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Miércoles, 28 de Junio de 2017

La justicia europea vuelve a poner en entredicho la protección al consumidor hipotecario en España

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de Madrid en un procedimiento de ejecución hipotecaria entre Ibercaja y un consumidor. Se abordaron dos cuestiones de las que hoy trataremos una: el interés de demora. En un segundo artículo analizaremos la cláusula de vencimiento anticipado.

06-04-2016

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El pasado 17 de marzo, el TJUE dictó auto ante la petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Alcobendas (Madrid), en el seno de un procedimiento de ejecución hipotecaria entre Ibercaja y un consumidor. En concreto, la cuestión prejudicial planteaba si la Directiva se opone a las disposiciones nacionales con arreglo a las cuales, la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato hipotecario, relativas al tipo de interés de demora y al vencimiento anticipado del contrato en cuestión, depende exclusivamente respecto la primera, de la cuantía de dicho tipo, y respecto de la segunda, del número de mensualidades que se encuentren en mora de pago. 

A vueltas con los tipos de interés de demora 

En cuanto a los tipos de interés de demora, el contrato redactado por Ibercaja prevé la aplicación de un 19% nominal anual para los casos de retraso en el pago. Si analizamos la normativa nacional, el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, establece una limitación de los intereses de demora respecto de los préstamos o los créditos destinados a la adquisición de la vivienda habitual y garantizados mediante hipotecas constituidas sobre la vivienda en cuestión. Concretamente, en los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 – 15 de mayo de 2013 –, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, tal cantidad deberá ser recalculada aplicado un tipo de interés de demora calculado a partir de un tipo no superior a tres veces el interés legal del dinero cuando el tipo de interés de demora fijado en el contrato de préstamo hipotecario exceda de ese límite. 

En una errónea interpretación del precepto, el tribunal nacional estima que del citado artículo debe interpretarse que, cuando el juez deba apreciar el carácter abusivo de una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario relativa a los intereses de demora, sólo podrá comprobar si el tipo de intereses pactado por las partes es superior a tres veces el interés legal del dinero, sin que tenga la posibilidad de tomar en consideración a este respecto otros elementos. 

La doble comprobación del juez 

El TJUE responde en el auto que, además de comprobar si el tipo de interés pactado por las partes es superior a tres veces el interés legal del dinero, corresponde al juez nacional comprobar si las cláusulas son abusivas, es decir, si provocan un desequilibrio en detrimento del consumidor entre los derechos y obligaciones de las partes. Ambas ideas reflejan, como veremos, conceptos y consecuencias diferentes. 

En primer lugar, para la apreciación de tal carácter abusivo, el TJUE recuerda que deben tenerse en cuenta, tanto la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato, así como todas las circunstancias que concurran en su celebración, y las consecuencias que dicha cláusula puede tener en el marco del Derecho aplicable al contrato, lo que implica un examen del sistema jurídico nacional – elemento este último a apreciar que no recoge la Directiva expresamente, pero que ya ha sido subrayado en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia del alto tribunal europeo–. 

Un tipo de interés de demora inferior a tres veces el interés legal puede ser abusivo 

 Por ello, el TJUE concluye que la apreciación del supuesto carácter abusivo de los intereses de demora, no puede limitarse a los criterios que establecen el art. 114 de la Ley Hipotecaria. Ya la STJUE del 21 de enero del 2015, en los asuntos acumulados C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13 Unicaja/Caixabank, resolvió que la obligación de respetar el límite máximo del tipo de interés de demora equivalente a tres veces el interés legal del dinero, no prejuzga en absoluto la apreciación por parte del juez del carácter abusivo de una cláusula por la que se establecen intereses de demora, y por ello, no resulta contrario a lo establecido por la Directiva. 

En la medida en la que la disposición en cuestión no impide que el juez nacional pueda, en presencia de una cláusula abusiva, ejercer sus competencias y excluir la aplicación de dicha cláusula, la Directiva no se opone a la aplicación de tal disposición nacional. Y de este modo, no cabe considerar que un tipo de interés de demora inferior a tres veces el interés legal del dinero sea necesariamente equitativo en el sentido de la mencionada Directiva. 

Por contra, en el supuesto de que el tipo de interés de demora estipulado en una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario sea superior al establecido en la disposición transitoria segunda y deba ser objeto de limitación en virtud de dicha disposición, tal circunstancia no impide que el juez nacional pueda, además de aplicar esa medida moderadora, ejercer el control de contenido extrayendo el eventual carácter abusivo de la cláusula en la que se establece ese tipo de interés y aplicar todas las consecuencias que se derivan de la Directiva. 

Intereses legales e intereses abusivos 

Tal y como expone el profesor Marín Lópezno existe conexión alguna entre el régimen de los intereses moratorios de la Ley 1/2013 y el posible carácter abusivo de la cláusula no negociada individualmente que fija intereses moratorios excesivamente elevados. Conforme a las reglas introducidas por la Ley 1/2013, en determinados préstamos hipotecarios son ilegales los intereses moratorios pactados que excedan de tres veces el interés legal del dinero. Se trata de intereses ilegales, pues vulneran un precepto legal (el art. 114.III LH) que impone una cuantía máxima a esos intereses. Distintos son los intereses de demora abusivos. Como tal cabe calificar los que, habiéndose incluido en cláusulas no negociadas individualmente en contratos entre empresarios y consumidores, son “desproporcionadamente altos” (art. 85.6 TRLGDCU). Ambos operan en situaciones distintas, con diferentes reglas de juego, y obedecen a razones también diferente”. De este modo, no cabe considerar que en todos los contratos un tipo de interés de demora inferior a tres veces el interés legal del dinero sea necesariamente equitativo en el sentido de la mencionada Directiva. 

Las cláusulas abusivas no vinculan al consumidor 

Además, para el caso concreto de que el juez nacional considerase abusivas cláusulas contractuales, debe señalarse que la Directiva impone expresamente a los Estados miembros la obligación de establecer que tales cláusulas no vincularán al consumidor. Se trata de una disposición imperativa, que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de las partes, por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad de éstas. Es más, el contrato seguirá siendo obligatorio para las partes, en los mismos términos, si puede subsistir sin las cláusulas abusivas, ante lo que el TJUE estimó que no se permite que el juez nacional pudiera modificar el contenido de las mismas. Los jueces nacionales únicamente están obligados a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva. 

Por tanto, si enlazamos esta última conclusión con lo que venimos analizando, en aquellos supuestos en los que una cláusula fuera tanto ilegal como abusiva, el juez nacional no podría aplicar la medida moderadora nacional de limitación de intereses para subsanar ambos defectos, debiendo primar el criterio de la Directiva, y por tanto, dejando sin aplicación la citada cláusula en cuestión. 

La capacidad del juez para sustituir una cláusula abusiva 

Es cierto sin embargo, que el Tribunal, tal y como recoge en el propio auto, también ha reconocido al juez nacional la facultad de sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional, siempre que se ajuste a la Directiva y permita restablecer un equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato. Es decir, en los casos en los que el contrato no pueda subsistir sin las cláusulas abusivas, de tal manera que la declaración de nulidad de la cláusula en cuestión, obligaría al juez a anular el contrato en su totalidad, lo que representaría para el consumidor una penalización más que una solución. 

Sin embargo, el Tribunal estima que para el caso concreto que se le ha planteado mediante la cuestión prejudicial, la posible inaplicación de la cláusula que contiene los intereses de demora abusivos, no resultaría perjudicial para el consumidor, ya que, los importes en relación con los cuales se iniciaron los procedimientos de ejecución hipotecaria, serían necesariamente menores al no incrementarse los intereses de demora. 

De hecho, según jurisprudencia del TJUE, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el art. 7 de la Directiva, dado que contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, tales cláusulas no se apliquen frente a los consumidores, puesto que los profesionales podrían verse tentados a utilizar tales cláusulas sabiendo que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando el interés de dichos profesionales. 

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