ADICAE continúa su lucha en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios bancarios que, en esta caso, manifiesta en una nueva ofensiva legal en defensa de los pequeños ahorradores accionistas y bonistas del Banco Popular. Para ello, presentó hace una semana una querella como acusación particular en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que abarca a más de 700 afectados (ACCEDE AQUÍ A LA PRESENTACIÓN). Esta nueva acción prosigue a la del pasado 25 de septiembre, cuando se ejerció la defensa colectiva de más de 300.000 accionistas y bonistas del Banco Popular.

La organización pretende ayudar a todos aquellos que han perdido sus ahorros, por las informaciones falsas de la entidad financiera en los últimos años. Como resultado, se dieron situaciones como la comercialización de bonos convertibles que causaron cuantiosas pérdidas entre noviembre de 2009 y febrero de 2011; o la ampliación del capital social del banco por 2.500 millones de euros tras anunciar en sus cuentas un incremento en sus beneficios de 2'6% respecto al 2015, datos que según se comprobó posteriormente eran falsos. Los inversores que participaron fueron víctimas de una estrategia comercial agresiva de la entidad.

En defensa de los intereses de los perjudicados, ADICAE dirige esta querella penal contra el Banco Popular y dieciocho miembros de su Consejo de Administración, entre los que se encuentran los últimos presidentes de la entidad, Emilio Saracho y Ángel Ron. Se pide una fianza para cubrir las responsabilidades civiles que se derivan de los perjuicios causados a los pequeños ahorradores accionistas. La querella se suma a los contenciosos administrativos presentados contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y contra la Junta Única de Resolución (JUR) en los que se ha solicitado acceso a los informes sobre los que se sustentó la aplicación del Mecanismo Único de Resolución (MUR), y que han sido denegados reiteradamente.

ADICAE solicita la testificación de las auditorías encargadas de la realización de los informes. Se pretende así que Deloitte identifique a los expertos que realizaron la valoración para la ejecución de la adjudicación; que PWC haga lo propio con el personal que se encargó de la auditoría de las cuentas anuales del período comprendido entre los años 2011 a 2016; así como JP Morgan con los empleados encargados de los trabajos de adjudicación del Banco Popular. Se espera también la comparecencia del Ministro de Economía, Luis de Guindos; y de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, cuya entidad efectuó por 1€ la compra del Banco Popular el pasado mes de junio.

Como argumentación de la querella penal se alegan múltiples delitos, como el de estafa a los inversores, por la comercialización de productos tóxicos, su canje en acciones o en otros productos igualmente tóxicos, sin la información legal oportuna o con información eminentemente falsa de esos productos. Se habría incurrido también en administración desleal por la mala gestión que ha llevado a la pérdida de las inversiones de los accionistas; y en delito contra el Mercado de Valores por el falseamiento o desinformación en torno a la autocartera, la información anual de gobierno corporativo o la comunicación de Hechos Relevantes.

ADICAE también aprecia indicios de delito por información privilegiada debido a las filtraciones que llevaron a los inversores más potentes a conocer la situación real de la entidad y proceder a retirar de forma masiva su capital. Finalmente, se habría intentado alterar precios que tendrían que resultar de la libre concurrencia, y que se vieron modificados por la difusión de noticias, filtraciones y desmentidos que alteran el mercado.

Con todo esto, ADICAE busca que no se vuelva a repetir un caso como el que ha perjudicado a los pequeños ahorradores accionistas y bonistas del Banco Popular. Además, en las próximas semanas se va a aumentar el número de representados con todos los afectados que quieran sumarse al proceso de reclamación con el objetivo de que se les restituyan sus ahorros perdidos, y de que los administradores del Banco Popular se hagan cargo de sus responsabilidades.