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Miércoles, 28 de Junio de 2017

Las prácticas comerciales desleales, una vía para defender los derechos de los consumidores financieros (4ª Parte)

Hasta ahora hemos analizado diversos aspectos y requisitos que configuran las prácticas comerciales desleales como una vía de protección a éstos y, a la vez, de tutelar la efectiva competencia de las empresas en el mercado. Vamos a concluir con estos aspectos antes de analizar las acciones que se pueden ejercitar.

20-05-2016

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Habíamos concluido el artículo anterior señalando que la práctica se reputará desleal si el comportamiento del empresario, contrario a la buena fe y las prácticas honestas, provoca como resultado en el consumidor una distorsión significativa en su comportamiento económico. El concepto de consumidor que se emplea es el de un “consumidor medio”

El consumidor medio

En efecto, esa distorsión significativa del comportamiento del consumidor se refiere al consumidor medio al que se dirige la práctica, o en su caso, del miembro medio del grupo en aquellos supuestos en los que se trate de una práctica comercial que se dirige a un colectivo concreto de consumidores o usuarios, según recoje la Directiva 2005/29/CE en su artículo 5.2b). Este criterio se traspuso a nuestro ordenamiento jurídico como elemento de la definición cláusula general ( Artículo 4. 2 de la Ley de Competencia Desleal).

El concepto de “consumidor medio” viene definido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE como aquel “consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”. Es por ello que necesariamente debe establecerse el grupo o grupo específico de consumidores destinatarios de las prácticas como factor para establecer el “consumidor medio” o, en el segundo caso, al “miembro medio de dicho grupo” de consumidores. Tales conceptos son estándares jurídicos, no consumidores individuales. 

Para determinar la reacción del consumidor medio, o del miembro medio del grupo más relevante, habrá que acudir al supuesto concreto, es decir, del bien o servicio específico de que se trate en cada caso. Para ello es necesario delimitar el círculo de destinatarios, el grado de formación o pautas de conducta del consumidor medio o miembro medio del círculo y, finalmente, la reacción esperable de ese consumidor o miembro medio, en particular atendiendo a la influencia de la práctica cuya consideración les ha llevado o les puede llevar a tomar esa decisión económica.

El perfil medio del “pequeño ahorrador”

A modo de ejemplo, han sido numerosas las sentencias que nos permiten delimitar claramente el“retrato robot” del perfil del cliente al que se le comercializaban participaciones preferentes. Si bien el destinatario era una pluralidad de clientes bancarios, el perfil medio de los mismos determinado por oposición a la propia naturaleza y características del producto: cuantías no muy elevadas, desconocimiento de las consecuencias económicas de este tipo de productos financieros híbridos, etc. 

Es menester poner de relieve que un núcleo notable de destinatarios de estos productos de inversión eran personas que podían encajar en el estándar de “consumidores especialmente vulnerables”. En estos casos, la determinación del riesgo de distorsión sustancial de su comportamiento económico no debe efectuarse en atención a la reacción del consumidor medio, sino a la reacción del miembro medio de ese grupo especialmente vulnerable. Para ello, se han de atender, entre los factores que nos interesa destacar, la edad, la inexperiencia y la credulidad, teniendo presente el contexto y la naturaleza y características del bien o servicio. En el ejemplo que hemos propuesto, es de destacar la confianza generalizada en las entidades comercializadoras (con las que estos clientes llevaban en muchos casos años de relación comercial y por tanto de confianza), configuran un perfil muy preciso de consumidores especialmente vulnerables a las prácticas deshonestas de estas entidades. 

Por consiguiente, la complejidad de los productos colocados y las consecuentes obligaciones de información impuestas y no cumplidas con diligencia, contrastan con el perfil de consumidor medio al que se comercializaban, en un claro incumplimiento de las exigencias que fija la normativa sectorial específica (la Ley del Mercado de Valores y la calificación de “minorista”) y, por tanto, en un incumplimiento de la diligencia profesional de las entidades desde la perspectiva de reputar una práctica comercial como desleales. Era por tanto razonable pensar la distorsión que se iba a provocar con este modo de comercializar participaciones preferentes entre consumidores de esta naturaleza, iba a provocar una alteración sustancial de sus decisiones económicas.

Actos engañosas a los consumidores

Como hemos visto, se consideran también desleales aquellas prácticas comerciales que sean engañosas, bien por acción, bien por omisión (artículos 5 y 7 de la Ley de Competencia Desleal). 

Los actos de engaño consisten en una conducta que contenga una información falsa o que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios e incidir en su comportamiento económico: por tanto, deben concurrir necesariamente tanto el error que induce al consumidor como su consecuencia, esto es, que provoque en el consumidor que su decisión económica quede alterada en virtud del mismo. Es el “comportamiento económico” que define el artículo 4.1 de la Ley de Competencia Desleal.

Esta información falsa, es decir aquella que no se corresponde con la realidad de las cosas, sólo será engañosa, y por tanto desleal, si recae sobre uno de los aspectos considerados relevantes por la normativa. En el ejemplo anterior sobre comercialización de participaciones preferentes, puede reputarse falsa, como recogen algunas sentencias, aquella información que resulte inveraz sobre la naturaleza del producto o sobre las características principales del producto, y entre ellas precisamente sus riesgos. Por tanto, la hora de comercializar productos de la complejidad y riesgo en el ámbito del ahorro inversión, debe ofrecérsele al consumidor toda la información necesaria exigible. Aquella que de manera clara, objetiva y precisa, le revele la naturaleza y riesgos del producto. 

Engaños por omisión

En cuanto a las prácticas comerciales engañosas por omisión, nos referimos a aquellas en las que la información o no es proporcionada al consumidor, por resultar prácticamente imperceptible o ilegible; o no puede ser tomada en consideración por éste a la hora de decidir su comportamiento económico al no ser percibida en su presentación por el empresario o profesional, ya sea por ser inteligible o por resultar ambigua para un consumidor medio. Se puede incluir en este último caso aquella información con un lenguaje excesivamente técnico, con un significado generalmente desconocido para un consumidor medio, o incluso el empleo de abreviaturas de uso no común y, por tanto, incomprensibles para el consumidor.

La relevancia de la información omitida dependerá del caso concreto. No obstante la Ley de Competencia Desleal apunta algunas circunstancias que son determinantes a la hora de establecer si una omisión es apta o no para inducir a error. En particular, la omisión será reputada como desleal en la medida que recaiga sobre información necesaria y sustancial, como ya hemos apuntado al referir a la información falsa. 

En el último de los capítulos dedicado a las prácticas comerciales desleales abordaremos la cuestión de las acciones ejercitables.

 

Ver primer artículo pinchando aquí 

Ver segundo artículo pinchando aquí 

Ver tercer artículo pinchando aquí

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