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Abusos en los contratos de cuentas corrientes y libretas

¿Quién puede a estas alturas vivir sin una cuenta en una entidad bancaria? El producto financiero más difundido y utilizado por los consumidores es también uno de los que más vulnera los derechos de los usuarios. Las dificultades económicas de muchas familias endeudadas por bancos y cajas se traduce en imposibilidad de hacer frente a sus compromisos de pagos, la gran mayoría domiciliados a través de cuentas. Bancos y cajas de ahorros no dudan en “saldar cuentas” compensando saldos de cualquier cuenta. Pero esto no es legal.

12-08-2011

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Pensemos en un usuario que tiene 6.000 euros en una cuenta cuyos titulares son él mismo y su hijo. El joven tiene a su vez una cuenta de la que es titular único en el mismo banco o caja, con un descubierto de 600 euros. La compensación de saldos permite a la entidad cobrarse los 600 euros de la cuenta del padre. Es decir, autoriza a cobrar un "agujero" de un cliente con el dinero de otro.

Los contratos de cuentas corrientes y libretas de ahorro están muy poco regulados legalmente, por lo que la jurisprudencia y los propios usos bancarios van delimitando si una cláusula es o no abusiva. En este caso, las sentencias dictadas por los jueces al respecto y las instrucciones del Banco de España establecen que la compensación de saldos sólo es posible cuando existe plena identidad entre los titulares de las cuentas a compensar. A pesar de ello, la mayoría de las entidades financieras se atribuyen expresamente en sus contratos esta capacidad, tan ejecutiva y eficaz para ellas como poco conveniente para los usuarios.

bancos y cajas incumplen los requisitos

El Banco de España exige dos requisitos para que se pueda realizar la compensación: que se recoja expresamente en las condiciones contractuales de las cuentas esta posibilidad, y la identidad de los titulares de las cuentas: es decir, identidad absoluta entre los titulares de las cuentas cuyos saldos se compensan. Además, la jurisprudencia ha reiterado que "los depósitos indistintos no presuponen comunidad de dominio sobre lo depositado" (Sentencias del Tribunal Supremo de 24/03/1971 y 19/10/1988).

Es decir, a modo de ejemplo, que en una cuenta donde figuran tres titulares, no quiere decirse que el saldo se posea por terceras partes. Por tanto, el deudor de la entidad deberá ser aquella persona que aparece como titular en ambas cuentas; y, por otro lado, que los fondos sobre los que se efectúa la compensación deberán ser de su propiedad, sin que, en principio, y de conformidad con el texto de las sentencias aludidas, se pueda ni siquiera presumir su propiedad por mitades o terceras partes, en caso de haber dos o tres titulares respectivamente.

Si no existe identidad de titulares, no se dan los presupuestos de una posible compensación de cuentas, ya que la misma afectaría en alguna medida a personas no vinculadas por el contrato de la cuenta que presentara saldo deudor.

Bancos y cajas de ahorros abusan de su posición

En principio, si el contrato recoge expresamente la cláusula de compensación de saldos deudores en depósitos de la misma titularidad, es decir, si existe una identidad absoluta, no habría problema en la legalidad de la cláusula del contrato.

Pero nos podemos encontrar en la realidad supuestos en los que, aunque esté contemplada la cláusula, la entidad financiera actúa contrariamente a las buenas prácticas bancarias. La entidad financiera no se limita a materializar mediante los apuntes correspondientes la compensación entre posiciones deudoras y acreedoras frente a su cliente, sino que lleva a cabo ciertas actuaciones aprovechando la posición de dominio que ostenta en este tipo de contratos. Todo ello con la finalidad de provocar la deseada compensación, la cancelación anticipada de depósito a plazo fijo de titularidad de su deudor; o la venta de los títulos depositados en la entidad por el interesado.

En algunos supuestos, la entidad financiera realizó la compensación amparada en el condicionado de los correspondientes contratos, pero obvió en este trámite su deber de información hacia el interesado, puesto que ni notificaron con carácter previo su decisión, a fin de que el titular pudiera ofrecer otras opciones, ni comunicaron con posterioridad las anotaciones contables efectuadas con el necesario detalle sobre el crédito y deuda extinguidos en la parte concurrente.

aunque la cláusula esté incorporada al contrato, hay que atender a su redacción, ya que existen muchas que son improcedentes

Un catálogo amplio de malas prácticas

Amparados en la existencia de esta cláusula que les autoriza a la compensación, ya de por sí dudosa y que refleja la posición dominante del banco respecto del consumidor, las entidades realizan una serie de prácticas abusivas. Los ejemplos abundan.

Así, una entidad financiera efectuó la compensación del saldo acreedor de la cuenta de su cliente con cierta deuda en concepto de préstamo, si bien esta última no vencía hasta varios meses después, de manera que el banco habría obviado uno de los requisitos recogidos en el artículo 1.196 del Código Civil que exige que las deudas que se compensen estén vencidas y sean líquidas y exigibles. También se estima contrario a las buenas prácticas bancarias el adeudo practicado en la cuenta de una cliente por una deuda que, al parecer, tenía desde muchos años atrás, sin que constara la existencia de ninguna reclamación anterior, y ello sobre la base de la recíproca confianza que debe guardarse con los contratantes en este tipo de operaciones bancarias.

[Ladilin]Compensaciones que producen descubiertos[/Ladilin]

Otro supuesto frecuente se da en aquellos casos en los que una entidad financiera realiza una compensación entre saldos deudores y acreedores de las cuentas del cliente, amparada en las cláusulas contractuales. Sin embargo, uno de los traspasos de fondos lo lleva a cabo por un importe superior al del descubierto existente en la cuenta compensada. Esta actuación constituye una práctica bancaria abusiva ya que, a tenor de lo dispuesto en el art. 1202 del Código Civil, "el efecto de la compensación es extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores". Realizar la transferencia por importe superior supone la realización de un acto de disposición para el que la entidad no está facultada.

Por último, cargar en una de las cuentas de un cliente cierta deuda, aunque coincida en la misma persona la condición de acreedor y deudor del banco, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España considera que el cargo en cuenta es incorrecto si provoca un descubierto, por no existir saldo en la cuenta de cargo. Esto origina unas consecuencias -devengo de intereses y comisiones- claramente improcedentes, por ser más gravosas para el titular que las que acarreaba la deuda original.

Cláusulas contra el consumidor

Pero, aunque la cláusula esté incorporada al contrato, hay que atender a su redacción, ya que existen muchas que son improcedentes. A modo de ejemplo: "con independencia de la titularidad de la cuenta o las condiciones de disposición, todos los titulares responderán solidariamente frente a la Caja por cualquier obligación dimanante de lo aquí pactado. Los titulares autorizan expresa e irrevocablemente a la Caja para que con el fin de cancelar o reducir toda clase de débito que cualquiera de ellos -aunque sea con otros cotitulares- mantenga con la Caja, esta entidad pueda unilateralmente traspasar los saldos acreedores de cualquier cuenta o depósito -de valores, incluso realizando su venta, o de dinero en cualquier moneda- de los que pueda disponer como titular".

Hay que recordar que la Ley de General para la defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) considera abusivas todas aquellas cláusulas no negociadas individualmente que en contra de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. La cláusula citada podría considerarse abusiva porque claramente pretende la compensación de saldos en contra de la exigencia de la buena fe. Mediante esta cláusula las entidades de crédito suelen reservarse la facultad de cobrarse con cargo a las cuentas corrientes, libretas o depósitos de efectivo que figuren a nombre del titular o prestatario, todos aquellos posibles saldos deudores del cliente, sin previo aviso al titular y sin tener en cuenta la posible titularidad compartida con otras personas ajenas.

Esto suele ocurrir en muchas ocasiones con los gastos originados con tarjetas. El problema es que son los tribunales de Justicia a los que corresponde valorar la validez y eficacia de estos pactos, cláusulas y condiciones, ya que no existe un procedimiento previo de control administrativo. ¿Debería el Banco de España asumir este compromiso con los consumidores?

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