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Lunes, 18 de Diciembre de 2017

Economía Colaborativa: ¿Oportunidad para el Consumidor?

No cabe duda de que la economía colaborativa ha abierto nuevas expectativas y alternativas a los consumidores, alternativas que suponen retos en materia de regulación y supervisión de estas actividades.

06-05-2016

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Si algo bueno cabe predicarse de la profunda crisis económica que hemos venido padeciendo en los últimos años, probablemente sea la capacidad de la Sociedad para adaptarse y  buscar fórmulas alternativas para la satisfacción de las necesidades y el acceso a los bienes y servicios que el Mercado les niega cuando las estrecheces económicas se convierten en barrera insuperable para las economías familiares.

La economía colaborativa ha florecido en estos años de penurias al amparo de las lagunas normativas, los activos personales y familiares ociosos o infrautilizados y las facilidades de comunicación ofrecidas por las nuevas tecnologías de la Sociedad de la Información.

La reacción de sectores tradicionales 

Hablamos de nuevas formas de adquisición y disfrute de bienes o servicios basadas en la cooperación, la solidaridad, el trueque y otras prácticas que trascienden la clásica relación consumidor/usuario vs. empresario/profesional, y en las que el ánimo lucrativo debe quedar postergado, por no decir radicalmente excluido, en aras del objetivo social prioritario de satisfacer las necesidades básicas de forma más racional, colaborativa y sostenible, tanto en sus aspectos económicos como ambientales.

En cualquier caso, si algo caracteriza este nuevo modo de desarrollar la satisfacción de necesidades es su enorme heterogeneidad, por cuanto se incluyen en este concepto colaborativo sectores y prácticas muy diversas con difícil tratamiento indiferenciado. Así, destacan por su desarrollo las iniciativas en materia de transportes y movilidad, alojamiento turístico, crowfounding y microcréditos, bancos de tiempo y alimentación ecológica.

Pero, más que el interesante fenómeno socioeconómico en sí, llama la atención la reacción virulenta de los sectores económicos más montaraces ante la irrupción del mismo, calificando estas prácticas de intrusismo, competencia desleal, fraude fiscal y amenaza contra la seguridad y los intereses de los consumidores y usuarios, instando actuaciones gubernamentales y legislativas tendentes a abortarlas a través de acciones más prohibitivas que reguladoras. 

Paradigmáticas y ejemplificadoras de esa realidad han sido las ruidosas protestas del sector del taxi o las de la hostelería frente a las iniciativas en materia de movilidad cooperativa (BlaBlaCar, Über,…) o alojamientos turísticos (Airbnb, por ejemplo). Frente a estas posiciones, ha sido igualmente significativo el interés puesto en la materia por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que tras múltiples análisis y piruetas argumentales llega a una conclusión común en sus dictámenes, y muy acorde con unas tendencias tan coherentes con sus propios fines como habituales en el marco de la Unión Europea: la culpa parece ser de las medidas que limitan los mercados de bienes y servicios y la solución –según ellos- debe pasar por eliminar barreras regulatorias y facilitar el acceso sin restricciones a la actividad económica.

Nuevas expectativas 

Como vemos, valoraciones dispares y encontradas en las que no encontramos satisfacción ninguna quienes aspiramos a que el interés prioritariamente pretendido sea el de la ciudadanía en su condición de consumidores y usuarios, fundamentalmente porque ni unos ni otros responden a las cuestiones esenciales que como tales hemos de plantearnos: ¿es positiva o negativa la economía colaborativa para los consumidores?, ¿cuáles son las oportunidades y amenazas que se derivan de estas prácticas para con sus derechos más esenciales?, ¿qué posibilidades ofrece…?

No cabe duda de que la economía colaborativa ha abierto nuevas expectativas y alternativas a los consumidores, alternativas que además conllevan un alto nivel de disruptividad en las estructuras de mercado tradicionales. Las reticencias del sector empresarial ponen de manifiesto un potencial de desarrollo importante, pero –antes que eso- a nosotros debe preocuparnos la situación en la que pueden quedar los derechos de los consumidores y usuarios frente a estas nuevas alternativas en el acceso a bienes y servicios.

La cuestión no es sencilla, por cuanto hay que partir de la dificultad de enmarcar las relaciones que surgen de este contexto en el ámbito jurídico de las relaciones de consumo, una vez que en la mayor parte de las ocasiones no podemos hablar con propiedad de las mismas en la medida en que el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios deja claro que su ámbito regulatorio se limita a relaciones entre consumidores y empresarios.

El reto de regular para proteger a los consumidores 

Así, una cosa serán las relaciones que puedan entablarse entre los destinatarios de los bienes o servicios y los oferentes no empresariales de los mismos, que parecen abocadas a conducirse bajo las pautas del Código Civil –en tanto no haya alternativa-, y otra las que se susciten entre ambos y  las plataformas de naturaleza empresarial creadas para facilitar la interrelación entre unos y otros, cuya configuración tampoco suele ser fácil por su carácter de aparente y mero intermediario que puede estar retribuido por las mismas o no.

La cuestión no es sencilla, pero estamos abocados a dar una respuesta eficaz a estas iniciativas, asumiendo que su evolución está –y va a seguir estando- por delante de cualquier iniciativa regulatoria, siempre condenada a perseguir una realidad en constante evolución.

Resultaría inaceptable castrar mediante prohibiciones las capacidades que la Sociedad desarrolle para dar respuesta a aquellas necesidades que el Mercado no es capaz de atender. Pero, tampoco podemos compartir los planteamientos que abogan por evitar toda regulación de estas iniciativas desde el argumento de que su normalización conllevaría el  establecimiento de límites que coartarían la frescura con la que se ha desarrollado este multifacético sector. Como tampoco es asumible la posición de la CNMC, cuyo afán desregulatorio solo puede entenderse desde una óptica neoliberal, capaz de abrir al mercado los más esenciales servicios de interés público y general para ofrecer nuevas oportunidades de negocio a los grandes operadores económicos.

La regulación es necesaria, tanto para definir –dentro de las posibilidades que ofrece su heterogéneo carácter- el concepto de lo que podemos concebir como economía colaborativa, como para establecer unas pautas definitorias de derechos y obligaciones entre las partes que intervienen en el intercambio de prestaciones, y de éstas con los instrumentos empresariales de estímulo y soporte de la relación establecida por las mismas. Resulta obvio que el marco jurídico actual, configurado por un Derecho Civil decimonónico y una regulación consumerista superada, es incapaz de dar una respuesta eficaz que compagine su adecuado desarrollo con la protección de los derechos ciudadanos.

Y, en cualquier caso, ese desarrollo normativo deberá realizarse bajo las mismas premisas que rigen las relaciones de consumo, entendiendo fundamental la protección de la salud y la seguridad de los receptores de los bienes y/o servicios y la de sus intereses económicos, buscando incardinar en ese marco el papel de los oferentes y –por supuesto- enfocando el máximo control y responsabilidad en las plataformas empresariales que puedan lucrarse del desarrollo de esta actividad.

 

José Carlos Cutiño

Abogado, Servicios Jurídicos ADICAE

 

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