Impositores USUARIOS

Miércoles, 20 de Septiembre de 2017

El mayor peso de los notarios en la nueva ley de contratación hipotecaria hará aún más vulnerable al consumidor.

El notario deberá cotejar que no figuren las cláusulas abusivas declaradas nulas en un Registro de Condiciones Generales de Contratación totalmente desactualizado.

17-08-2017

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El anuncio es papel mojado que ya ha demostrado su ineficacia

 El Gobierno ha proclamado como una novedad el otorgamiento de mayor peso a los notarios en el proceso de contratación hipotecaria y ha anunciado que se incluirá en el  Anteproyecto de la nueva Ley de Crédito Hipotecario. El Ministro de Economía ha realizado este anuncio alardeando de una iniciativa que aumentaría la protección a los consumidores. Sin embargo, Adicae advierte que esta propuesta ni es una práctica nueva ni lograría proteger al usuario, en todo caso empeorará más si cabe la posición de los consumidores ante las entidades bancarias.

 Según la medida anunciada por De Guindos, se harán dos visitas al notario en lugar de una y esta segunda culminará en un acta notarial que certificará que el cliente entiende y acepta todos los aspectos del contrato hipotecario. Por su parte, la supuesta protección al usuario residiría exclusivamente en que notario cotejará las cláusulas de los nuevos contratos llegados a sus despachos con las ya declaradas nulas por sentencia firme incluidas en el Registro de Condiciones Generales.

Adicae advierte que esta práctica no impide en absoluto que se incluyan cláusulas abusivas, ni las ya declaras nulas ya que el Registro está completamente desactualizado, ni aquellas que de carácter abusivo de nueva creación, dado que no se analizará ni estudiará el clausurado, tan sólo se realizará un cotejamiento con las inscritas en el Registro.

 Este anuncio de mayor peso notarial no es más que un alarde vacío y manipulador de la opinión pública por parte del Gobierno. La ley ya establece que los Registradores de la Propiedad y Notarios deben velar por la no inclusión de estas cláusulas abusivas tal y como se establece en el artículo  84 del Texto redifundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.: “Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones públicas, no autorizarán ni inscribirán aquellos contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación”. Sin embargo, como se ha demostrado en los casos de las conocidas “cláusulas suelo”, esta medida es un total fracaso como filtro de abusos a los ciudadanos. 

De la teoría a la práctica

La “nueva” función del notario, como se ha anunciado, se limita a un cotejamiento de una lista del Registro General de Condiciones Generales, el problema es que la información recogida por este organismo es obsoleta, por lo que a priori, la medida ya es un fracaso. La falta de eficacia de este Registro se debe a que para que una cláusula se incluya como nula debe existir la petición expresa por parte de los jueces que haya dictado la sentencia, tal y como indica el artículo 22 de la ley 7/1998 sobre las Condiciones Generales de Contratación: “en todo caso que hubiere prosperado una acción colectiva o una acción individual de nulidad o no incorporación relativa a condiciones generales, el Juez dictará mandamiento al titular del Registro de Condiciones Generales de la Contratación para la inscripción en el mismo”. Sin embargo, sólo unas pocas sentencias remiten al registro las cláusulas declaradas abusivas en firme.

En la práctica los jueces no hacen llegar al registro esta información, y los registradores, como Carlos Ballugera, denuncian sus carencias: “Este registro generó muchas críticas en su momento y realmente está incompleto. Muchas sentencias no se inscribían en el mismo salvo determinados jueces que pedían la inscripción de dichos fallos judiciales”.

En cualquier caso, la obligación de los jueces a la remisión de las cláusulas tampoco solucionaría el problema de fondo. El verdadero papel del notario, si se pretende la protección ciudadana ante abusos financieros, debería garantizar que no existe ninguna cláusula que fuese abusiva tanto si se trata de una inscrita en el registro como si se trata de una nueva cláusula, en lugar de hacer firmar al usuario haber entendido y aceptado toda condición. Pero garantizar esta circunstancia requeriría un estudio y análisis exhaustivo de cada cláusula y los notarios no cuentan con recursos suficientes para ello.

 De hecho, el sector notarial ya han manifestado abiertamente su descontento ante el anuncio de De Guindos: "Necesitamos que sea el legislador, y no los jueces, el que fije con claridad qué es lícito o no pactar en contratos de crédito con consumidores", ha señalado el notario Manuel González-Meneses en su participación en los recientes cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

En consecuencia, todo parece apuntar a que el único perjudicado frente al supuesto de que se identifique una cláusula abusiva en el contrato a posteriori será el consumidor. El usuario se enfrentaría con mayores obstáculos de los actuales para a denunciar dado que en esta ocasión las entidades contarían con documento ante notario que certificaría su total consentimiento y “conocimiento”.

La única medida eficaz de protección

Ante las limitaciones y fracasos anteriormente expuestos, ADICAE propone la única manera eficaz para conseguir la protección global del consumidor ante las prácticas irregulares y abusivas de las entidades bancarias: establecer la obligatoriedad a las compañías a incluir todo su clausurado en el Registro de Condiciones Generales al mismo tiempo que se crea un órgano dedicado en exclusiva a estudiar y analizar cada una de las cláusulas  para verificar que se no incurre en abusos.

 La propuesta de ADICAE incluye por tanto la conformación de un grupo de expertos que filtre de forma eficaz el clausurado de los contratos de las diferentes entidades para que ninguna cláusula abusiva pueda ser incluida, tanto las declarada nula por sentencia firme como aquellas de nueva creación. Para ello, es fundamental que en la composición de este grupo de control se vean además representadas las asociaciones de consumidores con el objetivo de velar por la imparcialidad de los estudios.

 La medida de Adicae, es la única que cumple el objetivo de protección al consumidor y pretende cubrir las flagrantes lagunas del manipulador y decepcionante anuncio  estatal. Si existe una verdadera voluntad de transformar las asimétricas posiciones en las relaciones contractuales entre bancos y consumidores e impedir nuevas malas praxis que deriven en otra crisis social y económica, las consideraciones de la Asociación deben ser tenidas en cuenta.

 

 

 

 

 

 

 

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