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Lunes, 19 de Noviembre de 2018

Ni la crisis hace reaccionar a los partidos políticos con propuestas serias sobre un sistema financiero corrupto y tóxico para la economía y los consumidores

La crisis ha destapado las carencias profundas y graves del mercado financiero y los abusos de la banca a los consumidores. Sin embargo, ninguna formación política ha sido capaz de  plantear propuestas serias, profundas y coherentes para reformar un sistema financiero corrompido, ineficaz y áltamente tóxico para los consumidores. Tras analizar en un artículo anterior las propuestas electorales en materia hipotecaria, ADICAE analiza las propuestas políticas sobre reforma del mercado financiero y la protección a los consumidores en este ámbito.

09-11-2011

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Aunque ya sabemos que los programas electrotrales son una estrategia de marketing electoral que pocas veces es asumida completamente por los partidos, sí que permiten visualizar la sensibilidad que muestran los partidos hacia determinados problemas. 

El PSOE defiende unas entidades financieras “más sanas” pero se olvida de los consumidores 

Respecto a las entidades financieras, el programa del PSOE dice que deben ser solventes, sostenibles, sanas y rentables, pero no dice nada acerca de su abusividad en su relación con el consumidor como, por ejemplo, en lo relativo a la comercialización de productos tóxicos. No especifica, en ningún momento, las malas prácticas y los abusos del sector financiero español, y  echa balones fuera a los mercados internacionales. Sí especifica que el sector debe ser más controlado y supervisado. Habla de proteger a los más vulnerables, pero no especifica quienes son ni esboza unas líneas básicas de cómo se haría (por ejemplo, reformando los Servicios de Reclamaciones). Son bastante cuestionables estas propuestas que provienen de un partido que en sus últimos días de gobierno está bombardeando a los consumidores con una retahíla de normativa que menoscaba sus derechos y los pone en franco retroceso, como la recién aprobada normativa de transparencia bancaria. Además, suena a hipocresía lo que dice acerca de “acelerar el proceso de fortalecimiento y consolidación de las cajas de ahorro”, cuando ha fomentado activamente su bancarización. 

 El programa del PP: sigue la estela del PSOE en la reforma financiera y promete reformar el Banco de España y la CNMV 

El programa del Partido Popular por su parte no cuestiona ninguna de las reformas del sistema financiero emprendidas por el gobierno Zapatero. Las medidas de “saneamiento y reestructuración del sistema financiero” que plantea el equipo de Rajoy van dirigidas a “culminar” y “acelerar” el proceso. EL PP parece satisfecho de la bancarización definitiva de las cajas de ahorros y no plantea alternativas. Llama la atención su apelación a “facilitar la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que lo precisen”, un compromiso que supone sacar a la luz definitivamente los números rojos de las entidades por el ladrillo. Mucho nos tememos que esa “gestión activa” que propone el PP sea más dinero público para sanearlas. El PP, en contrapartida, se compromete a exigir “responsabilidades” a los gestores, algo que debe hacer cualquier gobierno inexcusablemente, se prometa o no en programa. 

Respecto a la protección al consumidor, el programa del PP hace una mención vaga a este respecto  de perseguir “las malas prácticas y las situaciones de abuso a las personas mayores” en el ámbito financiero. Sólo los consumidores de la tercera edad tendrán protección financiera específica. En este sentido, el propio programa del PP reconoce que va a seguir la inercia de todos los gobiernos anteriores al limitarse a transponer rápidamente “el conjunto de normas europeas” sobre protección al consumidor. Por tanto, escasa imaginación y nulo interés por impulsar reformas para los consumidores. 

 Cajas de Ahorros: ninguno hace un análisis coherente 

Son varios los programas (IU, EQUO, Compromís, EUIA-ICV) que hablan de la necesidad de una Banca Pública y plantean, para su creación, la nacionalización de las cajas de ahorro. Se trazan metas altas sin darse cuenta de que las cajas pueden ser sociales y democráticas sin estar sujetas a los políticos y sin pasar por un proceso tan complejo y costoso como el de su nacionalización. El debate de la banca pública es un debate interesante que está en la calle y que exige del máximo rigor, máxime cuando la UE tiene vetada esta posibilidad, pero las alternativas son muchas y hay que discurrir. 

En lo que a las entidades financieras respecta, Izquierda Unida dedica un capítulo a “Por una banca pública que facilite el crédito”. Se niega a usar dinero público para pagar la deuda externa privada de las entidades financieras y habla de crear una nueva banca pública en la que trabajadores e impositores participarían democráticamente. Proponen también la transformación de las cajas de ahorros en una banca pública mediante su nacionalización. Finalmente, defienden la reforma de la actual legislación en lo relativo a derechos de los impositores y clientes financieros y, entre otras cosas, especifican expresamente la desaparición de cláusulas como las suelo o “los swaps”, un error es de apreciación (los “swaps” en hipotecas no son cláusulas sino sino contratos ligados a la hipoteca) que pone de relive la necesidad de que exista más cercanía entre las formaciones políticas y las organizaciones sociales.

En el caso de UPyD, su programa recoge la condición de que las cajas de ahorros hagan “reformas” para poder recibir ayudas del FROB, como la limitación de remuneraciones por despido, cese o jubilación de directivos, medidas éstas que podríamos calificar de “sumamente mediáticas” que no son el fondo de la cuestión, sino sólo un síntoma de la degeneración profunda de las cajas de ahorros. Se habla también de prohibir las prácticas abusivas, pero no se mencionan las cláusulas suelo, por ejemplo. 

En cuanto a EQUO, aboga de forma abstracta por “un sistema financiero al servicio de la economía y de las personas”. Hablan de crear una banca pública a partir de las cajas de ahorros nacionalizadas y de reformar las malas prácticas en que las cajas han incurrido en los últimos años (aunque no se especifican). Del sector financiero dicen que debe ser “más sano y con más responsabilidad social” (una afirmación que parece olvidar que la “responsabilidad social” de las empresas es puro maquillaje de márketing) pero no mencionan en ningún momento a los usuarios de servicios financieros como sujetos concretos de protección. Finalmente, quieren instaurar un nuevo impuesto sobre los bancos y otras entidades de crédito, igual que han hecho otros países de la UE, sin especificar la necesidad de evitar que éste se repercuta a los consumidores en forma de comisiones, gastos, diferenciales más altos en créditos...

Compromís también habla de “una banca al servicio de la sociedad”, mediante apoyo institucional a las actividades desplegadas por la Banca Ética. Además, plantean la posibilidad de crear una Banca Pública fuerte que pueda cubrir el vacío social propiciado por las cajas de ahorros. 

 Vaguedades en el control del sistema financiero: ¿y la necesaria reforma en el Banco de España

Continuando con la política financiera, CiU asegura en su programa que velará por la transparencia del sistema financiero y por el rigor de la actuación de los órganos reguladores para garantizar la solvencia de las entidades financieras y el funcionamiento eficiente del propio sistema. “Hay que evitar que nunca más pueda repetirse la confusión, carencia de transparencia y lentitud de respuesta del órgano regulador que se ha producido en la pasada legislatura”, enuncian. Además, aseguran que en el mercado interno exigirán la máxima transparencia en los balances de las entidades de crédito y promoverán su capitalización. Y, finalmente, velarán para preservar en Cataluña “los centros de decisión de las entidades financieras que dan continuidad a las cajas catalanas (¿para que sigan con su proceso de bancarización?), puesto que son unos instrumentos relevantes para financiar la actividad productiva”. CiU sólo parece valorar críticamente el papel del Banco de España respecto a su ineficaz actuación de control financiero, pero olvida la desastrosa y agresiva política que ha llevado a cabo contra los consumidores de servicios financieros y que exige una reforma radical.

Por su parte, PNV marca tres objetivos a este respecto: mayor competitividad del sector financiero, mayor supervisión por parte de instancias europeas y mayor poder de Euskadi en el sector financiero. 

EUIA-ICV propone la reforma y regulación del sistema financiero, separando el negocio tradicional del inversor y de la banca de riesgo (algo propio del mercado norteamericano, que no existe en España, ya que aquí en lugar de banca de riesgo, lo que está más que extendido son los productos de riesgo por todas las entidades); la limitación y/o reducción de las remuneraciones de los directivos y los dividendos de los accionistas. Junto a esto, plantea crear un impuesto a la banca e imponer una tasa alrededor del 0,5% sobre el volumen total de los depósitos de clientes, garantizando que no repercute a los usuarios y las usuarias (una apreciación que podríamos considerar positiva, pero que no menciona tampoco cómo se lograría ni siquiera a grandes rasgos). Defiende también la creación de una banca pública que ayude a eliminar el oligopolio actual, y la creación de una tasa sobre las transacciones financieras, algo que se está discutiendo en Europa con no pocos debates y dudas.

Finalmente, ERC habla de fiscalización, transparencia y corresponsabilidad del sector bancario y financiero, así como de investigar parlamentariamente la actuación del Banco de España en cuanto a sus funciones de control del sistema financiero durante los años de generación de la burbuja inmobiliaria. Es, así, el único que habla de la necesaria reforma y revisión de funciones del Banco de España, pero tampoco habla de la tolerancia que éste ha venido teniendo en el abuso de los consumidores.

Por su parte, el Partido Popular habla de refomar el Banco de España y la CNMV, pero no parece que vaya a optar por la tan esperada reforma integral de estos organismos, separandolos netamente entre un organismo centrado en la supervisión contable y otro responsable de las funciones de control de las relaciones de las entidades financieras con los consumidores. 

En este sentido, precisamente, observamos que los programas electorales se centran, en cuanto a supervisión, en la solvencia y el cumplimiento de los compromisos financieros de las entidades, pero olvidan en todos los casos lo relativo al trato con la clientela. Sería necesario un sistema bifronte de supervisión financiera, que separara en dos los organismos de supervisión, uno destinado al aspecto contable y otro a la defensa de los consumidores. Éste debería ser, además de autónomo, eficaz, con plena capacidad aplicativa y, sobre todo, que dé participación a los propios consumidores.

 

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