto relativo a la existencia o no de una práctica contraria a la competencia.

Lo que a priori parece contemplarse como una posibilidad, cuya decisión descansa sobre los órganos jurisdiccionales, acaba convirtiéndose en una obligación

A modo de conclusión, el inicio de un proceso civil por esta causa no debería, a nuestro juicio, hallarse supeditado a una resolución previa de la CNMC ni de manera imperativa ni, incluso, de manera potestativa. 

Primero, porque a pesar de lo establecido en la reciente Directiva no existe disposición legal alguna que, de forma equivalente al artículo 16.1 Reglamento 1/2003 respecto del carácter vinculante de las Decisiones de la Comisión Europea, disponga expresamente que las resoluciones dictadas por las autoridades nacionales, vinculen necesariamente a los Jueces de lo Mercantil en el enjuiciamiento de las acciones civiles basadas en las mismas conductas, sino que solo serán consideradas como prueba irrefutable de la infracción.

Segundo, y en nuestra opinión, porque solo cuando la decisión adoptada por la CNMC sobre la ilicitud de una conducta sea objeto de recurso contencioso-administrativo, la resolución judicial que lo resuelva vinculará al Juez de lo Mercantil que conozca de las acciones fundadas en aquella misma conducta, como consecuencia de la eficacia de cosa juzgada material en sentido positivo o prejudicial. Entonces, y solo en ese caso, se produciría un efecto condicionante o prejudicial para el posterior pronunciamiento del Juez de lo Mercantil.

Informe completo en:

 http://publicaciones.adicae.net/publicaciones/pdf/PonenciaMariaVictoriaTorre.pdf 

 

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