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Lunes, 18 de Diciembre de 2017

ADICAE tacha de vergonzosa la sentencia de Afinsa que supone el fracaso de la justicia y del Estado

La Asociación de consumidores exige una solución política para las miles de familias afectadas por Afinsa, Forum y Arte-Naturaleza

07-12-2017

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La sentencia de Afinsa supone el fracaso de la Justicia y del Estado hacia los afectados por la estafa. Han tenido que esperar 11 años para tener una sentencia que no conseguirá la restitución de sus ahorros perdidos. La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2017 es sentencia firme y ya no cabe recurso alguno contra ella. Así resuelve el órgano de justicia los numerosos recursos de casación interpuestos por los acusados en el caso AFINSA contra la sentencia de 2016, en la que fueron condenados por los delitos de estafa, insolvencia punible, falsedad de cuentas y blanqueo de capitales. La diferencia de esta última sentencia radica en la rebaja de las penas porque el Tribunal Supremo considera que unos delitos se subsanan dentro de otros. No obstante, los condenados deberán entrar en prisión y cumplir las penas.

La sentencia rebaja a ocho años las penas de cárcel para los cinco principales ex directivos de Afinsa, entre ellos el ex presidente Juan Antonio Cano Cuevas, que ve reducida su condena de 12 años y 10 meses a 8 años y 7 meses. Mientras que las penas para Albertino y Carlos Figueredo, Vicente Martín Peña y Emilio Ballester López pasan de 11 a 8 años de prisión. Para el director del departamento jurídico de Afinsa, José Joaquín Abajo Quintana, se confirman 6 años y 3 meses de cárcel como cooperador necesario de la estafa.

Para ADICAE esta sentencia es un claro ejemplo del incumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en la Constitución, que hace que la resolución de un caso de esta envergadura se demore tanto tiempo, dejando a miles de familias en la estacada. Los acusados mencionados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria con 2.574 millones de euros a los 190.022 pequeños inversores, hasta donde llegue su patrimonio y a través de los bienes embargados al inicio del procedimiento para hacer frente a sus responsabilidades. Esto repercutirá en cierta recuperación para los perjudicados.

ADICAE considera que esta sentencia demuestra que defraudar en España resulta muy barato y que la condena de los gestores del fraude no conseguirá restituir los importes de las 190.000 familias afectadas que no van a recuperar la totalidad de lo perdido.

Después de esta resolución, desde ADICAE nos preguntamos si el Estado tendrá la vergüenza de dejar a miles de familias sin una solución real, o si pondrá en marcha la medida impulsada por esta organización, como único mecanismo para aportar una solución razonable a los afectados: la PNL de ADICAE, que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos en la mesa de economía del Congreso de los Diputados el 19 de noviembre de 2014, tiene que ser puesta en marcha de forma inmediata para garantizar los intereses de los perjudicados.

 

 

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