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Lunes, 26 de Junio de 2017

Hacia un sistema financiero al servicio de un crecimiento económico responsable y sostenible

La crisis económica ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema financiero, así como la responsabilidad de las entidades financieras, los organismos reguladores, las agencias de calificación y los propios gobiernos. En un momento económico tan delicado como el que nos encontramos han sido numerosos los análisis de las causas que nos han llevado a la situación actual, así como las propuestas para salir favorablemente de ella. De todas ellas, queda patente que es necesaria una solución global, en la que tomen parte los consumidores y las asociaciones que los reúnen y no solo los llamados “mercados”. Una solución que debe partir de la responsabilidad y la sostenibilidad, de la transparencia y la recuperación de la confianza perdida por los abusos y la mala gestión financiera llevada a cabo en los últimos años.

15-02-2012

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El 27 de enero de enero de 2011 se dio a conocer el informe elaborado por la conocida como Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC), llamada a examinar la crisis económica y financiera en Estados Unidos y a explicar sus causas. En sus conclusiones llaman a abordar y resolver los “graves hechos” analizados en el informe para evitar una nueva crisis y reconstruir el sistema financiero. Llaman a la transparencia y resaltan la responsabilidad de las entidades financieras, los organismos reguladores, los gobiernos y las agencias de calificación, entre otros.

El colapso de la burbuja inmobiliaria alimentada por bajas tasas de interés, crédito fácil y disponible, regulación insuficiente e hipotecas tóxicas, fueron la chispa que encendió una cadena de acontecimientos que terminaron en una crisis total en otoño de 2008. Esto no ocurrió sólo en los Estados Unidos sino en todo el mundo. Y las pérdidas se vieron magnificadas por productos derivados como los «valores sintéticos».

En junio de 2010, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Regulación de los servicios financieros para un crecimiento sostenible». El dictamen de la Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo fue aprobado en pleno en febrero de 2011 con 164 votos a favor y 1 abstención.

En él se hace patente la necesidad de actuaciones globales en materia financiera y de que los consumidores y sus asociaciones representativas tomen parte en el debate legislativo. Mayor transparencia y regulación son también vitales.

Desde ADICAE tenemos el convencimiento de que la solución pasa por una actuación a escala global y con participación de la ciudadanía y de los consumidores, representados por sus organizaciones, dado que forman el activo más importante de la sociedad. La coordinación legislativa, judicial y supervisora no fluye con la soltura con que lo hacen productos y operativas que atropellan los derechos de los consumidores.

La democracia estatal se ha hecho insuficiente pese a que los Estados siguen siendo protagonistas del orden internacional y pueden todavía actuar eficazmente para frenar esos efectos perversos del nuevo sistema de relaciones económicas, políticas y sociales que se hacen realidad más allá de las fronteras estatales.

Los derechos de los consumidores deben ser defendidos

Ante la cumbre de los países del G-20 en Seúl, ADICAE hizo llegar al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una carta en la que proponíamos -entre otras cuestiones- la organización de un primer Foro Internacional de Representantes y Expertos en Protección al Consumidor Financiero y el establecimiento permanente de una Agencia Internacional de Representantes de los Consumidores de Servicios Financieros.

Los consumidores deben recibir información clara, suficiente, confiable, comparable y oportuna sobre los productos de los servicios financieros. No cumplir con estos criterios sería razón para que un contrato sea anulable.

Muchos productos de servicios financieros son tan complejos en la actualidad que los consumidores, reguladores e incluso los mismos proveedores de servicios financieros no pueden entenderlos. Esta complejidad debe ser manejada y, si es necesario, se deberían eliminar del mercado los productos extremadamente complejos.

Se debe tratar el conflicto de interés al brindar asesoría y venta de servicios financieros. La asesoría financiera a los consumidores debería estar separada de la remuneración sujeta a las ventas. Adicionalmente, debería haber protección contra los métodos de marketing inadecuados. Los gobiernos deben establecer una entidad nacional que tenga la protección del consumidor como objetivo explícito y regulador con autoridad total para investigar, detener y subsanar las violaciones a la ley de protección del consumidor, lo que incluye, cuando sea necesario, el derecho a definir las prácticas específicas o los productos como injustos, engañosos o ilegales.

Una mayor transparencia y responsabilidad en las transacciones financieras ayudará además a reducir el riesgo. Las medidas deben incluir sistemas de desarrollo para evaluar la capacidad de los consumidores para tomar compromisos financieros, brindándoles a los consumidores acceso a la información de riesgo respecto a los proveedores individuales de servicios financieros y garantizando que los receptores de los préstamos deben ser confiables para la práctica del que otorga originalmente el crédito.

Actualmente existe una necesidad urgente de mayor cooperación internacional para la protección del consumidor financiero. La crisis financiera mostró que la débil protección del consumidor en un país puede plantear ahora un riesgo a otros países y la dimensión global de los servicios financieros implica que los reguladores de conducta del mercado financiero en todo el mundo se enfrenten ahora a problemas y desafíos similares.

Apuesta por la cooperación internacional y una información clara, suficiente, comparable y confiable

En conjunto con las organizaciones de consumidores en todos los países del G-20, Consumers International (de la que forman parte 220 organizaciones miembros en 115 países y, entre ellas, ADICAE) lanzó en septiembre de 2010 la campaña “Servicios Financieros Justos para los Consumidores” a fin de que el G-20 adoptara medidas urgentes destinadas a apoyar la protección financiera de los consumidores. CI publicó sus recomendaciones bajo el título “Mercados seguros, justos y competitivos de servicios financieros. Recomendaciones para el G-20 sobre la mejora de la protección de los consumidores en los servicios financieros”.

Los consumidores deben recibir información clara, suficiente, confiable, comparable y oportuna sobre los productos de los servicios financieros. No cumplir con estos criterios sería razón para que un contrato sea anulable. Muchos productos de servicios financieros son tan complejos en la actualidad que los consumidores, reguladores e incluso los mismos proveedores de servicios financieros no pueden entenderlos. Esta complejidad debe ser manejada y, si es necesario, se deberían eliminar del mercado los productos extremadamente complejos.

Se debe tratar el conflicto de interés al brindar asesoría y venta de servicios financieros. La asesoría financiera a los consumidores debería estar separada de la remuneración sujeta a las ventas. Adicionalmente, debería haber protección contra los métodos de marketing inadecuados. Los gobiernos deben establecer una entidad nacional que tenga la protección del consumidor como objetivo explícito y regulador con autoridad total para investigar, detener y subsanar las violaciones a la ley de protección del consumidor, lo que incluye, cuando sea necesario, el derecho a definir las prácticas específicas o los productos como injustos, engañosos o ilegales. Una mayor transparencia y responsabilidad en las transacciones financieras ayudará además a reducir el riesgo.

Las medidas deben incluir sistemas de desarrollo para evaluar la capacidad de los consumidores para tomar compromisos financieros, brindándoles a los consumidores acceso a la información de riesgo respecto a los proveedores individuales de servicios financieros y garantizando que los receptores de los préstamos deben ser confiables para la práctica del que otorga originalmente el crédito.

Actualmente existe una necesidad urgente de mayor cooperación internacional para la protección del consumidor financiero. La crisis financiera mostró que la débil protección del consumidor en un país puede plantear ahora un riesgo a otros países y la dimensión global de los servicios financieros implica que los reguladores de conducta del mercado financiero en todo el mundo se enfrenten ahora a
problemas y desafíos similares.

Los derechos de los consumidores deben ser defendidos

Ante la cumbre de los países del G-20 en Seúl, ADICAE hizo llegar al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una carta en la que proponíamos -entre otras cuestiones- la organización de un primer Foro Internacional de Representantes y Expertos en Protección al Consumidor Financiero y el establecimiento permanente de una Agencia Internacional de Representantes de los Consumidores de Servicios Financieros.

Desde ADICAE tenemos el convencimiento de que la solución pasa por una actuación a escala global y con participación de la ciudadanía y de los consumidores, representados por sus organizaciones, dado que forman el activo más importante de la sociedad. La coordinación legislativa, judicial y supervisora no fluye con la soltura con que lo hacen productos y operativas que atropellan los derechos de los consumidores.

La democracia estatal se ha hecho insuficiente pese a que los Estados siguen siendo protagonistas del orden internacional y pueden todavía actuar eficazmente para frenar esos efectos perversos del nuevo sistema de relaciones económicas, políticas y sociales que se hacen realidad más allá de las fronteras estatales.

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