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Europa en manos de los poderes financieros y sin reformas

Sometidos a la Banca y sus intereses. Esta es la situación en la que están instalados los organismos europeos y los responsables políticos en España, incapaces de reaccionar ante las secuelas de una crisis que se prolonga y complejiza. Las medidas adoptadas hasta ahora no han planteado ni una solución justas para los cientos de miles de consumidores que están siendo golpeados duramente. Los responsables de esta crisis siguen gobernando la economía a su antojo en alianza con unos poderes políticos cada vez más sometidos a sus dictados, mientras los derechos de los ciudadanos y consumidores retroceden.

17-06-2011

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Al inicio de la crisis se aprobó una extensa agenda de reformas del sistema financiero: agencias de Calificación, derivados, operaciones en corto, hedge-funs y capital riesgo, reforma de los supervisores... Esta agenda se ha ido diluyendo en eficacia.

La insuficiente reforma europea de los mercados financieros

En 2009 se aprobó un Reglamento sobre las Agencias de Calificación Crediticia y en 2010 una Directiva para regular los Hedge Funds y empresas de capital riesgo. En ambos casos se pretendía mayor transparencia en sus operativa y organización.

Pero estas entidades siguen operando sin cortapisas. Los Hedge funds siguen operando con apuestas bajistas y altos niveles de apalancamiento, con cifras de negocio récord de 2 billones de dólares de patrimonio.

Respecto a las Agencias de Calificación, éstas siguen dando cobertura a los ataques especulativos contra las deudas soberanas de determinados países Europeos sin que se tenga certeza en qué basan sus apreciaciones. Para la regulación de mercados de derivados no negociados en mercados oficiales (OTC) existe una propuesta de Reglamento que se presentó en septiembre de 2010. En idéntica fase se encuentra el proyecto de “ventas a corto” (cuya finalidad es puramente especulativa) presentada en octubre pasado. Pero estas reformas ni van a restringir estos mercados OTC opacos, ni las operativas a corto se van a prohibir de forma expresa.

¿Qué hace Europa por los pequeños ahorradores?

Las instituciones europeas tienen previstas dos actuaciones concretas para los
consumidores: aumentar la tutela del inversor minorista para determinadas operaciones y fomentar el “préstamo responsable”. La primera de las cuestiones, para la que se ha constituido un grupo de trabajo, prevé mejorar la transparencia e información para los pequeños ahorradores en los productos denominados PRIPS en los que el rendimiento está vinculado a la evolución de un índice o al valor de determinados activos. Así afectará a “depósitos” estructurados, Unit Links, warrants, bonos convertibles y fondos de inversión.

Esta propuesta evidencia el fracaso de la Mi-FID de 2004, basada precisamente en la “información y transparencia”, que sistemáticamente han incumplido las entidades. Mientras no se adopten otras medidas completamente distintas, como el incremento de las sanciones o la prohibición de ventas de productos, la protección seguirá siendo insuficiente.

Medidas para la concesión de crédito responsable

En julio de 2010 se hizo público por la Comisión un Working Paper sobre concesión responsable de crédito de cara a una futura Directiva. En él se tratan aspectos como la publicidad, información, regulación de intermediarios no bancarios y, sobre todo, la solvencia del consumidor. Es importante destacar que se pretende trasladar los tests de la Mi-FID al ámbito de la concesión de préstamos: un test de solvencia para evaluar la capacidad de pago del consumidor; y un test de idoneidad para analizar si el préstamo como producto es idóneo para el prestatario. Sin embargo deja fuera muchas cuestiones. La primera es la venta salvaje de productos vinculados al préstamo (seguros, tarjetas) que debería considerarse como una posición de dominio de la entidad y por tanto una práctica comercial desleal.

Pero sobre todo es necesario que se introduzcan criterios para que en los contratos de préstamo se adapten a las circunstancias sobrevenidas que dificulten o impidan el pago del préstamo, impulsando mecanismos judiciales y extrajudiciales de renegociación de deuda pendiente.

Y mientras, en España, los derechos de los consumidores se deterioran

Esperando a que vengan las soluciones desde Europa, el grave deterioro de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios financieros en España se ha convertido en un hecho alarmante. De la promesa incumplida en 2004 de elaborar una ley de sobreendeudamiento para los consumidores, se ha pasado a las intolerables actitudes justificativas de los responsables del Ministerio de Economía y del Banco de España de los abusivos comportamientos de la Banca española en las hipotecas.

Pese a que en materia de protección al consumidor el Gobierno español tiene
competencias, sistemáticamente se han negado a adoptar medidas necesarias para los consumidores, y ello por no recortar injustos privilegios para la Banca.
Los últimos dos años son la demostración de esta dejación de funciones en la defensa de los derechos de los consumidores por parte de los poderes públicos. Los ejemplos son claros.

El Gobierno no quiere que la Banca pierda sus privilegios

Hace dos años se publicó el reglamento que desarrolla la Ley del mercado hipotecario, reformada en 2007. Una reforma fuera de lugar y a medida de la Banca y su lucrativo negocio de endeudamiento. Entre otras medidas, este reglamento consagra el criterio de que bancos y cajas pueden exigir una ampliación de la hipoteca a otros bienes del consumidor si el valor de la vivienda hipotecada desmereciese a lo largo de un año de la tasación inicial en más de un 20%.

Es decir, si su precio se rebajase en un 20% respecto al inicialmente tasado, bancos y cajas pueden dar por cumplido el préstamo y ejecutar la vivienda. Es intolerable que con tasas de morosidad del 6,19%, la más alta en 16 años, todavía se toleren estas normas injustas sin que a los consumidores se les reconozca la mínima capacidad de defensa.

Publicidad bancaria descontrolada

Durante estos años la publicidad ha sido para los usuarios una herramienta ineficaz de información, cuando no un verdadero catálogo de datos tendenciosos y en muchos casos fraudulentos.

Tras las reformas introducidas en julio de 2010 se instauró un “control” a posteriori de la publicidad. Es decir, tanto el Banco de España como la CNMV no van a comprobar la veracidad de la publicidad y sus riesgos antes de que ésta llegue a los clientes, sino que se reserva la posibilidad de “exigir el cese o rectificación de campañas contrarias a las normas”: primero vender al consumidor, luego, si quieren control, cuando el daño ya está hecho. El control previo de los productos financieros que se ponen en el mercado lo venía ejerciendo el Banco de España con un procedimiento y un rigor insuficientes que era lo que había que mejorar. Una vez más, la desregulación deja a los consumidores sin un mínimo de protección.

Los pequeños ahorradores españoles, sin protección

Los derechos de los ahorradores tampoco han salido bien parados. La modificación de la Ley de Mercado de Valores (ley 47/2007) introdujo cambios en las normas de protección a la clientela. En general, esta reforma plantea la obligación para las empresas de servicios de inversión de clasificar al cliente como minorista (todos los consumidores) o como profesional, en función de su capacidad, conocimientos, cultura financiera, etc. De acuerdo con esa clasificación la ley establece distintos niveles de protección. Casi 4 años desde su entrada en vigor, sigue todo como está.

En los modelos de contratos y folletos elaborados por las entidades hay cláusulas confusas o que permiten a la entidad eximirse de responsabilidad; cláusulas que establecen que el cliente se da por suficientemente informado provocando situaciones de total indefensión. Se regula sin convicción y se supervisa con desgana.

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