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Manuel Pardos insiste en que el 95% de los afectados por preferentes no conocía qué producto contrataba

Pequeños ahorradores de edad avanzada, pequeños ahorros de no más de 15.000 ó 20.000 euros y, sobre todo, consumidores sin conocimientos en materia financiera a los que nunca debió haberse comercializado este producto. De los más de 4 millones de afectados por preferentes en España, el 95% no tenía los conocimientos adecuados para invertir en ese producto tóxico, lo que convierte en ilegal esa comercialización. El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, mantiene la tesis de la asociación sobre este 'corralito' español ante los diputados de la Asamblea de Madrid y del Parlamento Vasco.

12-06-2013

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Alrededor de 4 millones de consumidores en España han sido víctimas de la comercialización fraudulenta de productos tóxicos de ahorro. Preferentes, deuda subordinada, bonos, pagarés... Son productos de renta fija que en todo el mundo son completamente legales, y también en España. Pero no ha sido legal su comercialización masiva entre ahorradores de a pie, tradicionales, en una praxis fraudulenta que alcanzó a la mayor parte del ahorro en España en las clases populares.

Y así lo están dictaminando  muchos tribunales, tal y como recuerda el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, ante la Asamblea de diputados de la Comunidad de Madrid y el Parlamento vasco. Pardos les ha recordado a los grupos parlamentarios que todos estos productos son de riesgo, complejos, que no deben comercializarse masivamente, y en ningún caso a ahorradores sin conocimientos adecuados o perfil de riesgo inversor. “Es imposible que haya en España 4 millones de personas preparadas para participar en esto. De hecho, en todo el mundo se comercializan a inversores institucionales, profesionales, perfiles con experiencia”.

La cuestión es que el 95% de los ahorradores atrapados en preferentes y productos de ahorro tóxicos son consumidores de una edad avanzada;  “no son jóvenes los que tienen el ahorro, ni personas de mediana edad, que pagan vivienda, mantienen familia e hijos... Sólo una minoría, un 2, 3, 5, no más allá del 7% podían ser inversores que tuvieran cierta especialización, un perfil de inversor que conocía las características de estos productos y que jugaba a arriesgar con sus ahorros.

El motivo, falta de liquidez

En su relato, Manuel Pardos ha recordado el periodo de apogeo de estas ventas, alrededor de 2008 y 2009: “Se comercializó entonces, sabiendo que se estaba ocultando la realidad del sistema financiero español, autoproclamado como el mejor del mundo”. Sin embargo, estaba capitalizando sus balances en ruinas con los ahorros de los usuarios. A razón de alrededor de 10.000 euros por ahorrador, un total de más de 40.000 millones de euros, “una cantidad equivalente curiosamente al rescate bancario de los organismos europeos. Llama la atención porque hasta hoy siguen sobreviniendo las consecuencias de este doble rescate. A día de hoy, la mayoría de las entidades han canjeado esos productos, con daños más o menos grandes, fundamentalmente por acciones”.

Sigue el presidente de ADICAE: “Podemos hablar sin temor de una comercialización masiva y fraudulenta. Fueron colocados estos productos en una masa de clientes no preparados para ello, un engaño que estaba prohibido por la Ley del Mercado de Valores y la MIFID, que indicaba que la comercialización de renta fija de riesgo exigía unos test muy complejos que en España no se llevaron a cabo”. “Todas las entidades que comercializaron este producto, y digo todas, tenían necesidades de capital y tenían que comercializar ocultamente, porque en aquellos momentos en los que se comercializaban las preferentes 2008-2009 se afirmaba que el sistema financiero español era campeón a nivel mundial”.

La traición europea

Sin embargo, el sistema financiero español era un desastre que amenazaba a toda la Unión Europea. “Un memorando europeo se firmó para obtener el rescate financiero con el Eurogrupo, una entidad que por cierto no es ninguna institución europea. Este grupo propuso una quita a estos afectados por preferentes, medida que se convirtió luego en Real Decreto del Gobierno español. Dijimos entonces”, recuerda Manuel Pardos, “que sobre un fraude no se puede poner en marcha una legalización de condiciones. Si había un fraude, no puede haber encima unas obligaciones legales”. El presidente de ADICAE compromete la acción futura de la asociación a este respecto: “Iremos a los tribunales europeos a exigir justicia”.

Arbitraje insuficiente

A día de hoy, las entidades financieras siguen manteniendo atrapados esos 40.000 millones de las familias convirtiendo en accionistas forzosos a estos ahorradores, a pesar de la acción de ADICAE que consigue éxitos judiciales y de mediación con algunas entidades que dan soluciones a muchos afectados. La mayoría, sin embargo, siguen atrapados en acciones y títulos de renta variable que ahondan en este corralito. “Las acciones pueden venderse, dice la banca”, insiste Manuel Pardos, “pero perdiendo dinero, con pérdidas en algún caso enormes, en uno de los peores momentos de la bolsa, por eso hablamos de corralito”.

Finaliza Manuel Pardos: “El gobierno español, a la vista de la situación, desempolva el arbitraje de consumo, un sistema que las asociaciones defendemos pues tiene tradición de dar soluciones. Pero en este caso el Gobierno se inventa un arbitraje peculiar, que hace pensar que se ha pervertido. Arbitraje para afectados individuales, en el que la entidad es la que propone el convenio, y selecciona a qué usuarios se dará este beneficio... Se trata de un arbitraje prevertido, favorable a la banca, que puede alcanzar al 10, 15%, como mucho al 25% de los afectados, y que ni siquiera llega a todos esos ahorros de 10.000 euros o menos que se supone que tendrían prioridad. Dejará a la mayoría de los consumidores sin solución”.

Lucha política: gana la banca

Como respuesta a las preguntas de los grupos políticos, Manuel Pardos resalta que ADICAE “no entrará a dilucidar las culpabilidades de los gobiernos, ni unos ni otros. Hemos criticado al gobierno que estuviera, por actuaciones determinadas, y lo seguiremos haciendo, pero lejos de nosotros atacar a un gobierno, ni a un partido”. Eso sí, reconoce Pardos que “la actitud de los partidos mayoritarios ante la banca, estén en el gobierno o en la oposición, siempre es que acaban de acuerdo en defender los intereses de la banca y legislar bajo su presión”. “La experiencia de ADICAE en todos estos años nos dice que tanto en la oposición como en el gobierno, los dos grandes partidos acaban sometidos a los intereses de la banca. Es lógico, la gran banca ejerce una gran presión, y tiene un gran poder”, insiste el presidente de ADICAE.

“Las preferentes se vendían desde 1998 sin problemas en España”, reconoce Manuel Pardos, pero matiza: “porque pasaban el canje desde unos clientes a otros, algo que suena mucho a estafa piramidal. Bajo el señuelo de unos intereses más altos que los depósitos habituales, la banca fue cogiendo dinero de los clientes nuevos para premiar a los anteriores hasta que se acabó el dinero, y comenzó el proceso que tenemos hoy. No podemos culpar a las víctimas”. Ni quizá tampoco a los gobiernos, señala Pardos. “Dudo mucho que el señor Rato supiera qué riesgos se estaban tomando ahí, o los gobernadores del Banco de España, ni por supuesto Elena Salgado o Pedro Solbes”.

De hecho, “empezó ADICAE a detectar el problema y enseguida se lo tuvimos que explicar a las autoridades. No es para mandar al infierno a ningún gobierno, sino para poner mecanismos de corrección”. Y aquí sí que empiezan a entreverse responsabilidades. “Los gobiernos tienen un Banco de España, una CNMV, unos reguladores que sí podían y debieron haber visto la maniobra de recapitalización de la banca. Probablemente la CNMV podía conocer esta mala praxis por lo menos desde octubre de 2011”. “Tienden a acusarse del desastre de las cajas de ahorros entre unos partidos y otros”, en un enfrentamiento político y partidista que es inútil para los consumidores.

Porque, como dice el presidente de ADICAE, “hemos visto cajas muy flojas desde el punto de vista financiero, y hemos propuesto medidas que hubieran evitado desastres, porque los dirigentes, muchos de ellos, sobre todo los que estaban en los consejos de administración, no se enteraban de nada”. La asociación reconoce ante los diputados madrileños que en las demandas de ADICAE lo que se pide es “la imputación de las altas direcciones de las cajas. Los miembros de los consejos de administración casi no sabían ni hacer presupuestos bancarios. Son responsables, porque estaban en los consejos de administración, pero nosotros veíamos que había muchos altos técnicos con contratos blindados, como se ha visto, con remuneraciones exageradas, que sí tenían responsabilidad”. ADICAE está viendo una proliferación de querellas que, por su politización, amenazan con no llegar a nada y dilatar los procesos que sí beneficiarían a los preferentistas.

Justicia colectiva y lotería del arbitraje

Insistiendo en el asunto del arbitraje propuesto, Manuel Pardos insiste en que no es ilegal, “pero han elegido un sistema que cualquiera ve como un fraude de ley. Nunca se ha visto que los consumidores vayan a la empresa, en este caso a Bankia, para que ésta vaya al organismo arbitral y proponga un convenio. Lo normal es que vaya el consumidor a reclamar al mediador y que la empresa se adhiera”. “No vamos a atacar al sistema, pero es una lotería del dinero de los ahorradores. Nosotros decimos a los afectados que vayan, a ver si les toca la lotería, pero sabemos que no resolverá el problema de todos”.

Manuel Pardos ha defendido, en fin, ante los diputados madrileños y vascos la necesidad de llevar a cabo demandas judiciales hoy en día, “pero colectivas. ¿Cómo vamos a mandar a cientos de miles de afectados de uno en uno, con el carnet en la boca, ante la exhausta justicia española? La justicia colectiva, que está prevista en la ley de enjuiciamiento civil, es el instrumento de los consumidores, el único modo de tener tutela judicial con una cuota cooperativa, ni de lejos lo que cuesta un pleito individual. Porque, desde luego, la misma presión que la banca ejerce sobre el gobierno la ejerce sobre los jueces, con sus ejércitos de abogados”.

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