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Jueves, 23 de Febrero de 2017

La concesión responsable de préstamos ¿una garantía para evitar el sobreendeudamiento de los consumidores?

El sector bancario tuvo una gran responsabilidad en la formación de una burbuja del crédito en España que desembocó posteriormente en una grave crisis económica. El nivel de endeudamiento de las familias se debió a la irresponsable concesión de crédito por la banca. ¿Se han articulado medidas para evitar que esta situación vuelva a repetirse?

25-05-2016

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Según datos del Banco de España (Boletín Económico de abril de 2016) en el primer trimestre de 2016 los criterios de aprobación de préstamos a los hogares —para adquisición de vivienda y para consumo — se relajaron respecto a periodos anteriores. En comparación con los resultados obtenidos en los dos años previos, el propio regulador financiero reconoce un menor grado de exigencia y por tanto una rebaja progresiva de los criterios de concesión.

Ello en un contexto en el que asistimos a un paulatino crecimiento en la concesión de préstamos. Así, Ibercaja Banco, concedió entre enero y marzo de 2016 nuevos préstamos hipotecarios por 162 millones de euros, una cifra que casi dobla los 88 millones del mismo periodo de 2015. Lo mismo sucede con Liberbank y Caixabank, cuya financiación a los hogares en el caso de Liberbank pasó de 103 millones de euros en el primer trimestre de 2015 a cerca 220 millones en el mismo periodo de 2016. Por su parte, la entidad catalana incrementó en un 45% los nuevos préstamos hipotecarios concedidos respecto al mismo periodo anterior.

Ante este panorama es lícito plantear si las herramientas jurídicas actuales, muchas de ellas reacción inmediata frente a las consecuencias de la crisis, son efectivas para evitar la desastrosa situación del periodo 2001-2007. Una de ellas es la llamada “concesión responsable de crédito.”

Concesión de préstamos y condena al sobreendeudamiento 

La crisis demostró que las entidades bancarias no respetaron un principio financiero fundamental: evaluar la capacidad del cliente para afrontar el pago de un crédito como requisito previo a su concesión. Así lo reconoce la Directiva 2014/17/UE sobre crédito hipotecario, en su preámbulo: “La crisis financiera ha demostrado que el comportamiento irresponsable de los participantes en el mercado puede socavar los cimientos del sistema financiero, (...) y puede tener graves consecuencias sociales y económicas.”

La consecuencia de ello es que con la llegada de la crisis, el paro de muchos consumidores y la caída de precios de la vivienda, muchas familias se vieron atrapadas en préstamos concedidos con la garantía de una vivienda sobre tasada, una práctica ésta también irresponsable, que hizo perder su vivienda y permanecer endeudadas de por vida a medio millón de familias. En la tolerancia de estas prácticas no fue ajeno el Banco de España, que obvió cualquier tipo de actuación y advertencia sobre las entidades.

El control de solvencia, por tanto, no sólo constituye para las entidades un elemento clave de la gestión de riesgos de su negocio, sino que de cara al consumidor, evaluar su solvencia responde a una norma de conducta exigible.

 Nuevas normas 

Ante la irresponsabilidad de la banca, el legislador reaccionó con un intento por reforzar esta obligación de evaluar la solvencia que, sin embargo, como veremos, carece de eficacia suficiente. De este modo, se dictaron una serie de normas específicas. En primer lugar, a través del concepto de “préstamo responsable”, introducido por la Ley 2/2011 de Economía Sostenible (artículo 29), por el que las entidades de crédito, antes de firmar un contrato de crédito o préstamo, deben evaluar la solvencia del potencial cliente, a través de información suficiente.

Este criterio, que prohibe expresamente conceder “créditos irresponsables”, se desarrolló específicamente para los consumidores en el artículo 18 (“Evaluación de la solvencia”) de la Orden EHA/2899/2011 y en la norma duodécima (“Políticas y procedimientos de préstamo responsable”) de la Circular del Banco de España 5/2012. Idéntico principio aparece reflejado en el art. 14 de la Ley 16/2011 de crédito al consumo.

Queda, por tanto, desmentida la pretensión de que en estos casos, el consumidor es tan “responsable” como la entidad. La asimétrica posición que ocupan en la relación contractual banco y consumidor no queda salvada por el simple hecho de proporcionar al cliente información y advertencias. Se exige como profesional a la parte que domina la relación, un plus de responsabilidad en su comportamiento hacia el consumidor. Vamos a analizar lo que dice la normativa.

Evaluar la capacidad de ingresos  

El artículo 18 de la Orden de Transparencia de 2011 dice en su punto 1 que antes de que se celebre un contrato de crédito o préstamo, la entidad de crédito deberá evaluar la capacidad del cliente para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. Para ello, el banco debe basarse en la información obtenida por medios adecuados y, entre ellos, la información facilitada por el propio cliente a solicitud de la entidad. Deben contar así con “con procedimientos internos específicamente desarrollados para llevar a cabo la evaluación de solvencia”. Entre ellos, el artículo 18.2 menciona  aquella documentación precisa para evaluar la variabilidad de los ingresos del cliente, el historial crediticio del consumidor, el nivel previsible de ingresos a percibir tras la jubilación en su caso, la valoración de la capacidad del cliente de cumplir con sus obligaciones de pago, etc. 

Subyace en el fondo la pretensión de que la concesión del préstamo hipotecario se base sobre todo en la capacidad de generar ingresos del consumidor, y no, como sucedió durante el periodo de formación de la burbuja, en el valor del inmueble garantizado. Así lo reconoce el artículo 18.3 de la Orden de Transparencia. No obstante, sigue teniendo hoy día un peso importante la valoración del inmueble dado que muchos inmuebles figuran aún en los balances de la banca, valorados a precios de la época de la burbuja.

La posición de los consumidores

Todos estos criterios, que se desarrollan en la norma duodécima 3 y en el ANEJO 6 de la Circular del Banco de España 5/2012, habrán de ser “aplicados por las entidades y entendidos por sus clientes”. Es decir, al margen de la evaluación de solvencia, la entidad debe cerciorarse de que los consumidores, futuros prestatarios, comprenden la finalidad de las políticas de concesión de préstamo responsable. La única obligación que corresponde a los consumidores es la de facilitar a las entidades la información que les soliciten sobre su situación financiera, así como sobre sus deseos y necesidades en relación con la finalidad e importe del préstamo que solicitan. Corresponde a los bancos adecuarse a estas exigencias y no pretender lucrarse deslealmente, concediendo más crédito del solicitado, como era hasta hace poco práctica habitual. El consumidor debe ser consciente, por su parte, de que el mero hecho de pasar el control de solvencia no determina automáticamente que se concede el préstamo, ya que esto entra en la esfera de libertad de contratación de la entidad. No se confíe por tanto el consumidor con la entidad. En ocasiones transcurre mucho tiempo entre la evaluación de la solvencia al usuario y la contestación concediéndole el préstamo, lo que puede originarle un perjuicio. Reclame a la entidad si sucede así.

En definitiva, si del análisis de solvencia la entidad comprueba que el consumidor no va a tener capacidad para afrontar las obligaciones de pago de un préstamo, el banco tiene la obligación de abstenerse de celebrar el contrato. Conceder a un consumidor un préstamo que no va a poder pagar sería condenarlo al riesgo de sobreendeudamiento y a pagar en un procedimiento de reclamación por la entidad, intereses de demora, etc. 

Dejamos para un próximo artículo analizar las consecuencias del incumplimiento por la banca de estas obligaciones y los límites de la "concesión responsable" de préstamos.

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